Gustavo Severien (PP) sustituye a Alfonso Reina (Cs) en el Gobierno de Majadahonda

El concejal del Grupo Popular, Gustavo Severien, sustituyó este miércoles en el pleno del Ayuntamiento de Majadahonda a Alfonso Reina, portavoz de Ciudadanos (Cs) que se había integrado en la Junta de Gobierno en virtud de los pactos de investidura que hicieron alcalde a Narciso de Foxá. La salida de Reina deja al PP la gestión del ayuntamiento en solitario y con carácter monocolor. Gustavo Severien Tigeras desembarcó en Majadahonda en esta legislatura procedente de Alcalá de Henares por orden de Esperanza Aguirre. Allí fue segundo teniente de alcalde, vicepresidente y consejero delegado de la empresa municipal Promoción Alcalá, concejal delegado de Comercio y Mercados, Industria, Consumo, Empleo y Formación, Emprendedores y Distrito Empresarial y responsable del Ente Público Empresarial “Alcalá Desarrollo”. Tan larga denominación se ha reducido en Majadahonda: aquí es concejal de Movilidad y Transportes y sigue siendo vocal de la Junta Directiva regional del PP que preside Esperanza Aguirre, pero sobre la que planea ya Cristina Cifuentes en el próximo congreso regional.

“Diario de Alcalá” realizó el siguiente perfil: “del nuevo edil del Ayuntamiento de Majadahonda, su prolijo pasado en Alcalá se percibe hasta en la web oficial del municipio majariego: la imagen que ilustra su presentación le exhibe, con una sonrisa, con el escudo complutense al fondo. Severién se cayó de la lista del PP en las últimas Municipales, tras más de 20 años ejerciendo oficialmente de casi todo y, oficiosamente, de Rasputín en la sombra: mito o realidad, a él le han cargado buena parte de la estrategia interna de los sucesivos gobiernos populares durante casi dos décadas. Sin ruido, se marchó como intuyendo los problemas que le venían encima al PP, resumidos en una victoria pírrica e insuficiente para gobernar y un alud de sospechas con la ‘Operación Flauta’, que toca al área de Festejos y a la patronal, de quien fue enlace, amigo y protector durante largos años. Pero no se volvió a IFEMA, donde tiene puesto de trabajo en excedencia. Porque Severién, dicen que con la ayuda de su viejo amigo Bartolomé González, fue incluido en la lista del PP de Majadahonda encabezada por Narciso de Foxá, un alcalde que siempre gana pero nunca logra la confianza de la dirección regional de su partido. Quizá ése fue el argumento para colar al exteniente de alcalde complutense y convertirlo, pasados los comicios, en el concejal de Movilidad. Una ‘cartera’ que, viendo la secuencia, parece tan oportuna”.

Según el periodista Oscar López Fonseca (Voz Populi), Severien está en el punto de mira de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal junto a otro concejal alcalaíno “por la supuesta entrega de ‘mordidas’ a ambos ediles por parte de una empresa que figura como ‘donante’ en los célebres apuntes contables del ex tesorero Luis Bárcenas”. El documento policial concluye que «existen indicadores en relación a que la empresa Licuas podría haber efectuado entregas de efectivo a cambio de la adjudicación de contratos o trabajos». Siempre según dicho informe, de nueve folios de extensión y fechado el pasado 11 de febrero, Severien está siendo investigado por una denuncia “que implicaba directamente a un alto cargo de la constructora, José Antonio F.S., y a Fernández Abad y Severien Tigeras en una presunta trama de «comisiones a cambio de contratos de obras”. Todo se debió a la adjudicación del contrato de 406.890,15 euros para remodelar el pavimento del centro histórico de la localidad madrileña, que «se llevó a cabo de una manera irregular, pues la empresa a la que debía habérsele otorgado los trabajos era a Constructora Hispánica [mercantil salpicada en el ‘caso Gürtel’] debido a que ésta había presentado una mejor oferta». Sin embargo, siempre según su testimonio, el concurso se lo terminó llevando Licuas «por las indicaciones que había recibido de sus superiores, concretamente por parte de Francisco Javier Fernández Abad, concejal de Obras y Servicios». Según añadió un funcionario, se pidió a Licuas que mejorase la oferta inicial que había hecho en 80.000 euros «hecho que llevaron a cabo una vez que ya se habían abierto las plicas y antes de emitir su propuesta de adjudicación a la mesa de contratación».

En un caso parecido al de la funcionaria Ana Garrido en Boadilla, que fue represaliada por sus denuncias sobre la corrupción en el Consistorio, el funcionario municipal Juan Antonio Camargo en su relato a la Policía detalló que él se reunió en agosto de 2006 con José Antonio F.S., el directivo de Licuas, «con el objeto de formalizar la firma de las certificaciones que quedaban pendientes de los trabajos realizados» y que fue en dicho encuentro cuando éste «le comunica que por la adjudicación se entregarían unas comisiones, diferenciado por un lado a concejales y por otro a técnicos». Juan Antonio Camargo aseguró a los agentes de la UDEF que él rechazó dicha ‘mordida’ y que pidió al representante de la constructora «que su parte la ingresasen en Cruz Roja». Tras aquel suceso, no llegó a firmar las certificaciones de los trabajos lo que, según él, «le llevó a encontrarse en la situación administrativa de suspensión de funciones en el Ayuntamiento de Alcalá de Henares, en la que se encuentra actualmente». Durante su declaración, Camargo mencionó a otros dos funcionarios a los que señala como «testigos de las irregularidades que se estaban cometiendo» con dicho contrato.

Con este testimonio en la manos, los agentes de la UDEF comprobaron, gracias a la documentación que la propia empresa tuvo que aportar al ‘caso Bárcenas’ cuando su presidente, Joaquín Molpeceres, fue imputado por el juez Ruz por aparecer su nombre en uno de los apuntes contables del extesorero por una supuesta ‘donación’ irregular de 60.000 euros realizada en junio de 2004, que «la sociedad Licuas ha resultado adjudicataria de un gran número de contratos públicos por parte del Ayuntamiento de Alcalá de Henares», gobernada por el PP desde 2003. «Este hecho podría deberse, al menos en alguno de estos casos, al ‘interés puramente económico porque hay comisiones’, según declara Juan Antonio Camargo, pues él resultó sujeto directo en este tipo de proposiciones de entrega de dinero», recoge textualmente el informe policial.

En este punto, los investigadores recuperan un análisis anterior incorporado a la causa en abril de 2014 sobre «la contratación pública [de las] empresas querelladas» realizado por la propia UDEF y en la que «se analizó toda la contratación de la empresa Licuas SA tanto con organismo centrales, como autonómicos y locales durante los años 2002 a 2009«. Según destaca el informe, en dicho listado figuran 25 contratos con el Ayuntamiento de Alcalá de Henares durante ese periodo por un total de 5.591.303, 75 euros. Así, detallan que en 2002 recibió dos adjudicaciones por un total de 185.999 euros. Al año siguiente, uno por 262.786 euros que posteriormente fue incrementado en otros 134.000 euros. En 2004, otros tres contratos, por 1,6 millones de euros. En 2005, ninguno. En 2006, seis nuevas adjudicaciones, entre ellas las obras de la supuesta ‘mordida’, por un total superior al millón de euros. En 2007, otros cinco trabajos por 658.447 euros. Al año siguiente, un único contrato de sólo 7.394 euros. Y, finalmente, cinco en 2009 por 3,7 millones de euros.