«El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha abierto unas “diligencias informativas” para investigar la queja presentada por uno de los condenados por el caso Gürtel, el ex alcalde de Majadahonda (Madrid) Guillermo Ortega, quien denunció que uno de los miembros del tribunal que le ha condenado se quedó dormido varias veces durante las sesiones del juicio», informa el ex director de Interviu y hoy en OK Diario, Manuel Cerdán, junto a su compañero Miguel A. Ruiz Coll. Y los periodistas añaden: «Guillermo Ortega se encuentra actualmente ingresado en la cárcel de Soto del Real, tras ser condenado a 38 años de cárcel en el juicio celebrado por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional sobre la primera época de la trama Gürtel (1999-2005). Las sesiones se desarrollaron entre los meses de octubre de 2016 y noviembre de 2017». Tras conocer la sentencia, el ex alcalde conocido en la ciudad como «Willy» dirigió el pasado mes de junio una queja al CGPJ en la que señala que uno de los miembros del tribunal, Julio de Diego, se quedó dormido “en multitud de ocasiones” durante las sesiones de juicio, «algo que la habría impedido valorar adecuadamente los testimonios y pruebas presentadas, así como los argumentos de las partes».
En su escrito de queja, el ex alcalde de Majadahonda señala que el comportamiento de De Diego supone “una falta absoluta de diligencia y rigor profesional. Teniendo en cuenta la gravedad de las penas que se solicitaban y la complejidad del asunto, entiendo debe de ser puesto en conocimiento del Consejo General del Poder Judicial”. El escrito alude concretamente a las sesiones del juicio celebradas los días 29 de junio y 3, 4 y 5 de julio de 2017«.
«Tras recibir esta queja, el Servicio Promotor de Acción Disciplinaria del CGPJ ha comunicado oficialmente a Guillermo Ortega que “por resolución de 2 de julio de 2018, se ha procedido a la incoación de la Diligencia Informativa 453/2018 y, tras los trámites oportunos, se le comunicará el acuerdo que en su día se adopte”. El órgano de gobierno de los jueces deberá valorar ahora si la conducta denunciada puede haber afectado a la capacidad del magistrado Julio de Diego para emitir sentencia. Al respecto, el ex alcalde de Majadahonda señalaba en su escrito que la actitud del magistrado De Diego ha sido comentada en varios artículos de prensa y añadía que, si el CGPJ lo considera oportuno, puede “aportar el testimonio de múltiples testigos que han estado presentes en las sesiones”. Ortega califica la actitud del magistrado de “indignante e intolerable”.
«Tras ocupar el Juzgado de Instrucción número 23 de Madrid, Julio de Diego fue destinado a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en 2006. Se convirtió en uno de los miembros del tribunal encargado de juzgar la primera etapa de Gürtel, después de que las acusaciones populares ejercidas por el PSOE y la Asociación de Abogados Demócratas de Europa (también próxima al PSOE) recusaran a la presidenta de la sala, Concepción Espejel. Ambas acusaciones habían argumentado que Espejel se convirtió en vocal del CGPJ a propuesta del Grupo Popular del Senado, del que en aquel momento formaba parte Luis Bárcenas».
M. BALIN. El magistrado de la Audiencia Nacional Julio de Diego es una perfecta víctima de ese vicio mediático que consiste en dividir a los jueces entre progresistas y conservadores -y ahora también moderados- con la insana intención de justificar su trabajo a través de una ideología política determinada. Porque a este integrante de la Sala de lo Penal, discreto y poco amigo de los focos, se le ha ubicado tradicionalmente en el «sector conservador». Quizá entendido en su caso por tener una interpretación más estricta de la ley, centrada en dirimir únicamente el objeto de los hechos probados y donde los matices apenas tienen cabida. Esta etiqueta colgada en la toga de Julio de Diego ha perdurado desde que llegó a la Audiencia Nacional en noviembre de 2006, procedente del Juzgado de Instrucción 23 de Madrid, hasta el 30 de octubre de 2015. Ese día se celebró un Pleno en la Sala de lo Penal en el que, por diez votos contra ocho, se aceptó la recusación de su compañera Concepción Espejel para presidir el primer juicio del ‘caso Gürtel’ (época primera, 1999-2005).
Para sorpresa de muchos, el entonces considerado «juez conservador» no solo dejó la independencia de Espejel en entredicho, sino que cambió por completo la composición del tribunal de ‘Gürtel’ después de que el magistrado Enrique López también fuera recusado en ese mismo pleno -14 votos contra cuatro- para formar parte de esta sala. Así, el voto estratégico de Julio De Diego decantó la balanza y fue fundamental para que la resistencia que opuso López en su recusación acabara por llevarse también por delante a la magistrada, a la que María Dolores de Cospedal llama cariñosamente «Concha». Y eso que la juez y De Diego tenían por aquel entonces una sólida amistad que iba más allá de la Audiencia, visibilizada en los cafés mañaneros que a menudo tomaban cerca del tribunal.
Después de aquel episodio nada volvió a ser igual entre ambos. De Diego sustituyó a López en el tribunal de ‘Gürtel’ y Ángel Hurtado, presidente y ponente de la sentencia, a Espejel, recién elegida ahora presidenta de la Sala de lo Penal. El tercero en discordia es José Ricardo de Prada, un juez posibilista, miembro de Jueces para la Democracia, que ahora suma fuerzas con De Diego para neutralizar las posiciones del presidente Hurtado. Así, fue esta dupla la que acordó la declaración de Mariano Rajoy como testigo en persona, y no escondido tras el plasma de la Moncloa, en la sala de vistas de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares (Madrid), como pretendía el presidente del Gobierno.
Con todo estos movimientos, la pregunta es muy recurrente: ¿dónde se produjo el cambio de ‘chip’ de De Diego, un magistrado catalogado como «conservador»? Las fuentes jurídicas consultadas aprecian un «giro más personal que ideológico». Mencionan el hecho de que la defensa del PP pidiera la nulidad del juicio en las cuestiones previas con una estrategia torticera, sumando su fuerza a los cabecillas de la trama, cuando la cúpula del partido reitera en los medios su apoya a la Justicia. O el día en que el PP como persona jurídica, acusado como responsable civil a título lucrativo en el proceso, «se negó» a someterse al interrogatorio. «Situaciones así han ido modificando su percepción desde que comenzó la vista oral en octubre», detallan los informantes. Lea la noticia completa.
