«Majadahonda no puede ser un santuario de impunidad juvenil. Cinco ancianos agredidos. Cinco vidas marcadas. Un menor que actúa como un adulto violento. Y un sistema que lo trata como si fuera un niño. España no puede seguir manteniendo a delincuentes extranjeros que, una vez alcanzada la mayoría de edad, continúan delinquiendo».

MIGUEL SANCHIZ. (Majadahonda, 17 de julio de 2026). Majadahonda ante el dilema jurídico: ¿qué hacer con delincuentes extranjeros menores que agreden a nuestros mayores?. La detención en Majadahonda de un delincuente de 17 años, autor de 5 robos violentos contra ancianos, vuelve a poner sobre la mesa un problema que España lleva años evitando: ¿qué hacemos con menores extranjeros que cometen delitos graves y que, por su edad, quedan prácticamente blindados frente a penas proporcionales? La Guardia Civil ha actuado con eficacia. La sociedad ha respondido con indignación. Pero el sistema jurídico, una vez más, no estará a la altura del daño causado. La realidad es esta: España mantiene, alimenta y protege a menores extranjeros que cometen delitos violentos. Y lo hace por obligación legal. Mientras tanto, en países como Marruecos, un joven de 17 años que agrede a ancianos sería internado durante años en un centro de reeducación. Allí, la violencia contra personas vulnerables es un agravante severo. Aquí, es un matiz. La pregunta es inevitable: ¿por qué España debe asumir sola el coste de la delincuencia juvenil extranjera?

Miguel Sanchiz

UNA SOLUCIÓN JURÍDICA POSIBLE Y NECESARIA. España no puede extraditar a un menor para ser juzgado en su país. La ley lo impide. Pero sí puede hacer algo que casi nunca se aplica y que está perfectamente contemplado en el ordenamiento jurídico: 1. REPATRIACIÓN DEL MENOR TRAS EL CUMPLIMIENTO DE LA MEDIDA JUDICIAL. La Ley de Extranjería permite la expulsión del extranjero —incluidos los menores una vez alcanzada la mayoría de edad— cuando representan un riesgo para el orden público. Esto significa que: El menor cumple la medida impuesta por el juez de menores. Al alcanzar los 18 años, España puede expulsarlo y prohibir su entrada durante años. La expulsión sustituye a cualquier pena adicional. Es legal. Es viable. Y es justo.  2. CONVENIOS BILATERALES para la ejecución de medidas en el país de origen España puede firmar acuerdos con países de origen para que los menores extranjeros cumplan las medidas de internamiento en centros de su propio país. Esto ya existe en otros ámbitos (cooperación judicial, traslado de condenados adultos). Solo falta voluntad política para extenderlo a menores en delitos graves.

«Majadahonda merece seguridad. Las víctimas merecen justicia. Y España merece un sistema que no premie la violencia con indulgencia. ¿De verdad pretenden que sigamos indefensos?»

3. REFORMA DE LA LEY DEL MENOR para casos de violencia extrema. España debe abrir un debate serio: ¿Es razonable que un menor que utiliza técnicas de estrangulamiento (“mataleón”) contra ancianos reciba medidas educativas de meses? ¿Debe existir un régimen especial para delitos violentos contra personas vulnerables? ¿Debe contemplarse la expulsión automática al cumplir la mayoría de edad en casos de violencia grave? La respuesta es evidente. 4. RESPONSABILIDAD CIVIL REFORZADA PARA LAS FAMILIAS O TUTORES. Si el menor está bajo tutela familiar en España, la ley permite exigir responsabilidad civil directa. Si no tiene familia aquí, el Estado debe activar mecanismos diplomáticos para que el país de origen asuma parte de la responsabilidad. Majadahonda no puede ser un santuario de impunidad juvenil. Cinco ancianos agredidos. Cinco vidas marcadas. Un menor que actúa como un adulto violento. Y un sistema que lo trata como si fuera un niño. España no puede seguir manteniendo a delincuentes extranjeros que, una vez alcanzada la mayoría de edad, continúan delinquiendo. La solución jurídica existe: cumplimiento de la medida, mayoría de edad y expulsión inmediata. No es venganza. No es xenofobia. Es protección de los ciudadanos, proporcionalidad y sentido común. Majadahonda merece seguridad. Las víctimas merecen justicia. Y España merece un sistema que no premie la violencia con indulgencia. ¿De verdad pretenden que sigamos indefensos?