Suscripción Newsletter Boletín Majadahonda

El abogado y ex fiscal Ignacio Peláez, fallecido en 2017 después de formular las acusaciones, que han resultado falsas

ANGELA GALARZA. Todo el mundo intuye que la profesión de magistrado o juez no es sencilla y la complejidad de varios casos que han aflorado este mes de enero (2023) instruidos, juzgados o con derivadas en Majadahonda así lo demuestra. El primero lo cuenta el periodista Alberto Sierra en «The Objetive» cuando informa de una decisión del Tribunal Supremo que revoca las sentencias dictadas anteriormente por instancias judiciales inferiores de un juzgado de Majadahonda y de la Audiencia Provincial de Madrid, que habían desestimado la vulneración al honor denunciada por el fiscal José Grinda frente al fallecido abogado y ex fiscal de la Audiencia Nacional, Ignacio Peláez, al considerar que las manifestaciones de Peláez constituían una «crítica acerba y molesta» que estaba amparada por la libertad de expresión. En marzo de 2021, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 5 de Majadahonda desestimó la demanda de Grinda interpuesta por intromisión ilegítima en el derecho al honor al llamarle «pederasta reincidente, que aparecía como usuario de una red de pederastia y le imputaba actuaciones delictivas de revelación de secretos, extorsión, coacciones y amenazas» en el programa El Cascabel de 13 TV y en Intereconomía.


Alberto Sierra

Ahora el alto tribunal revoca las sentencias anteriores y lo que era una «crítica acerba y molesta» que estaba amparada por la libertad de expresión porque «se cumplía con el requisito de la veracidad, toda vez que la información no se sustenta en meras especulaciones y rumores, sino que proviene de fuentes oficiales». Y añadía que «El derecho a la vida privada del actor no se vio lesionado, ni su presunción de inocencia, puesto que el señor Peláez se refería a procedimientos judiciales y a las decisiones adoptadas en ellos», indicaba la Audiencia Provincial de Madrid en su sentencia de enero de 2022, en la que confirmó el fallo del juzgado de primera instancia. En efecto, una chica se había metido en una entonces novedosa red social de contactos para mayores de edad y de los que mantuvo de forma exclusivamente telemática con el fiscal se dedujo toda esta embarullada madeja.

El fiscal Anticorrupción José Grinda

El fiscal Anticorrupción José Grinda

Ahora, la Sala de lo Civil del Supremo recalca que la libertad de información no es «un derecho de protección ilimitada» y da por acreditado que en este caso se sobrepasaron los límites, aunque absuelve al programa El Cascabel de 13 TV y a Intereconomía por ser meros transmisores que no compartían el contenido del uso que en directo hacía de su libertad de expresión el demandado, quien queda como único condenado por atribuir «gravísimos delitos sobre pornografía infantil por internet y pederastia; sobre exhibicionismo y corrupción de menores; revelación de secretos y un procedimiento sobre amenazas, coacción y extorsión», recuerda la web Economist Jurist. Y ahora las hijas de Peláez, en su condición de herederas, tendrán que pagar 30.000 euros de indemnización a Grinda al considerar que su padre vulneró el derecho al honor de este último en televisión.

El comisario Villarejo

«En una entrevista a un medio italiano, el fiscal anticorrupción enmarcó las declaraciones de Peláez en una supuesta campaña en su contra alentada por la mafia rusa. Grinda había liderado varias investigaciones contra mafiosos rusos en España. Además, había dirigido diversas causas mediáticas como el caso del cobro de comisiones del 3% en Cataluña o la operación Emperador, en la que se investigaron presuntos vínculos de diversos policías con la mafia china liderada por Gao Ping. En 2021, la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional encargada de la investigación del «caso Tándem» remitió al Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional un informe que implicaba al comisario Villarejo en una presunta trama para chantajear o presionar a Grinda con «acusaciones de pedofilia». Peláez, que falleció por una larga enfermedad en septiembre de 2017 (pocos meses después de sus declaraciones en televisión contra el fiscal anticorrupción), saltó a la fama por ser el abogado de Mario Conde y por haber impulsado como acusación la inhabilitación del juez Baltasar Garzón. Se pasó a la abogacía tras pasar por diversos puestos en la Fiscalía», recuerda The Objetive.

Majadahonda Magazin