MANU RAMOS. «Goteo de subastas judiciales. A subasta varios activos de una sociedad vinculada a Marjaliza, cerebro de la Púnica. David Marjaliza, Alberto López Viejo, José Luis Ulibarri, Ramón Cid Sicluna… Todos ellos han sufrido el embargo y subasta de algunos inmuebles de su propiedad». La periodista Elena Sanz publica este domingo 7 de mayo (2023) en El Confidencial un reportaje en el que revela como «a principios año (2023), la Agencia Tributaria convocaba la subasta de tres solares en Valdemoro propiedad de Ramiro Cid Sicluna, uno de los reyes del ladrillo en Valdemoro e imputado en la trama Púnica. Cid Sicluna ya había sufrido en sus carnes un proceso similar, ya que, en abril de 2021 fue embargado y otros activos de su propiedad salieron a subasta. Entonces, fueron la Sareb y la sociedad Rosales Parque XXI quienes instaron la subasta judicial de una finca urbana en Majadahonda tasada en 15 millones. Aquel activo era propiedad de la sociedad Tuvalu Gestión, administrada también por Ramiro Cid Sicluna y la anteriormente mencionada Arauna Corporación y Consulting. En aquella ocasión, la cantidad reclamada ascendía a 8,41 millones de euros y la puja más alta se situó en 1,21 millones«.

El artículo desvela la existencia de unos suelos propiedad de Hilday Consulting, promotora inmobiliaria de Cid Sicluna, «y que llegó a administrar el propio Marjaliza«. Solo uno de aquellos solares recibió pujas: 2.000 euros por una parcela con un valor de subasta de poco más de 231.000 euros. «algunos de los condenados por la trama Gürtel están viendo cómo algunas de sus propiedades, o las de sus empresas, están siendo embargadas y subastadas. En abril de 2022, por ejemplo, quien sufrió la subasta judicial de algunas de sus propiedades fue José Luis Ulibarri Cormenzana, empresario leonés de la construcción y los medios de comunicación, quien admitió ante la Audiencia Nacional su participación en la Gürtel urdida por el líder de la red de corrupción, Francisco Correa, y Arturo González Panero (PP), ex alcalde de Boadilla del Monte (Madrid). En abril de 2022 fue condenado a 18 meses de cárcel por los delitos de prevaricación, fraude a las administraciones públicas, falsedad documental y un delito contra la Hacienda Pública dentro de una de las causas de la trama Gürtel».

«El Juzgado de lo Mercantil número 3 de Madrid acordó la subasta pública de algunos de los activos de UFC SA, filial de Begar Construcciones y Contratas —hoy Elodea—, propiedad de Ulibarri. Una compañía que se declaró en concurso de acreedores en 2013 y que la Fiscalía Anticorrupción tenía en el punto de mira como una de las sociedades presuntamente implicadas en amañar contratos a cambio de comisiones. Entonces salieron a subasta varios suelos, viviendas, locales comerciales y garajes ubicados en Zamora, Valladolid o León, con cuya venta se esperaba cubrir parte de una deuda de casi 102 millones de euros —101.891.793,20 euros— con sus acreedores, entre los que figuraba, como acreedor privilegiado, Sareb, heredera de buena parte de esas deudas contraídas por la empresa de Ulibarri y algunas de las extintas cajas de ahorros. En concreto, se trataba de 6 lotes con un valor de subasta conjunto de 15,33 millones de euros, cantidad que apenas cubría el 15% de la deuda total reclamada. Todos los lotes recibieron ofertas por un importe total de 8,5 millones de euros», concluye la noticia.