“El sistema era sencillo. Los enfermos llegaban a España como turistas, en avión o autobús, y se daban de alta en la Seguridad Social en empresas ficticias o como autónomos para acceder a la tarjeta sanitaria. Lo primero que hacían era acudir a un centro sanitario de la comunidad de Madrid solicitando un tratamiento de hemodiálisis, un servicio que se ofrece como urgencia médica. Bastaba con ir a un centro de salud, decir que se sentían mal y eran enfermos renales y solicitar la diálisis urgente. En algunos casos acudían a los hospitales el mismo día de su llegada a la capital española. Tras acudir regularmente al tratamiento de hemodiálisis, se empadronaban, se registraban como extranjeros residentes y se daban de alta en la Seguridad Social, ya fuese como trabajadores autónomos o por cuenta ajena, sin que en ningún caso realizaran ninguna actividad laboral. Se daban de alta como jardineros, empleados de hogar o de la construcción. Todos los pacientes eran jóvenes, de entre 30 y 40 años, y con recursos suficientes para costearse su estancia. A los investigadores les llamó la atención que estos pacientes que, en su mayoría necesitaban hasta cuatro horas diarias de tratamiento médico pudieran trabajar como empleados de hogar o en la construcción”. Así explica el diario ABC en qué consistía el nuevo fraude detectado en torno al Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda. Hay más hospitales de Madrid afectados y se investigan otras autonomías.
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El comandante Reina, jefe de la Unidad de Delincuencia Especializada de la Guardia Civil, que es la que ha llevado a cabo la operación, ha explicado que el modus operandi de los defraudadores era similar, aunque ha descartado que se tratara de una red organizada. Los enfermos renales llegaban a España e iban a urgencias para recibir diálisis. Una vez en el país, se daban de alta como falsos autónomos o con falsos contratos de trabajo. Así, conseguían la tarjeta de la Seguridad Social que les da permiso a recibir atención sanitaria. Matesanz ha insistido en que, una vez dentro del sistema, fueron tratados como todos los demás ciudadanos. Ello quiere decir que si recibieron un trasplante era porque reunían los requisitos para ello, no porque hubieran manipulado la lista de espera para ser atendidos antes. Los investigadores aseguran que los detenidos no formaban una organización criminal, sino que la estafa se había extendido boca a boca entre pacientes con graves dolencias renales. También se han animado por artículos en la prensa búlgara, y por la fama del sistema español de trasplantes, que tiene los mejores resultados del mundo. Matesanz, director de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT), asegura que este «turismo de trasplantes» ha comprometido «la capacidad del país para tratar a sus propios ciudadanos. Nosotros negamos trasplantes a visitantes, no a quienes conviven con nosotros», ha dicho. De hecho, el 8% de los trasplantes realizados en España y de los donantes de órganos son extranjeros, en línea con la proporción de población foránea del país.
«El alto número de pacientes extranjeros beneficiarios de trasplantes fue lo que alertó a la oficina regional de trasplantes de Madrid, según ha informado Reina. Entre los sospechosos había también ciudadanos de otros países del Este de Europa, como Ucrania, pero solo se ha podido confirmar el fraude en el caso de un grupo de búlgaros. Se trata, en su mayoría, de personas jóvenes, ha indicado Matesanz, lo que supone que han podido perjudicar especialmente a enfermos residentes en España de las mismas edades, ya que requieren un órgano también de menos edad, y estos riñones son los más difíciles de conseguir. También ayudó a detectar el fraude el hecho de que algunos de los afectados se diera de alta como jardinero o trabajador de la construcción, unos empleos incompatibles con la condición de personas que están en diálisis.
De momento hay 20 imputados, entre ellas seis personas que fueron trasplantadas. Las penas a las que se arriesgan van de los seis meses a los seis años de cárcel. La Guardia Civil investiga si la práctica se ha extendido a otras comunidades autónomas», indica El País.
Y concluye: «Aparte del fraude en sí, el comandante Reina ha afirmado que no hay duda de que, más pronto que tarde, el método iba a ser explotado por redes criminales, que podían lucrarse cobrando por el proceso. De hecho, en un par de casos se ha detectado que los pacientes pagaron cantidades pequeñas –100 o 200 euros– por los contratos. En 2015 España volvió a registrar un récord en donaciones de órganos, con un aumento del 10% del número de donantes, que sumaron 1.851. Los trasplantes alcanzaron la cifra de 4.769, con 13 intervenciones diarias (más de una cada dos horas). De estos trasplantes, 2.905 fueron renales —lo que supuso un aumento del 8,5% respecto a un año antes—, 1.162 hepáticos (9% más), 299 cardíacos (13%), 294 pulmonares (12%), 97 de páncreas (20%) y 12 intestinales (el doble que el año anterior), según el balance de actividad en 2015 de la ONT».