“La investigación, en una causa que el juez mantiene en secreto, indaga si las empresas públicas adjudicaban obras públicas a compañías o a una UTE que, a cambio, pagaban comisiones del 3% a las fundaciones FORUM o Catdem, vinculadas a CDC (hoy PDeCAT), partido al que se acababa desviando el dinero. En total, los registros, solicitados por la Fiscalía Anticorrupción, se practican hoy en doce poblaciones: Barcelona, Sant Boi de Llobregat (Barcelona), Rubí (Barcelona), L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona), Manresa (Barcelona), Lleida, Madrid, El Prat de Llobregat (Barcelona), Sant Feliu de Llobregat (Barcelona), Girona, Berga (Barcelona) y Majadahonda (Madrid)”. Esta escueta información difundida por la agencia Efe y los diarios La Vanguardia y La Razón da cuenta del registro que la Guardia Civil ha efectuado este jueves en Majadahonda. La benemérita está requisando ordenadores de despachos de abogados y empresas de estas 12 poblaciones, entre ellas Majadahonda, en lo que se conoce como “Operación Pika”. Los agentes rastrean los pagos al partido de Jordi Pujol después de que se descubriera una amplia red de corrupción, evasión de capitales y blanqueo de dinero por parte del político catalán, su familia y numerosos altos cargos del partido.
“A pesar de que los dos fiscales anticorrupción que dirigen la operación del 3%, José Grinda y Fernando Bermejo, han alternado esta investigación con otras de gran complejidad como por ejemplo algunas en las que están implicados miembros del clan Pujol Ferrusola, el caso ha seguido muy vivo en las dependencias de la policía judicial de la comandancia de la Guardia Civil de Tarragona y en el modesto despacho de un magistrado de El Vendrell, que cuando asumió el caso apenas tenía poco más de 30 años y escasa experiencia. La Vanguardia que añade que Todo empezó en Torredembarra, a partir de la denuncia de una ex concejal, Montserrat Gasulla, sobre los tejemanejes del entonces alcalde Daniel Massagué».
El juez, junto a la fiscal Macarena González, tiraron de aquel ovillo, y el hilo les llevó con tesón y no sin presiones hasta la antigua sede de CDC en la calle Còrcega de Barcelona. El 28 de agosto del 2015 el juez ordenó el registro de la sede de Catdem, la fundación de CDC, que al encontrarse en una planta de la antigua sede provocó la imagen de la Guardia Civil entrando en la sede de la partido que fundó Jordi Pujol. En aquella fase se detuvieron a tres miembros de la familia Sumarroca, propietaria de la constructora Teyco. Precisamente el juez de El Vendrell firmó una comisión rogatoria a Andorra solicitando cualquier movimiento sospechoso de blanqueo de capitales de la familia Sumarroca”, señala La Vanguardia.
Y añade: “De acuerdo a la investigación de Anticorrupción, realizaban licitaciones de contratos amañados con diversas empresas. A su vez, las empresas beneficiarias de los contratos realizaban donaciones a fundaciones relacionadas con CDC, que se habría utilizado para la financiación del partido. Volvemos a la operación Pika que está llevando a cabo esta mañana la Guardia Civil, principalmente con el foco de atención situado en tres empresas públicas, que supuestamente habrían gestionado pagos irregulares. Se trata de Infraestructuras.cat, el Port de Barcelona (Autoridad Portuaria de Barcelona) y la entidad pública Bimsa (Barcelona d’Infraestructures Municipals SA)», concluye el diario del Conde de Godó.
