JORGE RUBIO. «La operación supuso el traspaso de la empresa pública de la vivienda de la Comunidad de Madrid a la empresa Encasa Cibeles (participada al 97% por Goldman Sachs) de 1.380 viviendas de la capital, 259 en Móstoles, 224 en Torrejón de Ardoz, 21 en Tielmes, 240 en Parla, 44 en Collado Villalba, 332 en Majadahonda, 36 en Leganés, 80 en Valdemoro, 127 en Arroyomolinos y otras 192 en Navalcalnero. En total fueron 32 promociones por las que el Ivima recibió 201 millones de euros». Con estas palabras, el periodista Manuel Altozano detalla en el diario La Información la anulación por parte del Tribunal Supremo de las sentencias que impedían recurrir la venta de viviendas públicas al fondo de inversión Goldman Sachs. Una sentencia que pone fin a esta polémica operación urbanística realizada por el Gobierno de Ignacio González en la Comunidad de Madrid. De esta forma, el Supremo señala en su sentencia que el Ivima «está obligado constitucionalmente a «promover las condiciones para la libertad y la igualdad del individuo» y a establecer «las normas pertinentes para garantizar el acceso a la vivienda». Los afectados por este movimiento de privatización  de la Comunidad de Madrid vieron incrementados los pagos mensuales del arrendamiento de sus casas «entre el 100% y el 500%» lo que supuso que muchos no pudiesen hacer frente a los mismos y que ahora podrán reclamar ante la justicia. Leer más.