El juez Fernando Andreu (Audiencia Nacional)
La fecha clave es el 17 de febrero: Ricardo Romero de Tejada, ex alcalde de Majadahonda, declara ante el juez Andreu de la Audiencia Nacional como imputado por un delito de administración desleal o apropiación indebida al gastar 212.000 euros con su «tarjeta black» de dinero negro a cargo de los impositores. En su auto, el instructor explica que «lo fundamental a partir de ahora es dilucidar el concepto por el que emitieron y entregaron las tarjetas de crédito, tanto a los consejeros como a los directivos, de ahí que en este momento el juez distingue entre los administradores y los directivos. Andreu considera que en este momento procesal existen serias dudas sobre el carácter de los gastos originados por esas tarjetas. Lo que pretende aclarar es si se emitieron como gastos de representación o como complemento de retribución, supuestos que definirían los delitos de administración desleal o apropiación indebida», explica la periodista Carlota Guindal.
Romero de Tejada, ante la Audiencia
El magistrado Andreu hace constar que si se trataba de una tarjeta de empresa para hacer frente a los gastos de representación, no existe soporte contractual, ni previsión estatutaria, ni decisión de los órganos de gobierno en tal sentido y recuerda que además se terminaron entregando este tipo de tarjetas a consejeros y directivos con unos fines completamente distintos a los previstos en los gastos de representación, «convirtiendo su entrega en una remuneración irregular, de forma que con un limite mensual según el cargo que ocupase su beneficiario, se podía disponer de su saldo libremente, sin necesidad de justificar el concepto por el que se disponía de cada tarjeta, y todo ello teniendo en cuenta que, según se informa por Bankia, junto a estas tarjetas, los consejeros o ejecutivos disponían de otra tarjeta de empresa».
Administración desleal o apropiación
«Atendiendo a estas razones y a los gastos efectuados con estas tarjetas. el magistrado tiene serias dudas de que se trataran de tarjetas de empresa. Ahora bien, ante la otra opción de considerarlas como retribución, tal y como han declarado algunos consejeros, el juez tampoco entiende por qué en ese caso algunos de los beneficiarios nunca las utilizaron «o el por qué la mayoría de los usuarios no llegaba a agotar el saldo de las que eran beneficiarios, saldo que no se traspasaba a dicho beneficiario, sino que quedaba en la entidad emisora de la tarjeta, haciendo así una dejación incomprensible de una retribución a la que al menos los directivos, tendrían derecho», añade Carlota Guindal. Para aclarar estos términos el juez quiere oír también como testigos a los cinco directivos que nunca usaron las tarjetas y al ex presidente de Caja Madrid, Jaime Terceiro. A estos seis testigos les cita para el 20 de febrero. Los 78 imputados que usaron las «tarjetas black» ahora tendrán que designar abogado y personarse en la causa. En su auto el juez también pregunta a Bankia y la Fundación Caja Madrid que le informen sobre los beneficiarios de las tarjetas que han devuelto el dinero, con indicación de los importes.
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