JORGE RUBIO. El expediente correspondiente al proyecto de ordenación urbana correspondiente a la parcela AR-31 Saltos del Sil (Roza Martín), que así se llama el nuevo barrio de Majadahonda, volvió a hacer aparición en el último pleno del Ayuntamiento de Majadahonda. Un expediente que bien podría calificarse como «maldito» ya que como los propios concejales señalaron a lo largo de sus intervenciones lleva paseándose por el consistorio durante 18 años (hay una noticia en ABC de 2008) sin visos de tener una solución a corto plazo. Y para no variar, en esta ocasión el expediente tampoco pudo salir adelante pese a los esfuerzos del concejal Ricardo Riquelme (PP) por que así fuera. «Es una actuación para seguir desarrollando nuestro modelo de ciudad residencial«, destacó el edil popular en su presentación, al tiempo que desgranaba el expediente en base a dos ideas fundamentales: la compactación de la subestación eléctrica de esta parcela y el soterramiento de las líneas de alta tensión. Un concepto con el que el resto de Grupos Municipales se mostraron de acuerdo, pero no con las formas en las que se llevaría a cabo de aprobarse. Y sobre todo, con el incremento del número de vecinos que llegarían a esta zona si se llevase a cabo el plan urbanístico previsto en él.

«Lo que traen aquí es un despropósito administrativo«, señaló vehementemente Silvia Rey (Ciudadanos) en su intervención, al tiempo que añadía que era «injusto» que los vecinos de este barrio «sufragasen el coste al incrementarse los costes de urbanización en un 200%». «No vamos a permitir que existan ciudadanos de primera y de segunda», concluyó. Socorro Montes de Oca (PSOE) señaló que toda esta operación les recordaba a «un pelotazo urbanístico» y que lo que en realidad necesitaba Majadahonda eran «más equipamientos públicos». Por su parte, Alberto Moreno (Somos) insistió en que «todos estaban de acuerdo en el soterramiento de esta instalación» pero que la cuestión principal era «cómo debía hacerse de forma legal y beneficiosa para el municipio». Juancho Santana (IU) incidió en la naturaleza «histórica» del expediente y señaló que el problema del mismo era la controversia política que anidaba en el mismo. «Esta modificación puede suponer la llegada de 2.300 posibles nuevos vecinos«, incidió. Y señaló la «falta de instalaciones públicas» para atender sus necesidades. Por último, Mercedes Pedreira (Centrista) destacó la necesidad de realizar una revisión del Plan General de Urbanismo antes de acometer este expediente, ya que a su juicio no se podía realizar «con una modificación puntual» del mismo. Sugirió que antes que soterrar las líneas de alta tensión «quizá sería más rentable imponer un gravamen» a las eléctricas por ellas. «No son hermanitas de la caridad», concluyó la edil centrista.

Ricardo Riquelme (PP) aprovechó su segundo turno para recriminar la agresividad en la oratoria de Silvia Rey con una de las chanzas habituales del pleno sobre los desayunos de los concejales que excitan su oratoria. Una broma que la edil naranja no se tomó bien en absoluto. «Yo desayuno lo que me da la gana, preocúpese por lo que desayuna usted«, espetó Silvia Rey a Riquelme. El concejal de Urbanismo defendió una vez más que este expediente continuaba con el «modelo urbanístico que les gusta a los vecinos de Majadahonda: el de ciudad residencial con calidad de vida». El popular también aprovechó su intervención para exigir a Ciudadanos que «se mojasen con la votación y se posicionasen», pues si votaban en contra paralizaban el desarrollo del nuevo barrio «y tendrán que explicárselo a los vecinos» y si lo hacen a favor «votan junto al PP». Por ello recriminó a Rey la «falta de preparación» en su intervención. «No ponga en cuestión lo que vota Ciudadanos. Votamos lo que consideramos oportuno y lo que es mejor para los vecinos», señaló la concejala, que propuso que se trajese de nuevo el expediente pero «de forma constructiva».

Socorro Montes de Oca (PSOE) volvió a incidir en que no se habían dado «explicaciones políticas a este expediente» que supone construir 540 viviendas en una superficie equivalente a 8 campos de fútbol, y Alberto Moreno (Somos) manifestó que se había quedado «con las mismas dudas» tras la intervención del concejal de Urbanismo, pues «el único equipamiento público que se contempla para esta zona es un colegio y porque lo obliga la ley«. «Podemos estar haciendo un pan con unas tortas«, dijo Juancho Santana (IU) para dejar claro que «el soterramiento no se puede hacer a costa de unos beneficios que no quedan especificados», en alusión a las contraprestaciones que podría tener Iberdrola en todo este asunto. Una idea sobre la que también incidió Mercedes Pedreira al asegurar que «los coeficientes de edificabilidad no pueden corresponder a criterios económicos, sino a urbanísticos» tal y como había señalado la Comunidad de Madrid. Todo ello fue negado por Riquelme, que alegó que ese aumento de edificabilidad se reducía a pasar «del 0,20 al 0,21». Finalmente, el expediente fue rechazado con 11 votos favor (PP) y 14 en contra (Ciudadanos, PSOE, Somos, IU y Centristas).