MANU RAMOS. (11 de marzo de 2025). Primero las multas ilegales y ahora la plusvalía municipal. El Ayuntamiento de Majadahonda, que gobierna el Partido Popular (PP) con mayoría absoluta, decidió no instar al Ayuntamiento de Madrid a que dejara sin efecto las multas ilegales de los 8.848 conductores que pasaron por la Avenida de la Victoria (El Plantío) y a los que se les detrajo 5.806 puntos y 1,5 millones de euros por no ir a 30 km/h en una vía no señalizada a tan efecto. El grupo municipal de «Vecinos por Majadahonda» lo llevó al pleno y como esa mayoría absoluta no lo consideró, los dos concejales vecinales apoyaron, animaron y ayudaron a los conductores a recurrir. La unión hizo la fuerza y el Ayuntamiento capitalino devolvió el dinero y los puntos. Ahora se ha plantado una segunda polémica muy parecida: una sentencia del Juzgado número 9 de lo contencioso administrativo de Madrid obliga a devolver al Ayuntamiento de Majadahonda 11.000 euros a un contribuyente por cobro indebido de la plusvalía municipal. Este propietario adquirió su vivienda por 372.000 euros en el año 2014 y la vendió por 300.000 euros en el 2018. Pese a vender su propiedad con pérdidas (-72.000 euros), el consistorio de Majadahonda le obligó a pagar 11.000 euros. Este contribuyente majariego, tras escribir cartas al consistorio y no recibir respuesta satisfactoria, acudió a los tribunales, que ahora le han dado la razón.

DADO QUE EL GRUPO MUNICIPAL «VECINOS POR MAJADAHONDA» REALIZÓ UNA SERIE DE PREGUNTAS advirtiendo de esta misma cuestión durante el último debate presupuestario celebrado este 30 de octubre (2024) sin obtener respuesta del concejal de Hacienda, Diego López del Hierro, los concejales Carlos Bonet y Federico Martínez formularon 2 nuevas preguntas muy concretas. Ahora el PP les ha dado respuesta y la sorpresa es que nuevamente el Grupo Popular no se pone de parte de los vecinos: aunque ha perdido el pleito, ha recurrido la sentencia que le obligaba a devolver el dinero.

LAS 2 PREGUNTAS DE «VECINOS POR MAJADAHONDA» SOBRE EL COBRO INDEBIDO DE LA PLUSVALÍA MUNICIPAL. 1-¿Puede confirmar el Ayuntamiento de Majadahonda la reciente sentencia del jugado número 9 de lo contencioso administrativo de Madrid que obliga a devolver al Ayuntamiento de Majadahonda unos 11.000 euros a un contribuyente por cobro indebido de la plusvalía municipal. 2-¿Tiene intención el Equipo de Gobierno, respecto a la devolución de las plusvalías, de cambiar su criterio después de la sentencia del Tribunal Supremo del mes de febrero 2024, en el sentido de aplicar la solicitud de nulidad de pleno derecho de la liquidación firme para poder conseguir la devolución a aquellos propietarios a los que se ha cobrado la plusvalía ilegalmente?.

EL ABOGADO DE ESTE VECINO DE MAJADAHONDA ha explicado que “la novedad de la presente sentencia, es que se reconoce el derecho a la devolución en los casos de venta a pérdidas de un inmueble con liquidación firme, es decir, para los casos donde el Ayuntamiento, ya sea el de Majadahonda, como cualquier otro, emitió una liquidación del impuesto y el contribuyente tenía de plazo un mes para recurrir, sin haberlo hecho o si lo hizo, tuvo una resolución de inadmisión o desestimación”. A su juicio, «veníamos alegando desde hace años, la solicitud de nulidad de pleno derecho de la liquidación firme para poder conseguir la devolución, y tras la sentencia del Tribunal Supremo de febrero del presente año, el Juzgado de lo contencioso administrativo nº 9 de Madrid lo ha reconocido.” Con dicha sentencia, el consistorio de Majadahonda «tendrá que devolver sus 11.000 euros al vecino, pese a negar dicha devolución desde hace casi 10 años», según recogía el diario La Vanguardia.

LA RESPUESTA DEL PP ha sido que «aunque la citada sentencia tiene su relevancia, no es menos cierto que para los contribuyentes podría haber llegado tarde, dado que en una amplia mayoría de los mismos se ha superado el plazo de prescripción de 4 años establecido por la normativa aplicable. Al margen de todo lo anterior, para que pueda revisarse la liquidación firme, ha de resultar indiscutida la inexistencia de un incremento de valor de los terrenos en la transmisión gravada, siendo al contribuyente a quien corresponde probar la acreditación de que se ha producido ese descenso de valor mediante prueba pericial o cualquier otro medio probatorio admitido en Derecho. Por todo lo anterior, salvo mejor criterio, se entiende que el impacto derivado de la nueva sentencia sobre esta materia es muy limitado y se circunscribiría a los supuestos vinculados a cuotas pagadas en su momento en periodo voluntario o ejecutivo dentro del citado límite de prescripción».

EL PP RECURRE «PARA SALVAGUARDAR SUS INTERESES». «De todos los supuestos de los que tiene conocimiento este Ayuntamiento, parece que tan sólo uno de los recursos interpuestos sería susceptible de prosperar, sin perjuicio de que en lo sucesivo el Tribunal Supremo decida concretar o pormenorizar la jurisprudencia existente en esta materia. Por último, acerca de la sentencia contencioso-administrativa a la que se alude en la pregunta, la misma ha sido recurrida por este Ayuntamiento en apelación al objeto de salvaguardar sus intereses al estar en desacuerdo con su contenido precisamente en relación a los límites interpretativos absolutos y temporales invocados anteriormente». El grupo municipal vecinal, que ha emitido una nota de prensa sobre esta cuestión y ha alcanzado por ello eco en la prensa local, invita además a obtener más información sobre esta controversia jurídica en su propia web, donde recoge la respuesta íntegra del Ayuntamiento.