JORGE RUBIO. La anulación y aprobación del precio público de la actividad Aulas Abiertas llegó al último pleno del Ayuntamiento de Majadahonda de forma accidentada aunque finalmente salieron adelante gracias al apoyo y/o la abstención de Cs y Centrista. La concejala de educación Fátima Nuñez (PP) llevó de urgencia este punto con el objetivo de dar salida a los precios públicos de este programa destinado a dar clase a personas adultas. Una urgencia motivada por un error de competencias y que ponía en peligro la prestación de este servicio. Tras dos sesiones plenarias seguidas, los concejales del resto de Grupos Municipales redujeron al mínimo sus intervenciones dejando clara una cosa: esos precios eran los del Equipo de Gobierno y no los suyos. «¿Qué pasa si no los aprobamos? ¿Nos tendremos que tragar otro sapo?» señaló Mariene Moreno (Ciudadanos), al tiempo que incidía en la máxima de que esos eran «sus precios públicos» (del PP) y no los suyos (de Cs). No obstante, los aprobó con su abstención.
«No vamos a aprobar sus precios. Es una chapuza que no se diesen cuenta de que eran competencia del pleno», criticó Socorro Montes de Oca (PSOE). Irene Salcedo (Somos) incidió en lo poco subvencionada que estaba esta actividad y que desde su formación únicamente apoyarían «unos precios que se consideren una cantidad simbólica para que no limiten el acceso». Una postura compartida por Juancho Santana (IU), que manifestó que el precio del servicio «no era asequible para una importante parte de la población«. Fátima Nuñez (PP) cerró el turno de intervenciones asegurando que las quejas de los otros Grupos eran «partidistas», que «asumía el error» cometido, que lo importante era «sacar los expedientes y gestionar» y que este servicio tenía a 300 vecinos satisfechos». El punto salió adelante con 11 votos a favor (PP), 7 abstenciones (Ciudadanos y Centrista) y 7 votos en contra (PSOE, Somos e IU).
Por otra parte, el nombramiento de representantes de la Corporación en el Consorcio Deportivo y de Servicios de la Zona Noroeste de Madrid tuvo el honor de convertirse en uno de los puntos en resolverse de forma más fugaz en el último pleno del Ayuntamiento de Majadahonda. Aunque en ocasiones no se producen intervenciones en todos las cuestiones que se plantean en estas sesiones, este fue atípico porque únicamente intervinieron dos concejales antes de producirse la votación del mismo. «Creía que este consorcio ya estaba liquidado. Hicimos un acuerdo plenario para salirnos del mismo. Si son cosas de trámite espero que se solucionen de forma breve y si hay que hacer algún desembolso nos lo cuenten antes de hacerlo», señaló Mercedes Pedreira (Centrista). Por su parte, Juancho Santana (IU) quiso dejar claro que iba a «votar en contra» pero no por este «nombramiento específico» sino porque «estos representantes nunca rinden cuentas al Pleno», en alusión al concejal de Deportes, Manuel Elvira, que ha anunciado la disolución del Consorcio. Ante esta situación, el alcalde Narciso de Foxá contestó que la «Oposición había tenido puestos en este estamento y ahí los partidos se enteran de todo«. El punto salió adelante con 12 votos a favor (PP y Centrista), 4 en contra (Somos e IU) y 9 abstenciones (Cs y PSOE).
Anterior Consorcio Deportivo y de Servicios de la Zona Noroeste de Madrid: Miembros del Consejo Rector: Narciso de Foxá Alfaro. Concejal Delegado de Deportes: Manuel Elvira Calderón. Además se da cuenta al pleno de que, según los Estatutos, formaron parte de la Comisión Técnica de Seguimiento: concejal Delegado de Deportes Manuel Elvira Calderón, concejal Delegado de Urbanismo, Mantenimiento de la Ciudad y Vivienda: Ricardo Riquelme Sánchez de la Viña. La concejal Delegada de Medio Ambiente, Jardines, Limpieza, Urbanizaciones y Participación Ciudadana: María África Sánchez Marín. Un concejal designado entre los grupos de la oposición.
José Galeote, padre del eurodiputado
Fue noticia: El Consorcio Deportivo y de Servicios de la Zona Noroeste de Madrid arrastra un pasado no precisamente edificante: el primer magistrado que instruyó el ‘caso Gürtel’ en Madrid, Antonio Pedreira, impuso una fianza de un millón de euros al ex concejal del PP de Boadilla del Monte José Galeote tras imputarle participación en una trama y los delitos de asociación ilícita, cohecho, blanqueo de capitales, tráfico de influencias, fraude fiscal y falsedad, según informó entonces el TSJM. Tras prestar declaración durante más de una hora, las fiscales Anticorrupción Miriam Segura y Concha Sabadell solicitaron al magistrado que se fijara al ex edil popular esta cuantía económica para asegurar las posibles responsabilidades pecuniarias que procedieran del procedimiento penal. Esta decisión era susceptible de recurso. Al termino de la comparecencia, Galeote expresó su confianza en la Justicia y en que «todo se aclare». «Se ha dicho lo que tenía que decirse a quien tenía que oírlo. Es lo único que puedo decir», manifestó el ex edil, acompañado de su abogada María Dolores Márquez de Prado. Preguntado sobre si estaba tranquilo, éste respondió: «perfectamente». «Estaría mejor si hubiera comido», bromeó. El nombre del ex concejal, que es padre del eurodiputado implicado en la trama, Gerardo Galeote, aparecía en la contabilidad de la caja B de la sede de la empresa Special Events, en la calle Serrano. Por ejemplo, hay un apunte de marzo de 2002 de 111.206 euros entregados a José Galeote cuando era edil de Boadilla, puesto en el que se mantuvo durante doce años.
Según el entonces juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, «las fechas en las que se produjeron los pagos por orden de Correa registrados en la caja B coinciden en el tiempo con el momento en el que Galeote era concejal en el Ayuntamiento de Boadilla. Garzón le acusaba de haber recibido 612.506 de euros. Según el juez, esta cantidad la habría obtenido de la empresa Special Events durante los años en los que estuvo como concejal de Boadilla del Monte. Una vez jubilado, los entonces alcaldes ‘populares’ de Boadilla, Majadahonda y Pozuelo de Alarcón -los tres consistorios sobre los que se asienta la trama- nombraron a Galeote gerente del Consorcio Deportivo y de Servicios de la zona noroeste de Madrid. Al frente de este cargo, el imputado habría obtenido otras cantidades, según las investigaciones. A través del Consorcio se creó la ciudad deportiva de Boadilla, cuya construcción se adjudicó a la empresa Hispánica -una de las investigadas en la trama- gracias a la mediación del diputado imputado Alfonso Bosch, entonces gerente de la Empresa Municipal de Suelo y Vivienda de Boadilla del Monte y miembro del Comité Regional». Leer más.
