J. FEDERICO MTNEZ. La firma de auditores y abogados «PwC”, que hace referencia a la red de firmas miembros de Price Waterhouse Coopers, una de las más prestigiosas a nivel mundial, ha preparado la tasación por daños y perjuicios de una demanda contra el Ayuntamiento de Majadahonda por valor de «entre 200 y 230 millones de euros» tras una decisión de su alcalde, José Luis Alvarez Ustarroz (PP) y de su concejal de Urbanismo, Manuel Troitiño, según desvela la periodista Ruth Ugalde en «El Confidencial». Los abogados de Price advierten además que en la causa «también concurriría el presupuesto de imputabilidad objetiva, ya que la actual revisión de oficio que está llevando a cabo sobre una parcela que recalificó su antecesor, Narciso de Foxá, “sería un acto administrativo cuya iniciativa, sustanciación y resolución adopta el Ayuntamiento” y lo hace en “ausencia de fuerza mayor”.

Se refiere a la decisión que ha adoptado el joven Ustarroz de trasladar al anterior alcalde y a su concejal de Urbanismo, Pablo García, ante la Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid por haber llevado al pleno de diciembre de 2014 la recalificación de la parcela hoy propiedad de AEDAS. «Es la suma de todos estos elementos la que, a entender de PwC, “daría cumplimiento a todos los requisitos para que del acuerdo de resolución de nulidad nazca una responsabilidad patrimonial de la Administración”, pues Ustarroz ya ha dado orden de gastarse 88.000 euros en un concurso público para investigar jurídicamente a Foxá. Los 200/230 millones de euros «es el agujero que puede provocar en las cuentas del Ayuntamiento de Majadahonda la enésima paralización de la parcela RN-1, a la sazón, terreno que llevó a la ex presidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre a afirmar que ella destapó la Gürtel, la trama de corrupción que ha hecho temblar la tierra bajo los pies del Partido Popular«, indica la periodista.

EL ALCALDE USTARROZ ACEPTO LA RECUSACION DEL ARQUITECTO MUNICIPAL. «Este terreno vuelve a estar en el centro del huracán por la decisión del nuevo alcalde, el también popular José Luis Álvarez Ustarroz, de contratar a un experto independiente para que valore si fue legal toda la tramitación que terminó permitiendo la venta de este solar al fondo Castlelake, que años después creó con todos sus suelos la promotora AEDAS. El regidor justifica su decisión como una medida de prudencia ante los informes contradictorios que han oscurecido la tramitación de este expediente, hasta el punto de que se solicitó y aceptó la recusación del arquitecto municipal, Pedro Sánchez. Cautela que le ha llevado a asegurar que elevará a la Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid el pronunciamiento último de este asunto», recuerda la periodista.

ACTUACION DE «MALA FE» Y ALUSION A CELIA ALCALA Y JULIO PRINETTI. PwC sostiene que AEDAS podría considerarse dañada como consecuencia de la “inopinada e inesperada” revisión de oficio que se acordaría casi 6 años después de que se aprobara el acuerdo del pleno de diciembre de 2014, el cual fue soportado por los informes de la secretaría general y de la intervención municipales previos a dicho acuerdo, además de un informe posterior de Andersen Tax», en alusión a Celia Alcalá y Julio Prinetti, secretaria e interventor. En su opinión, estos elementos llevan a la auditora a sostener «que la buena fe se presume siempre, mientras que al que afirma la mala fe le corresponde la prueba«.

EL INFORME DEL ABOGADO DE UPYD QUE ESGRIME EL JOVEN ALCALDE DEL PP. Para la firma de servicios profesionales Price Waterhouse Coopers, «es de difícil justificación jurídica la nulidad del acuerdo de dicho pleno y sostiene que, si lo hiciera, habría “un daño real, efectivo, evaluable económicamente e individualizado” para AEDAS. Los abogados de Price Waterhouse Coopers dicen que «en todo este tiempo, ninguna parte ha recurrido ante los tribunales» la decisión de aquel pleno, salvo el actual alcalde, que a su vez se basa en otro informe del abogado de UPyD, Andrés Herzog. Este grupo llegó a tener representación en el consistorio y por medio de su portavoz, Carmina Madrigal, el grupo centrista encargó también ese informe jurídico con fondos municipales, texto que resultó negativo para AEDAS, Narciso de Foxá y Pablo García.

EL INFORME DE ASPRIMA REVELA UN EXTRAÑO RETRASO MAYOR QUE LA MEDIA DE MAJADAHONDA. «Aquí radica un aspecto clave que lleva a la firma de servicios profesionales (PwC) a cifrar en la citada horquilla de entre 200 y 230 millones de euros el dinero que deberá pagar Majadahonda a AEDAS si, ahora, declara nulo aquel acuerdo y le impide llevar a cabo la promoción Residencial Qian, uno de sus proyectos estrella, conformado por 240 viviendas, una inversión de 100 millones de euros y 200 puestos de trabajo. Su licencia es la que más tiempo lleva esperando de toda la localidad, 3 años, frente a la media de 16 meses, un triste récord que impacta directamente en los bolsillos de los ciudadanos. Según un estudio de EY y ASPRIMA, en este municipio del Oeste de Madrid, «los vecinos acaban pagando un sobrecoste medio de 39.000 euros por vivienda, el mayor de toda España, por estos retrasos administrativos», concluye la noticia.