MIGUEL SANCHIZ. «Summum ius, summa iniuria«: Un caso controversial en la Moncloa. El aforismo latino «Summum ius, summa iniuria», que se traduce como «sumo derecho, suma injusticia«, se ha citado en diversas ocasiones para señalar cómo la aplicación estricta de la ley puede llevar a situaciones injustas. Este dicho parece resonar en el reciente caso que involucra a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez. El caso ha captado la atención mediática y ha generado un sinfín de noticias, casi imposibles de seguir en tiempo real debido a su volumen y ritmo. Todo comenzó con la controversia en torno a si el Servicio de Seguridad de la Moncloa podría impedir la entrada al juez encargado de tomar declaración a Pedro Sánchez, en su calidad de esposo de Begoña Gómez. Este lunes 29 de julio (2024), en el programa «El Gato al Agua», José Javier Esparza mencionó un artículo de Majadahonda Magazin que sugería esta posibilidad, avalada por el criterio de un ex magistrado del Tribunal Supremo. Sin embargo, se ha confirmado que el juez Peinado ha podido ingresar sin problema a la residencia oficial esta mañana del martes 30 de julio.

El incidente llegó a un punto culminante cuando Pedro Sánchez se presentó para declarar. En un desarrollo que ha dejado perplejos a muchos observadores, Sánchez, tras ser informado de sus derechos, se negó a testificar contra su esposa. Esta declaración, que duró apenas dos minutos, dejó más preguntas que respuestas. ¿Qué implica esta decisión? ¿Es simplemente una muestra de apoyo a su esposa o hay más en juego?. El principio de «summum ius, summa iniuria» parece aplicarse aquí en el sentido de que, en un intento por garantizar la justicia a través de la aplicación de la ley, se puede incurrir en lo que algunos perciben como una injusticia mayor. La negativa de Sánchez a declarar podría ser vista como un ejercicio de su derecho legal, pero también como un obstáculo para el esclarecimiento de los hechos.

Este caso ha suscitado un debate amplio y profundo sobre la transparencia y la rendición de cuentas en las esferas más altas del poder. Para muchos jueces, la situación subraya la dificultad de aplicar la ley de manera imparcial cuando los implicados ocupan posiciones de poder y privilegio. A medida que la situación se desarrolla, la atención se centra en la posible implicación de otros actores y en cómo las instituciones manejarán este caso. La justicia, al fin y al cabo, debe no solo ser ciega, sino también percibida como tal por el público. La duda que persiste es si este caso, con sus ramificaciones políticas y personales, será capaz de cumplir con ese estándar. En última instancia, el caso de Begoña Gómez y Pedro Sánchez se ha convertido en un reflejo de las tensiones inherentes a la aplicación de la ley en una sociedad democrática. Mientras el país observa, queda por ver si la balanza de la justicia se inclinará hacia la verdad o si, como sugiere el viejo aforismo, el sumo derecho resultará en suma injusticia. Para completar la información: La Abogacía del Estado ha presentado una querella contra el Juez Peinado por prevaricación y en defensa de la Dignidad de la Institución de la Presidencia del Gobierno.