JOSÉ MARÍA ROJAS CABAÑEROS. Reflexiones desde Majadahonda: “El aborto no es un derecho”. Si hay un tema en el que la “ventana de Overton” (rango de políticas aceptables por la opinión pública sin ser consideradas extremas) se está ampliando continuamente, es el caso del aborto. En España han existido dos regulaciones del aborto inducido, dejando a un lado el corto periodo al final de la IIª República: a) Ley Orgánica 9/1985 que despenalizó la posibilidad de abortar de forma voluntaria en tres supuestos concretos: riesgo grave para la salud física o mental de la gestante (supuesto terapéutico, en cualquier momento del embarazo), siendo el apartado “mental” una vía implícita de aborto libre; malformaciones en el feto (supuesto eugenésico y en las primeras 22 semanas del embarazo); casos de violación (supuesto criminológico, hasta la semana 12 de la gestación). b) Ley Orgánica 2/2010 de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo (Ley de plazos). Se despenalizó el aborto inducido en cualquier circunstancia, durante las 14 primeras semanas de gestación, y, hasta la semana 22, en caso de grave riesgo para la vida o salud de la embarazada o riesgo de graves anomalías para el feto. En caso de que se detecten anomalías fetales incompatibles con la vida no hay límite temporal para abortar; en caso de peligro para la salud o vida de la madre, luego de la semana 22, los médicos inducirían el parto obligatoriamente. La nueva ley permitía abortar también a las jóvenes de 16 años, sin necesitar la autorización familiar (padres o tutores); aunque en 2015 (estando en el gobierno el PP), se aprobó que las menores de edad de 16 y 17 años necesiten permiso paterno para abortar.

En mayo de 2022, el gobierno presidido por Pedro Sánchez aprobó un proyecto de ley que lleva la interrupción voluntaria del embarazo a los centros públicos, recupera el aborto sin consentimiento a partir de los 16 años y suprime la obligación de recibir información sobre maternidad y retrasar la decisión 3 días, a modo de “plazo de reflexión”, como requisitos. A todo esto se añaden dos hechos significativos fuera de nuestras fronteras: 1) a principios de este año, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, propuso que el reconocimiento del derecho al aborto se incluya en la Carta de Derechos Fundamentales de la UE; 2) a finales de junio, el Tribunal Supremo de EE.UU revocó el fallo Roe vs Wade, concluyendo que la Constitución de EEUU no garantiza el derecho al aborto.

Las posturas a favor y en contra de permitir el aborto inducido son múltiples y con diferentes contextos, pues su análisis es poliédrico. He reflexionado sobre los argumentos en uno u otro sentido, asistiendo preocupado a la laxitud como se percibe este problema por la sociedad. Mi posición contraria no se basa en ideas religiosas, aunque los políticos hacen mal en desdeñar las creencias de esa índole, cuando una parte sustancial de la ciudadanía es católica; no obstante, posturas en contra del aborto las defendieron ateos como Gustavo Bueno, Pier Paolo Passolini o Dolores Ibárruri “La Pasionaria”. La posición anti-abortista que defiendo es ética (tanto filosófica, como evolutiva) y laica. El punto de partida no es el concepto de identidad hilemórfica de Aristóteles y los escolásticos (el ser se compone de materia y forma) que sólo se aplicaría al feto, sino la radical y expresada en el materialismo filosófico en que “todo sujeto no es simple sino múltiple, con diversas partes, y que ese sujeto nunca está aislado, sino que está inmerso en una red de relaciones, en un contexto con el que está en interrelación y en conflicto”.

Según esta idea, la persona se genera por un proceso acumulativo de cambios en un continuo interdependiente, donde es absurdo establecer plazos. Obviamente, ni el zigoto, ni el embrión, ni el feto, son personas, pero sí son seres humanos, definidos por su dotación genética (ya desde el zigoto), donde radican las instrucciones claves de cómo será esa persona (identidad). Si consideramos, como asumen muchos, que se puede abortar al no tratarse de personas y aplicando el concepto habitual de persona como “ser dotado de razón, consciente de sí mismo y poseedor de una identidad propia”, serviría para legalizar el infanticidio (pues los sistema de razonar no están desarrollados y no es consciente de sí mismo); aunque ya existen corrientes que defienden la muerte del neonato en determinados situaciones.

El argumento ético-evolutivo tiene también una base materialista: coincido con Richard Dawkins en que la función de los seres vivos es perpetuar su dotación genética, por transmisión a la siguiente generación (no coincido en su postura sobre el aborto) y la evolución biológica se fundamenta en eso: mantener la vida. El aborto inducido va contra ese principio. Permitir el aborto se considera progresista y desde 1985 se han producido en España más de 2 millones de abortos inducidos, la gran mayoría (más del 90%) por decisión materna. Me parece que ese dato no refleja un progreso, sino un retroceso, hasta los tiempos más oscuros de la historia de la humanidad. Zigoto, embrión y feto son estados prenatales de lo que será una persona (al igual que luego el neonato y el infante), no meras excrecencias que se puedan extirpar como si fueran forúnculos. La ventana de Overton se abrió demasiado para este asunto, es hora de repensar su estrechamiento y no se puede confundir despenalización con derecho, pues no todo lo que se pueda hacer se debe hacer.