“En su declaración ante el juez Velasco, Vicente Gimeno también fue interrogado por otros dos contratos que firmó con el ‘conseguidor’ (Alejandro de Pedro) para realizar sendos trabajos informáticos para el Ayuntamiento de Majadahonda y la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid. Aunque en el escrito presentado ahora en la Audiencia Nacional niega irregularidades, también reconoce que en uno tuvo que incluir una cláusula para asegurarse el cobro. Se trata, en concreto, del que firmó para el desarrollo del portal corporativo del consistorio del municipio madrileño (de Majadahonda). Según destaca en su escrito, la forma de pago que pactó con Alejandro de Pedro fue que su trabajo fuera abonado «directamente» por el gobierno local, aunque en caso de impago por parte de éste, sería la mercantil del ‘conseguidor’ quien se haría responsable de hacer frente a las facturas. Finalmente, hizo tres facturas entre diciembre de 2012 y mayo de 2013, de las cuales sólo una de 3.000 euros fue sufragada por el ayuntamiento (de Majadahonda), mientras que las otras dos, una por el mismo importe que la anterior y la otra de 3.500 euros, las pagó la empresa EICO”.
Oscar López Fonseca
El periodista Oscar Fonseca del diario digital «Voz Populi» revela con estas palabras el contenido de la confesión de Vicente Gimeno Quiles, “un pequeño empresario informático de Valencia que forma parte del cerca de medio centenar de personas que desde hace un mes y hasta finales de año desfilarán ante el juez para aclarar diferentes aspectos de la investigación”. En su caso, Gimeno Quiles fue citado para que explicara su relación con tres contratos en los que intervino el presunto ‘conseguidor’ de la trama, Alejandro de Pedro, y sus empresas, especializadas en trabajos de reputación en internet. Todos ellos son investigados en una de las piezas separadas del sumario que será concluida en breve para enviarla a juicio.
Vicente Gimeno
«El magistrado considera que en el concurso no sólo se eludió la normativa en materia de contratación pública (se simuló la concurrencia de varias empresas, entre ellas la de Gimeno Quiles), sino que también sirvió presuntamente para desviar fondos para hacer trabajos de reputación ‘online’ en favor del entonces consejero de Industria y Turismo de la Región de Murcia, José Carlos Ruiz López, imputado en la causa», dice Oscar Fonseca: “El escrito presentado ahora por Vicente Gimeno confirma las pruebas recabadas hasta ahora, según fuentes cercanas a la investigación”, dice el periodista. Interrogado el pasado 7 de octubre como imputado, el pequeño empresario asegura en dicho texto que alguien que no identifica, pero que parece ser De Pedro, le propuso que presentara «de forma directa una oferta» para hacerse con los contratos públicos.»
La Guardia Civil, en EICO
Vicente Gimeno Quiles pone como ejemplo del “modus operandi” la contrata obtenida en Murcia para lograr “el contrato para el desarrollo de una aplicación móvil, de un directorio de empresas de Murcia y del rediseño del portal web del Instituto de Fomento del gobierno murciano”. El ahora imputado recalca que le indicaron que «únicamente tenía que firmar un documento de presentación» ya que del resto de trámites se iba a encargar EICO Online Reputation Management SLU, una de las empresas del ‘conseguidor’. Vicente Gimeno añade que le convencieron con el argumento de que, de esta forma, no tendría que ser subcontratado como en otras ocasiones, sino que se repartirían el contrato de modo que la sociedad de Alejandro de Pedro se encargaría del «trabajo general» y él del «particular».
Logo de la empresa de Vicente Gimeno Quiles
Para ello, reconoce «que firmó en blanco dos documentos de lo que creía que eran los impresos «para ser presentados» en el Gobierno de la Región de Murcia y optar al concurso. Nunca recibió una copia de ellos. Por ello, asegura que desconoce «lo que se adjuntó […], donde fueron presentados y con qué intención», aunque él siempre pensó que eran los presupuestos que en su momento remitió a nombre de Madiva Editorial, la otra empresa del ‘conseguidor’ que es la que finalmente se hizo con el contrato. El empresario, que pide que se sobresea la causa contra él, asegura que la documentación que figura en el sumario y en la que consta su rúbrica «ha sido alterada y manipulada sin su consentimiento ni conocimiento». Para demostrar su versión, incorpora al sumario cinco documentos sobre dicho contrato, entre ellos uno que incluye varios correos electrónicos intercambiados con las empresas del ‘conseguidor’, en los que se recogían presupuestos y «propuestas de pruebas» para la ejecución de los trabajos a los que aspiraba.
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