Una vez más Majadahonda ha sido portada nacional de la prensa digital y de papel a causa de la corrupción. La decisión del juez Velasco de levantar el secreto del sumario ha desvelado los tejemanejes que varios constructores y empresarios informáticos tenían con el Ayuntamiento de Majadahonda y como éstos propiciaron junto al entonces número 2 del PP madrileño, Francisco Granados, la sustitución como alcalde de Majadahonda de Guillermo Ortega, alias «Willy», por Narciso de Foxá, actual primer edil: «Granados hizo dimitir al alcalde de Majadahonda por «cortar el flujo de dinero» hacia los jefes del PP», señala el titular en primera página y a cuatro columnas de «Elconfidencial.com», primer diario exclusivamente digital en España por número de lectores (558.000 diarios).
La noticia ha sido también portada en todos los demás diarios nacionales. En una información firmada por Carlota Guindal, la periodista escribe que «Francisco Granados manejó pelotazos urbanísticos cuando era alcalde de Valdemoro, pero no lo dejó ahí. Siguió recibiendo comisiones y controlando a otros alcaldes madrileños, de los que recibiría parte del dinero obtenido de contratos adjudicados a dedo. Así lo recoge un informe policial incorporado en el sumario del ‘caso Púnica’ al que ha tenido acceso El Confidencial que concluye que el exconsejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid ordenó al alcalde de Majadahonda, Guillermo Ortega, que dimitiera porque se estaba quedando con el dinero de las comisiones que daban los empresarios y no daba la parte que correspondía a cargos superiores.
“Francisco Granados ordenó la dimisión de ‘Willi’ pues al parecer este está cortando el conducto del dinero, quedándoselo él, sin que fluya hacia estancias superiores del partido, cosa que sí hacía su antecesor”, recogen las grabaciones analizadas entre un exconcejal de la localidad madrileña y un empresario». Granados no le pidió a Ortega su salida inmediata, sino que lo hizo a través de un empresario, el cofundador de la empresa Dico, quien habría recibido contratos de la trama ‘Púnica’, lo que demuestra la fuerte conexión entre ciertos empresarios y políticos. El propio juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ya hablaba de esa influencia en el auto por el que encarceló a Granados».
«Describía cómo algunos de los empresarios beneficiarios de adjudicaciones mediaban a favor de otros políticos. Por ejemplo, es el caso de uno de los ‘conseguidores’ de la trama, Alejandro de Pedro, quien recibió un trato de favor por parte del presidente de la Diputación de León, Marcos Martínez –ambos imputados–, a cambio de que el primero mediara para que los superiores del segundo le mantuvieran en el cargo. “Estos administradores del Grupo Dico tienen tanta influencia sobre los políticos que, además, comunican órdenes de otros políticos de rango superior, como es el caso Francisco Granados”, recoge el documento, que añade: “Órdenes tan importantes que además se cumplen, como es el caso de Ortega”, señala Carlota Guindal.
«Estas conversaciones las sacan los investigadores del caso Gürtel, en el que estaba investigado el exalcalde de Majadahonda. Sin embargo, en esa causa no se le dio relevancia a los ‘tejemanejes’ de Granados, que varios años después le han llevado a la cárcel. A Ortega le dicen que tiene que abandonar la Alcaldía y que puede elegir cualquier otro puesto dentro de la Comunidad de Madrid, que le sería concedido, “pero que tiene que irse y no obture el flujo de dinero”. Efectivamente, así ocurrió y el regidor se marchó en 2005 alegando motivos de salud para después ser colocado en el Mercado Puerta de Toledo de Madrid con rango de director, por el que pasó a cobrar 6.000 euros al mes, todo esto cuando Esperanza Aguirre presidía la Comunidad de Madrid», añade la periodista.
«Los dos interlocutores ya alertaban en esa conversación que Granados no podía decirle a Ortega directamente que se marchara porque “tenía lo mismo o más que ocultar”. De ahí que utilizara a la empresa con la que mantenía relaciones. Precisamente, en el sumario consta un informe de la Agencia Tributaria que analiza los pagos realizados por el exsenador y exconsejero madrileño, en el que aparecen dos ingresos a Dico en 2007. Uno por la compra de un chalé en Valdemoro por 468.000 euros y otro pago de 500.000», concluye Carlota Guindal.