LIDIA GARCIA. «El Gobierno regional ya cuenta con un estudio del estado de accesibilidad de las 70 sedes judiciales que existen en la región, que ha servido de base para planificar las actuaciones que desarrollan en este ámbito. En el partido judicial de Madrid, ya se han hecho mejoras de accesibilidad en el complejo de juzgados de Plaza de Castilla – Poeta Joan Maragall, así como en los juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Gran Vía (reforma de rampas exterior e interior, punto de información accesible, reformas en escaleras, ascensores y aseos) y en la sede del Registro Civil Único (licitación de las obras para la sustitución y adecuación de los ascensores principales)». Así anuncia el nuevo Ejecutivo madrileño una de sus primeras medidas en accesibilidad tras la controversia suscitada en Majadahonda acerca de los ascensores para ancianos y discapacitados que habían prometido PP y Vox en sus programas electorales. Y lo hace dando también una noticia positiva para la ciudad: «En los partidos judiciales fuera de Madrid capital, se han hecho mejoras en los juzgados de San Lorenzo de El Escorial (adaptación de aseos, punto de información accesible, ayudas técnicas en pasillos y escaleras, nueva señalización interior), en los de Coslada (rampa de acceso), en Aranjuez (rampa de acceso e instalación de un ascensor) y en los de Majadahonda (se va a reformar el ascensor de la sede de la calle Claveles)».

Los Juzgados de la calle Claveles tendrán ascensor nuevo para mejorar su acceso a discapacitados

El comunicado añade que «además de eliminar barreras físicas, el Ejecutivo regional también trabaja para garantizar que las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo puedan relacionarse con la Administración de Justicia sin limitaciones. Así, en colaboración con Plena Inclusión Madrid y el Ministerio del Interior, la Comunidad de Madrid va a elaborar materiales de acompañamiento y asesoramiento jurídico para que las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo dispongan de toda la información de manera entendible. Asimismo, incluirá programas formativos específicos dirigidos a los empleados públicos al servicio de la Administración de Justicia sobre la atención a este colectivo de personas, que tiene unas necesidades propias». Lea el comunicado completo.