La jueza de 1ª Instancia e Instrucción nº 8 de Majadahonda, Véronica Ezcurra, ha logrado lo imposible: tras negarse a declarar en dos ocasiones alegando compromisos “ineludibles”, el presidente de la Federación Española de Fútbol, Ángel María Villar, tuvo que sentarse por fin en el banquillo este viernes en calidad de “demandado”, como la magistrada se encargó de recalcar. La agencia Europa Press había anticipado la noticia y el periodista Diego González, de “El Español”, captó la exclusiva con su cámara, y describió además la escena con estas palabras.
“Finalmente Ángel María Villar ha tenido que declarar ante la jueza. Tras dos veces evitando sentarse en el banquillo, muy a su pesar, y con muchas ganas de abandonar el juzgado de Majadahonda, tuvo que hablar sobre la demanda de Seyer Gestión a la la Real Federación Española de Fútbol de la que es presidente desde hace 28 años. La empresa consultora pedía 1.665.700,20 euros más intereses, «en base a un incumplimiento contractual entre ambas» por los derechos televisivos del fútbol femenino. En el juicio también estuvieron el presidente de la Liga de Fútbol Profesional, Javier Tebas, y Jorge Pérez, secretario general de la Federación y ahora candidato a la presidencia. Seyer Gestión reclama la indemnización por cinco años de trabajo que culminaron con una oferta de CGP Sports de 6.600.000 euros para el patrocinio y promoción de las distintas competiciones del fútbol femenino en España. Aseguran que la Federación ignoró la oferta incumpliendo el contrato.
Vicente Temprado
«Es una locura», repetía Villar tras terminar de declarar durante media hora. Quiso abandonar la sala nada más hacerlo, pero la parte demandante había solicitado su presencia durante la declaración de Vicente Temprado, presidente del Comité del Fútbol Femenino de la Federación, Tebas y Pérez. Villar había declarado que la Federación no aceptó la oferta porque aunque los ingresos eran altos, también lo eran los gastos consecuentes, además de asegurar que no se terminaban de fiar de una empresa que no estuviese «en el registro mercantil». Además, aseguró que la Federación legalmente no podía ceder los derechos de las competiciones. Villar dijo que el fútbol femenino le cuesta 4 millones de euros a la Federación, la misma cantidad que Tebas dijo el jueves que dará para la Liga femenina la próxima temporada en un evento de la Liga4Sports. Una cifra cuatro veces más alta a la que anunció el presidente de la Liga en noviembre cuando se creó la asociación de clubes del fútbol femenino. Por su parte, Temprado dijo que se trataba de una oferta trampa, aunque mostró una visión contradictoria a la de Villar al asegurar que Seyer sí había organizado la Copa de la Reina de Basauri en 2010 y que el formato usado entonces había sido usado en posteriores ocasiones. Villar había dicho previamente que no habían usado ese modelo, que era una copia de otros autores. Jorge Pérez, responsable de los asuntos económicos en los que los dos testigos previos se declararon poco competentes, aseguró que la oferta era buena ya que daba visibilidad al fútbol femenino y a pesar de los gastos generaba beneficios. Recalcó no obstante que no se podía llevar a cabo legalmente por la cesión de derechos. Tebas comentó que «no estaba de acuerdo», pero el reglamento decía que los derechos pertenecían a la Federación”, concluye el periodista.
Fue la agencia Europa Press la que anticipó el señalamiento del juicio, que describió en estos términos: “El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Ángel María Villar, tendrá que declarar este viernes (10.00 horas) en el Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción número 8 de Majadahonda (Madrid) por el presunto incumplimiento de contrato con la empresa Seyer Gestión SL porque habría ignorado una oferta de 6,6 millones por la Liga femenina de fútbol. El juicio por la demanda que Seyer Gestión presentó contra la RFEF por presunto incumplimiento de contrato, porque habría ignorado cinco años de trabajo y una oferta de 6.600.000 euros por los derechos de las competiciones nacionales de fútbol femenino, se celebra el 22 de abril y no el jueves 11 de febrero, como estaba previsto después de un anterior aplazamiento.
Javier Tebas
Con esta decisión, la juez de 1ª Instancia e Instrucción nº 8 de Majadahonda, Véronica Ezcurra, da una última oportunidad al presidente de la RFEF de acudir al mismo y le recuerda que “comparece en calidad de demandado”, así como le apercibió de que, en caso de no comparecer, a este tercer llamamiento “se le podrán tener por reconocidos los hechos en los que hubiere participado” al margen de imponerle una multa. Villar, máximo responsable de la RFEF en los últimos 28 años y candidato a la reelección en los comicios que, en principio, estaban previstos para este viernes 22 de abril y que se celebrarán en el último trimestre de este año, manifestó en una carta enviada a la jueza el pasado 25 de enero su imposibilidad de acudir al juicio el 11 de febrero por coincidir en fechas con el Campeonato de Europa de fútbol sala en Belgrado.
Jorge Pérez
Villar insistía en que su declaración difícilmente podrá ayudar a esclarecer los hechos, ya que el conocimiento que pueda tener de las relaciones con Seyer Gestión viene dado de lo que el secretario general, Jorge Pérez, y el presidente de la Federación Madrileña y responsable del fútbol femenino en la RFEF, Vicente Temprado, le hayan indicado. “Por tanto, al encontrarse los mismos dentro de las declaraciones testificales a practicar, entiendo perfectamente cubierto el parecer de la RFEF sobre las preguntas que tengan a bien plantear desde la representación procesal de Seyer”, señala Villar. Seyer Gestión reclama 1.665.700 euros, más costas, por contratos de patrocinio frustrados con dos potenciales compradores dentro del Plan Director de la Liga de fútbol femenino y de la Copa de Su Majestad La Reina.
La RFEF se opone a la demanda y alega que la frustración de los contratos no se produjo por causa suya, que no existen intereses espúreos por su parte en la no culminación de los acuerdos y que no se ha tratado de soslayar el cumplimiento de sus obligaciones contractuales. Por ello, solicita la desestimación de la demanda, ya que la frustración del contrato con las potenciales compradoras se debió, según la RFEF, a una causa exclusivamente imputable a una de ellas y en el otro, a que existían “fundadas” y “justificadas” razones para no suscribirlo.
Desestimadas las medidas cautelares: En febrero fue desestimada la petición de la RFEF de medidas cautelares con respecto a la celebración del juicio. “Desde la presentación de la demanda en el primer semestre del pasado año, Seyer Gestión SL, no solo por su condición de demandante, sino también como consultora que tiene en la comunicación uno de sus pilares, ha evitado cualquier tipo de interpretación que pudiera considerarse partidista. Para ejercer su derecho y el de los demás medios a la veraz información, Seyer Gestión ha planteado radical oposición al intento de silenciar hechos que afectan directamente al fútbol femenino y que tienen un interés público manifiesto para el deporte en general”, indicó en una nota la consultora. Para Seyer Gestión, esta forma de actuar evidencia el “oscurantismo sistemático” y la “falta de fluidez informativa” que, sobre este asunto, ha caracterizado el comportamiento de la RFEF en los últimos años. “Posiblemente esta falta de costumbre y la convicción de que la forma de actuar que emana de la RFEF es la correcta y única admitida, llevó a la demandada a solicitar a la jueza una serie de medidas cautelares que el sentido común dicta como fuera de lugar, salvo que se tenga algo que esconder, en una demanda civil por incumplimiento de contrato”, explicó.
Este hecho no causó sorpresa a Seyer Gestión, ya que la primera respuesta recibida por parte de la secretaría general a la presentación de la oferta de 6,6 millones de euros por los derechos del fútbol femenino fue: “De esto, que bajo ningún concepto se enteren ni los clubes ni las jugadoras”. Por ello, la RFEF solicitó a la jueza “que proceda a advertir bajo apercibimiento de sanción económica a Seyer Gestión para que cese en cualquier publicación, difusión o divulgación de cuanto acontezca en el desarrollo de la próxima vista”. Posteriormente, amplió su petición solicitando la celebración de vista a puerta cerrada, pero la jueza dictó en su auto de 9 de febrero que en este caso no se dan las circunstancias que justifican la adopción de tales medidas cautelares.
