MANU RAMOS. El juez de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, ha pedido a la Fiscalía Anticorrupción que revise las penas por malversación de caudales públicos a diversos miembros del PP condenados por la trama ‘Púnica‘ y cree que la Fiscalía debería reducir sus acusaciones en cinco piezas de esta red política corrupta en la Comunidad de Madrid. Así, los imputados de la ‘red Púnica‘, la trama política e los pasados gobiernos autonómicos del PP en la Comunidad de Madrid, llevan camino de convertirse en unos de los primeros beneficiados de la reducción de penas para la «malversación sin ánimo de lucro» que este jueves 12 de enero (2023) entró en vigor tras la reforma del Código Penal. La revisión de penas por la «rebaja» del delito de malversación de caudales públicos que ha realizado el PSOE a instancias de ERC para beneficiar a 24 políticos independentistas catalanes. puede convertirse en un nuevo quebradero de cabeza del Ejecutivo como el ocasionado por la «ley del solo sí es sí» que promovió Unidas Podemos. Y es que la reforma que obligará a revisar cientos de sentencias en varios tribunales, como las de ‘Gürtel’ o ‘Noos‘, «afectaría igualmente a los 13 condenados por malversación en la sentencia dictada por la Audiencia Nacional por la conocida como Época I del caso Gürtel«, según explica el periodista Luis Villajos este 10 de enero (2023) en el diario «República».

Entre los beneficiados se encontrarían el cabecilla de la trama, Francisco Correa, su ‘número dos’, Pablo Crespo, el ex alcalde de Majadahonda Guillermo Ortega o el denunciante de ‘Gürtel’ José Luis Peñas, también ex concejal de Majadahonda. A ellos se unirían la administradora de parte de las empresas de la trama Isabel Jordán, el ex alcalde de Pozuelo de Alarcón, Jesús Sepúlveda, el encargado de la facturación de las compañías de ‘Gürtel’, José Javier Nombela o el ex viceconsejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid, Alberto López Viejo. También se verían afectadas las condenas impuestas a Correa y Jordán por la Audiencia Nacional en otra de las piezas de ‘Gürtel’: la relativa a las actuaciones de la trama en el municipio madrileño en Boadilla del Monte. Entre los hipotéticos beneficiados se encuentran el ex alcalde Arturo González Panero.

La Asociación de Fiscales (AF), mayoritaria en la carrera fiscal, en un comunicado hecho público el pasado 13 de diciembre, advirtió que la reforma propuesta “podría conllevar revisiones de condenas ya dictadas, como ya pasó con la ley del ‘solo sí es sí’”. Como sucedió con la polémica norma del Ministerio de Igualdad, esta asociación denunció que el Gobierno de coalición evitó los informes de los órganos consultivos sobre las consecuencias de esta reforma al tramitar la reforma del Código Penal por vía de urgencia para acortar los plazos. Con la reforma, las penas por malversación, cuando no hay ánimo de lucro, se rebajan hasta un máximo de 4 años, cuando hasta antes de su entrada en vigor, este mismo jueves 5 de enero (2023), la pena máxima era de 8 años y se podía aumentar hasta los 12 si la cantidad malversada superaba los 250.000 euros.

«Los socios de Gobierno del PSOE (ERC y Unidas Podemos), con ánimo de mostrar su compromiso contra la corrupción introdujeron un nuevo delito para castigar el enriquecimiento ilícito de los cargos públicos que vean aumentado su patrimonio en más de 250.000 euros sin que puedan justificarlo. Con la entrada en vigor de esta ley, las autoridades públicas deben justificar ese enriquecimiento durante 5 años tras dejar el cargo y afrontarán penas de prisión de 6 meses a 3 años, de inhabilitación de entre 2 a 7 años, y multas de hasta 3 veces lo enriquecido ilícitamente. Con estas modificaciones y atendiendo al principio de retroactividad a favor del reo era cuestión de tiempo que se produjeran revisiones de sentencias por corrupción o afectara a investigados en casos que todavía no han sido juzgados. Y eso es lo que ha sucedido ahora. Así este martes 10 de enero (2023) se ha conocido que el juez de la Audiencia Nacional, Joaquín Gadea, ha solicitado a la Fiscalía Anticorrupción que revise su petición de penas tras la investigación llevada a cabo en el denominado «caso Acuamed«, prosigue el periodista.

Por su parte, la portavoz del Gobierno, preguntada sobre este asunto este mismo martes hasta en 3 ocasiones, ha insistido en que la orientación de esta reforma no pasa por despenalizar ningún tipo de corrupción, sino que incluye la diferenciación entre «quien roba dinero público» del que hace una «desviación irregular» del presupuesto. «El Gobierno persigue con esta reforma penar todo tipo de corrupción» ha indicado, insistiendo en la diferencia entre quienes se enriquecen «a costa de su desempeño público» y los que hacen «un uso irregular de la gestión» ya que «el Gobierno lucha y luchará contra la corrupción», subrayó Isabel Rodríguez.