El concejal Juanjo Moreno
EUROPA PRESS. Tres de los 37 acusados por los primeros años de actividades de la trama Gürtel (1999-2005) han pedido al tribunal de la Audiencia Nacional que le juzga que tenga en cuenta el perjuicio personal y profesional que les ha supuesto la presión mediática que ha tenido este caso de corrupción desde que estalló en 2008. El ex concejal de Majadahonda Juan José Moreno, el de Pozuelo de Alarcón José Antonio Sáenz y el exdiputado por Segovia Jesús Merino han sido los únicos de los 37 acusados que han querido hacer uso del último turno de palabra. El ‘cabecilla’ de la red corrupta, Francisco Correa, lo hará este viernes a partir de las 12.00 horas. El denunciante de la trama Gürtel y también ex concejal de Majadahonda José Luis Peñas, ha tenido que renunciar a este derecho ya que no podía asistir esta tarde al juicio. Aunque ha solicitado poder ejercerlo este viernes, después de Correa, el presidente del tribunal, el magistrado Ángel Hurtado, ha recordado que ya anunció que el comienzo de esta última fase de la vista oral estaba señalado para este jueves. Tras más de un año, el juicio concluye este viernes 17 de noviembre con la última palabra del máximo acusado, Francisco Correa, que será trasladado desde la cárcel de Valdemoro (Madrid) hasta la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares. Correa cumple condena por la pieza de Gürtel juzgada en Valencia.
Antes de comenzar los últimos alegatos, el magistrado Hurtado, les ha explicado que este turno sirve para «matizar algo que se quedara colgando» pero no para «repetir» lo que ya manifestaron en sus declaraciones. «Dos apuntes» ha querido hacer el ex concejal de Majadahonda -que se enfrenta a 24 años y dos meses-, uno de los delatores de la Gürtel: que todos los viajes que se sospechan que son irregulares están «todos pagados en metálico» y que aún no han entendido su «presencia» en este procedimiento. Asimismo, Moreno, que ha recalcado el «calvario» que ha sufrido desde que se le imputó en mayo de 2009 y que dos de los testigos que propuso no han querido comparecer por la «presión mediática», ha agradecido al tribunal de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que les haya permitido durante el año que ha durado el juicio no asistir a todas las sesiones celebradas. «En mi caso por trabajo, ha venido fenomenal».
EL MUNDO (Marisa Recuero). “Ausencia de prueba». «Vacío probatorio». «Imprecisión e inconcreción». He aquí las expresiones que usó el abogado del PP, Jesús Santos, para defender al Partido Popular en la trama de corrupción Gürtel, cuya causa se juzga en la Audiencia Nacional y en la que esta formación política es considerada partícipe a título lucrativo por beneficiarse, presuntamente, de 245.492 euros de los ayuntamientos madrileños de Majadahonda y Pozuelo de Alarcón. «Todo es mera conjetura». «Con este grado de imprecisión, el tribunal no podrá acusar al PP». «No hay ni un solo dato para atribuir el uso de un beneficio y enriquecimiento», alegó el representante legal del partido que preside Mariano Rajoy en su informe final en el juicio. A lo largo de su intervención, que se prolongó poco más de una hora, Santos intentó desmontar la acusación del Ministerio Fiscal, al que criticó por ir «más allá de los propios informes de la Udef», en referencia a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía, encargada de realizar la investigación de los hechos enjuiciados, además de reprochar que «todavía a día de hoy no sabemos qué delito ha cometido el PP».
El abogado del PP fue claro y conciso al desvincular al partido de los contratos que Majadahonda y Pozuelo daban a las sociedades del grupo de Francisco Correa, principal acusado y cabecilla de la trama. «Las concesiones que el grupo Correa hizo a sus amigos en los ayuntamientos nada tiene que ver con el partido y éste no las conoció jamás», afirmó Santos. Es más, prosiguió asegurando que los actos electorales que se organizaban con empresas de Correa en ambos municipios eran «actos contrarios a la voluntad del partido, actos que el PP no quería hacer, actos que se hicieron al margen del partido». «El vacío probatorio es abrumador», sentenció el letrado.Jesús Santos no dudó en reiterar al tribunal que «el alto grado de indeterminación e inconcreción» que existía al inicio del juicio -arrancó el 4 de octubre de 2016- continúa. «Seguimos sin esa mínima actividad probatoria», alegó, para reprochar la Fiscalía que sigue haciéndose «las mismas preguntas que hace 14 meses».
EDITORIAL EL MUNDO: El juicio al PP lastra su crédito. El Partido Popular no termina de desmarcarse de la sombra de la corrupción por una sencilla razón que se niega a admitir: porque esa sombra es suya y le sigue a todas partes. Le pertenece por su contumacia y por creer que el tiempo lo acaba enterrando todo, en lugar de asumir oportuna y claramente su culpa, depurar todas las responsabilidades, pedir disculpas a los ciudadanos y colaborar diligentemente con la Justicia. Si los ciudadanos hubieran percibido esta actitud, seguramente el último CIS habría arrojado una intención de voto más generosa con el partido que ha pilotado la crisis económica y la crisis de Cataluña de momento con más luces que sombras. Habrá que ver si las noticias procesales que afectan al PP por casos ya sabidos le restan o no más votos, pero desde luego parecen bloquear la posibilidad de recuperar los perdidos. Además de que atenazan su capacidad de iniciativa política.
En la misma línea negacionista, el abogado del partido ha rechazado que el pago de las campañas electorales de 2003 en Pozuelo y Majadahonda (por las que el mismo Rajoy tuvo que declarar como testigo) a cargo de empresas de Correa contara con el beneplácito e incluso el conocimiento de Génova. Todo lo habrían negociado los ex alcaldes Sepúlveda y Ortega con la trama ‘Gürtel’ a espaldas de sus jefes. Tampoco se responsabiliza el PP de la reforma de su sede, ni Ana Mato acepta haberse lucrado de los bienes compartidos con su ex marido que les fueron regalados. Pero todo ello ha quedado ya visto para sentencia. Eso sí. Que el partido del Gobierno sea procesado desmiente la verborrea nacionalpopulista que presenta a España como un Estado autoritario sin separación de poderes. Cuando la Justicia pone al PP contra las cuerdas, hasta los espíritus más revolucionarios se vuelven entusiastas del 78.
