No había fotografías de Luis Valor, el funcionario del Ayuntamiento de Majadahonda todavía en activo al que piden 5 años de cárcel por “mirar para otro lado” cuando era alcalde, Guillermo Ortega, alias “Willy”. Según la Fiscalía, a cambio de adjudicar ese contrato, los intervinientes en el acuerdo, entre ellos Ortega, recibieron entre 2002 y 2004, comisiones de Correa por 240.000 euros. El «capo», por su parte, percibió por ese contrato unos «ingresos indebidos» de, como mínimo, 359.638 euros y unos beneficios de, cuando menos, 271.096 euros, como consecuencia de inflar la adjudicación. ¿Como pudo entrar en un Ayuntamiento Luis Valor? “Ha repetido en varias ocasiones que él «no entendía» de muchos asuntos y que se limitaba a hacer lo que le pedía el concejal”, dice la agencia Efe. Según el escrito de Fiscalía, Valor emitió los distintos informes requeridos para la contratación referida a la Oficina de Atención del Ciudadano de Majadahonda. Eran tres expedientes en los que se prescindió «de modo absoluto» de la normativa administrativa y dotó la decisión de adjudicar directamente a Correa (TCM) de una aparente legalidad. El Ministerio Público asegura que era «sabedor» de que el órgano de contratación, «confiado en su supuesta objetividad y cualificación técnica», asumiría y aprobaría la adjudicación sin la intervención ni el conocimiento de ningún otro cargo público del Ayuntamiento de Majadahonda.
El periodista Alfonso Pérez Medina de La Sexta ha sintetizado así su confesión: “Resumen de la declaración de Luis Valor en el Juicio Gürtel: «Me lo pidió mi concejal, mi concejal, mi concejal, mi concejal, mi concejal”. Luis Valor le echaba así la culpa de todo al ex edil de Nuevas Tecnologías, Juan Carlos Díaz. «Es un tema que llevaba personalmente y yo hacía lo que se me solicitaba”. Pérez Medina define a este funcionario, que aún cobra del Ayuntamiento, como “el hombre del sí pero no». «¿Contrataba usted? Que yo sepa no, a no ser que me lo ordenaran». A continuación reproducimos la crónica de la Agencia Europa Press y en el apartado de «Fuentes» las demás de la Agencia EFE, el diario «Cuarto Poder», «El Economista» y «Te Interesa».
EUROPA PRESS. El exdirector del Área de Nuevas Tecnologías del Ayuntamiento de Majadahonda Luis Valor ha negado este lunes haber favorecido a empresas de la trama Gürtel en contratos adjudicados por el consitorio y ha asegurado que él actuó siempre según las órdenes dadas por el concejal de Formación, Empleo y Comercio de Majadahonda, Juan Carlos Díaz Rodríguez, no imputado en el procedimiento. «Yo intervenía estrictamente en lo que se me solicitaba», ha dicho Valor, que ha comenzado a prestar declaración ante el tribunal encargado de juzgar la primera época de actividades de la red y que se enfrenta a una petición fiscal de 5 años de prisión y 3 meses por delitos de malversación continuada en concurso por prevaricación continuada. Ha repetido en varias ocasiones que el «no entendía» de muchos asuntos y que se limitaba a hacer lo que le pedía el concejal.
Según el escrito de Fiscalía, Valor emitió los distintos informes requeridos para la contratación referida a la Oficina de Atención del Ciudadano de Majadahonda. Eran tres expedientes en los que se prescindió «de modo absoluto» la normativa administrativa y dotó la decisión de adjudicar directamente a Correa (TCM) de una aparente legalidad. El Ministerio Público asegura que era «sabedor» de que el órgano de contratación, «confiado en su supuesta objetividad y cualificación técnica», asumiría y aprobaría la adjudicación sin la intervención ni el conocimiento de ningún otro cargo público del Ayuntamiento de Majadahonda.
Valor ha precisado, en respuesta a las preguntas formuladas por la fiscal Concepción Sabadell, que se incorporó al Ayuntamiento cuando el expediente ya estaba en marcha y que nunca se le ocurrió poner en duda el trabajo que ya había efectuado una persona que ya no trabajaba en el consistorio ni las recomendaciones de su superior. También ha dicho que TCM fue la única empresa que se presentó y ha reconocido que firmó el pliego de forma favorable. No obstante, ha precisado que en algunos de los trámites -en concreto la prórroga de este contrato- no estuvo en las condiciones mentales ya que perdió a un cuñado en los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid y quedó muy afectado.
Ha puesto de manifiesto que no tenía relación con los concejales imputados José Luis Peñas y Juan José Moreno y que no conocía al cabecilla de la trama Francisco Correa ni a su presunto número dos, Pablo Crespo. Además, ha destacado que tampoco mantenía contacto con el alcalde de la localidad, Guillermo Ortega. En cuando a la administradora de empresas de Correa, Isabel Jordán, ha precisado que no recuerda haberse reunido con ella y ha insistido en que si la trató en alguna cuestión fue por indicación del concejal Díaz. «Me reuní con aquellas personas que me dijo el concejal pero no recuerdo haberme reunido con Jordan», ha destacado. En cuanto a otra de las acusaciones de la Fiscalía, que asegura que Valor favoreció a otra empresa de Correa, Down Town, en la adjudicación del servicio de la OAC durante cuatro meses por un precio de 111.600 euros, el acusado ha insistido en que la iniciativa, dirigida a la instauración de firma electrónica en las tramitaciones del Ayuntamiento, partió del concejal.
El escrito de la Fiscalía apunta a que se encubrió dicha adjudicación mediante la formal tramitación por la vía de urgencia de un procedimiento abierto por concurso, asegura el escrito del Ministerio Público. Valor emitió un informe de valoración de las ofertas en el que otorgó la mayor puntuación a Down Town, a pesar de no ser la económicamente más rentable. Según ha dicho Valor, el dinero destinado a la implementación electrónica en esta adjudicación era «irrisorio» en comparación con las cantidades que se manejaban entonces en otras administraciones para esta cuestión. Al término de la declaración, el presidente del tribunal Ángel Hurtado ha intervenido para preguntar al acusado si su trabajo en Majadahonda fue su primer incursión en el sector público. También ha inquirido si percibió emolumentos extra por gestionar los citados contratos, a lo que Valor ha contestado negativamente. El juicio ha quedado aplazado al próximo martes 13 de diciembre cuando comenzará la declaración del concejal del mismo consistorio y denunciante de la trama José Luis Peñas.
Otras fuentes:
Agencia Efe