Elena Gil González: «La Revolución Digital es mucho más compleja que un Gobierno infantil»

MIGUEL SANCHIZ. Marshall McLuhan es una celebridad que se estudia en las facultades de Periodismo y Comunicación y entre otras muchas ideas -«el medio es el mensaje«- dedicó su vida a ser coherente con una frase suya: “La mayoría de las personas viven en una época anterior, pero uno debe vivir en su propio tiempo”. McLuhan predijo la influencia y los efectos de la televisión nada más nacer, pero lo increíble es que vaticinó el impacto y el alcance de Internet cuando apenas unos ‘locos’ de la tecnología creían en el invento que ha conseguido revolucionar la forma de entender la información y la comunicación. Todo esto viene a cuento para presentar a nuestra invitada de este lunes 20 de junio (2022) en «Gente Maja que se Moja»: Elena Gil González es abogada de Nuevas Tecnologías y Doctora Cum Laude en Derecho Digital. Autora de dos libros de tecnología y privacidad, el primero de ellos premiado con el Áccesit de Investigación de la Agencia Española de Protección de Datos y el segundo galardonado con el Premio de Investigación Tecnológica de tesis doctorales del Ayuntamiento de Madrid. Conferenciante y docente en diversos foros, en España y en foros internacionales de Bruselas, Ámsterdam, Ginebra o Ciudad de México, la primera pregunta es obligada: ¿Qué es el Derecho Digital?. –El Derecho Digital es un término paraguas que engloba diferentes áreas de especialización jurídica que regulan el ecosistema nacido de Internet. Desde el uso de nuestros datos personales y la protección de nuestra privacidad, hasta el impacto del uso de algoritmos o la vigilancia con reconocimiento facial.

¿Cuál es la protección que brinda el Derecho Digital al vecino corriente y moliente? –La tecnología avanza de forma mucho más ágil que el Derecho y mucho más rápido de lo que el ciudadano medio es capaz de conocer. El Derecho Digital estudia riesgos de las nuevas tecnologías y los regula. En ocasiones, a partir de reinterpretar normas que ya existen y en otros casos creando normas nuevas. Actualmente hay una gran tendencia a favorecer la transparencia para que el ciudadano conozca cómo le afecta el uso de tecnologías. En mi opinión esto no termina de ser eficaz, porque parte de la premisa de que el usuario debe detectar riesgos y tomar decisiones para las que no siempre tiene el conocimiento o el tiempo suficiente. Si una tecnología está ahí fuera operando, debe ser segura y legal de base.

¿En realidad gozamos de intimidad en la época actual con los medios que nos rodean? –En la actualidad muchas personas eligen reducir su intimidad y compartir información personal, por ejemplo, a través de redes sociales. A veces solo con amigos a través de perfiles cerrados y otras veces a un público amplio a través de perfiles amplios. Lo que también ocurre de formas que no se conocen bien, es que además existen modelos de negocio enteros basados en captar tu atención, conseguir tu información y venderla. Esto reduce nuestra intimidad de formas que ni se conocen ni se comprenden. La Revolución Digital ¿es una paidocracia (Gobierno donde mandan los niños)? –El entorno digital es mucho más complejo y está mucho más medido de lo que puede parecer. Desde luego no es nada cercano a un gobierno infantil. Está basado en métodos psicológicos de captación de la atención y otros medios más sofisticados de obtención de datos, metadatos y predicciones estadística. Todo ello puede ser beneficioso, por ejemplo, cuando se usa para predecir y erradicar enfermedades raras, pero también perjudicial, si se usa por ejemplo para manipular la opinión de masas en procesos electorales.

Un WhatsApp ¿tiene valor jurídico? –Un mensaje de WhatsApp es fácilmente editable y su valor como prueba en juicio es reducida. Existen sistemas que permiten dejar constancia de que una evidencia digital existía con un contenido en un cierto momento, lo que le otorga más valor. También pueden sumarse medidas de seguridad que van aumentando la prueba sobre la integridad de un documento, como sellos de tiempo. En la cúspide de todo eso están los llamados Servicios de Confianza, que usan medidas tecnológicas para poder aportar garantías legales e incluso revertir la carga de la prueba en un juicio. Esta es precisamente mi área profesional actual, dirijo el área legal de una empresa dedicada a servicios de confianza. Finalmente, ¿cuál es su consejo para proteger nuestros derechos digitales? –Necesitamos poder ser más ágiles regulando nuevas realidades, más poder de aplicar las normas que ya tenemos y hacer valer las consecuencias de los incumplimientos legales, y facilitar el conocimiento a los ciudadanos.