JULIA BACHILLER. Me veo obligada a responder a las reacciones sucedidas y a los comentarios generados como consecuencia de los dos artículos publicados sobre los ruidos, actividades molestas, suciedad y uso de mobiliario público del bar «La Oficina» de Majadahonda. Y el motivo principal es debido a la información que me llega tras lo ocurrido la pasada noche de este sábado 3 de noviembre de 2018, una vez publicadas estas dos noticias: los vecinos han podido comprobar un incremento sustancial del griterío nocturno durante esa noche del sábado en la calle Las Norias 14 de Majadahonda. Parece ser que fue la respuesta a la denuncia y difusión de la misma la que ha dado lugar a este tipo de actuaciones vergonzosas y muy posiblemente delictivas, pero la impunidad ante el ruido se mueve a sus anchas en este municipio.

Desde que saltó la noticia de la denuncia por parte de una vecina de Majadahonda en el pleno del Ayuntamiento, donde solicitaba se tomaran medidas ante los 3 años de calvario que está padeciendo por las molestias del local «La Oficina» y dada la reacción de una parte del público asistente al mismo durante la noche del sábado, no puedo permanecer impasible. Tras las dos ocasiones en que este medio de comunicación ha dado noticia de lo sucedido, han sido numerosos los comentarios efectuados a raíz de ello. Opiniones que por otra parte no serán eliminadas para que se pueda ver hasta que punto llega una mal entendida libertad de opinión, de la que somos partidarios a pesar de los insultos a que se nos somete por nuestra condición de mensajeros. Por este motivo me gustaría aclarar el contenido de alguno de ellos, sin utilizar nombres. Y es que como se nos solicita en muchas ocasiones la verificación de la fuente, en este caso sería imposible, dada el uso legítimo de pseudónimos o alias.

Antes de dar respuesta a los comentarios me gustaría realizar un breve resumen de lo acontecido. Desde hace 4 años, este medio de comunicación se persona mensualmente en el pleno del Ayuntamiento de Majadahonda para controlar la gestión de los concejales y después elaborar las noticias sobre su contenido. No se ha perdido ni uno, presenciándolos íntegramente. En el apartado destinado a «ruegos y preguntas» de los vecinos, del cual nadie tiene constancia si no se hace acto de presencia (no se graba por televisión por otro mal entendido concepto paternalista de la protección de datos, derecho individual al que se renuncia expresamente en la entrada al salón con la firma del asistente, ya que es un acto público), una vecina expuso su caso. Con anterioridad había sido mencionado por la concejal Socorro Montes de Oca (PSOE) y por la representante de Vecinos por Majadahonda, Maite Burón.

Durante su exposición de los ruidos y molestias ocasionados por el bar “La Oficina”, la vecina mencionó públicamente que dos concejales del Ayuntamiento frecuentaban el local, motivo por el cual ellos podían verificar la situación a la que hacía mención. Finalizado el pleno, en conversación con esta persona, en el exterior mostró la denuncia formulada ante el Ayuntamiento, la relación de llamadas a la Policía Local con fecha y hora de su realización y una copia de la ordenanza reguladora de terrazas en el apartado donde se mencionan las obligaciones de los titulares de las mismas. Por último, mostró el plano que facilitó el Ayuntamiento sobre la distribución provisional de mesas de la polémica terraza, donde se ve reflejado el número y la ubicación que deberían tener, así como las fotografías tomadas. En él se observa que hay mesas junto al banco público con una anotación a mano que dice: «no está aprobado todavía». En ese momento aprovechamos para identificar a los concejales de los cuales había hecho mención, ya que todos (y son 25) se encontraban presentes en el pleno.

Los que han optado por presentar de forma razonable en sus comentarios una crítica sobre la veracidad de lo sucedido en «La Oficina«, sí merecen una respuesta a la altura de su buena educación. La documentación que esta vecina me muestra junto con su presencia en el pleno y las declaraciones que allí realiza son base suficiente de verificación de los hechos. Si a ello le súmanos la confirmación de la denuncia por parte de dos grupos municipales, ya es más que suficiente. Por otro lado, que sea una sola persona la que tome la decisión de esta iniciativa ante las molestias que está padeciendo, en beneficio de todos los vecinos que la rodean, me parece un acto de valentía, en solitario o en grupo, siempre que se demuestren los hechos adjuntando pruebas. Si cumplen esta condición, nunca se le ha negado a nadie, a ninguna persona, independientemente de su ideología, religión, raza o sexo, que acceda a publicar sus quejas en este medio de comunicación. Todo aquello que suceda en Majadahonda tiene interés para la prensa, a pesar que unos pocos no admitan esta principio constitucional del derecho a la información, pongan trabas, vetos, exclusiones e incluso denuncias, valorando despectivamente esta función social.

Este hecho lo enlazo con la solicitud de otro lector: publicar la ilegalidad de otras terrazas. Invitamos por ello a todo aquel que quiera hacer pública dicha situación irregular la haga con el mismo rigor documental y visual que la vecina de «La Oficina». Este año incluso yo personalmente lo hice con otro local de la Gran Vía y difundí otros casos que otros vecinos me aportaron sobre otro local aledaño a la Plaza de la Constitución, junto con la documentación solicitada para verificar el mismo. Las quejas se reciben, y tras la valoración de lo expuesto por el Consejo de Redacción, se publican o se desestiman. No vale todo, por mucho que algunos piensen lo contrario, y el hecho de tener que denunciar ante la Policía o el Ayuntamiento y con ello identificarse (aunque desde un medio de comunicación podamos salvaguardar luego el secreto de la fuente poniendo iniciales o pseudónimos) es algo que condiciona a muchas personas.

En relación al caso de los dos concejales mencionados, en su vida privada pueden acudir o hacer libremente todo aquello que les plazca, pero el cargo de concejal que ostentan durante la legislatura vigente les hace poseedores de una representación y ejemplo ante los vecinos. Es algo que no deben olvidar: su presencia y actuaciones en lugares públicos donde la normativa municipal no se cumple y su impasibilidad ante los hechos les puede llevar a suscitar opiniones de diversa índole. Seguramente a veces es duro e injusto –otras, en cambio, la critica es muy benevolente– pero el cargo de concejal no consiste solo en cobrar el sueldo, que suele ser generoso: lleva aparejado muchas responsabilidades, la más importante de ellas la confianza depositada por los vecinos y que no debe ser nunca defraudada.

En cuanto a los insultos hacia las personas que colaboramos en este medio de comunicación y que aluden a nuestros conocimientos o formación, me parecen inadecuados e inapropiados. No obstante, si los que los profieren se sienten cualificados para hacerlo y así demuestran su educación y cultura mayor que la mía, lo acepto. Recomiendo, en todo caso, que lean algunas otras críticas en esos mismos comentarios porque se expresan sin necesidad de insultar y resultan en algunos casos admisibles y comprensibles. Recordar por último que la libertad de expresión, información y prensa no es algo reservado a los periodistas, según la Constitución, sino que puede –y debe– ser ejercida por cualquier persona en interés del debate público. Solo así avanzan las sociedades modernas. Que a estas alturas de la película haya que recordar esto a partidos políticos, militantes y electores no parece ocioso.

No menos importante es contestar al falso y reiterativo comentario sobre nuestra financiación como medio de comunicación a través del Ayuntamiento. Basta remitirse a la aclamada verificación de los hechos que tanto se nos reclama por parte de esa minoría que a base de insultos, trabas y agravios nos espolea para hacerlo mejor. Y a aquellos que realizan este tipo de comentarios les ruego se lo apliquen a los partidos políticos y cargos públicos: son ellos los que son sufragados muy generosamente desde el erario público con nuestros impuestos, que no son baratos. Curioso silencio este, mientras que se arremete contra la financiación mayoritariamente privada –y escasa– de un modesto medio local que con reducidos medios, mucha voluntad y tenacidad y un afán de informar de forma plural sobre lo que acontece, sin ser esclavo del comunicado elaborado a instancia de parte, pretende construir una opinión pública moderna y acorde con la transformación de un municipio que ha pasado de «pueblo» a «ciudad». Y que camina de forma irremediable a una comunicación digital y multimedia en el siglo XXI.

Por ultimo recordar a todos aquellos que con nombres falsos o seudónimos les gusta insultar, que los que colaboramos en este medio damos la cara con nombres y apellidos. Y que como resultado, cuando acudimos a algún acto, recibimos críticas y elogios en persona. Sin ocultarnos y responsabilizándonos de nuestros hechos. Curiosamente al director de este medio de comunicación dos concejales le han pedido 2 años de cárcel y 40.000 euros de multa por publicar 2 noticias que tras 1 año bajo sospecha, se han demostrado veraces. El problema de Majadahonda, a lo que se ve, no es el transporte, ni el ruido, ni la corrupción, ni los abusos de los que infringen la ley, ni la impunidad, ni el desempleo, ni la precariedad económica, sino la libertad de expresión, opinión e información. Y ya ni siquiera de los periodistas, sino de los propios vecinos. Ese es el otro «ruido» con el que quieren distraernos en las urnas de mayo de 2019.