AGENCIA EFE. La titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Majadahonda (Madrid), que investiga la red de fraude de la cadena dental Vitaldent, ha puesto en libertad al mayor franquiciado de la cadena, Oscar Arteaga, por motivos de salud. La Fiscalía le acusa de realizar pagos de dinero en mano al propietario de Vitaldent, Ernesto Colmán, para facilitar el blanqueo de capitales y evadir sus obligaciones fiscales. Pero Oscar Arteaga no es el único acusado del caso Vitaldent que ha sido liberado en las últimas semanas. La jueza de Majadahonda también ha puesto en libertad provisional a Javier Arteaga, hermano de Oscar Arteaga junto con Yolanda Copete, responsable del Departamento de Expansión de la cadena. A pesar de esta puesta en libertad, los tres acusados tienen prohibido salir de España y están obligados a comparecer cada quince días en el juzgado en el juzgado de Majadahonda. Los responsables de Vitaldent están imputados por delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales, falsedad documental, organización criminal, estafa, apropiación indebida y delito contable, con la excepción de Yolanda Copete, que únicamente está acusada por los cuatro primeros.



Todos ellos están acusados de los presuntos delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales, falsedad documental, organización criminal, estafa, apropiación indebida y delito contable, salvo Copete que lo está de los cuatro primeros delitos. La cúpula de Vitaldent recibía cada año 17,2 millones de euros en B solamente de las 146 clínicas propias que tenía la cadena, como así recoge el auto de prisión de la jueza, que considera probado que un grupo de personas, entre ellas el propietario, había diseñado «un complejo sistema defraudatorio hacia los franquiciadores, clientes y pacientes y la propia Hacienda». Cada clínica tenía que pagar en efectivo a la matriz el 10 por ciento de la franquicia acordada. Pero además, se había articulado un sistema de recogida de dinero en efectivo para las clínicas propias y otras de confianza que ascendía a 10.000 euros mensuales. Colman, que tenía dos cuentas en Suiza, según había detectado la Agencia Tributaria, planeaba dejar el negocio en manos de otros ante la sospecha de que sus prácticas ilícitas podían estar siendo investigadas tras las denuncias presentadas en algunas de las clínicas.
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