SONIA BLUE. ¿Había algo más majariego que el restaurante Gobolem (hoy cerrado)? Pues está en la calle Cornisa de Las Rozas. El centro comercial Gran Plaza está también en la frontera de Majadahonda y Las Rozas pero paga sus impuestos en la primera ciudad. ¿Y la Sexta Avenida? Pertenece como El Corte Inglés a Pozuelo, aunque la carretera del Plantío es de Madrid Capital. La urbanización Monte Claro es de Pozuelo aunque sus habitantes frecuentan Majadahonda y con La Finca ocurre algo parecido, lo que genera numerosos equívocos entre los medios de comunicación, que no suelen saber a que lugar administrativo pertenece cada calle. Y es que a veces unos números de una misma vía son de una localidad y la avecindada más abajo pertenece a otra. Con la libre elección de médico o de colegio, los residentes en los barrios o calles limítrofes pueden escoger a que municipio quieren que les proporcionen sus servicios públicos, pero quizás haya llegado la hora también de ampliarlo a otros, como el voto, el pago del impuesto de matriculación o el IBI. Una sana competencia entre ciudades y paliar la discriminación, como la que padecen por ejemplo los habitantes del barrio de El Plantío, revelada a raíz del trágico accidente sufrido por una mujer, puede ser la luz que ilumine este angosto túnel burocrático. Y algunos partidos políticos lo llevan en su programa.

Los primeros en sumarse a esta cuestión y reclamar un marco común que ponga fin al «anacronismo administrativo» en el que se encuentran estos barrios frontera han sido Vecinos por Majadahonda y Vox. Ambas formaciones están determinadas a tomar medidas para atajar esta problemática y dar soluciones a los engorros y molestias a los que se enfrentan cada día multitud de vecinos por esta causa. Desde Vecinos por Majadahonda han incluido en su programa electoral la necesidad de crear «una comisión Majadahonda-Las Rozas-Boadilla-Pozuelo-Madrid (El Plantío) para solucionar el problema de servicios y ubicación administrativa de los barrios limítrofes o «calles frontera» entre dos municipios. Mancomunidad de Servicios para abaratar costes». Por otro lado, el portavoz de Vox Majadahonda, Pablo Pérez, se ha interesado por esta cuestión para buscar soluciones a esta compleja situación y quieren ponerse en contacto con los vecinos y asociaciones de estas barriadas limítrofes para conocer de primera mano sus peticiones.

También desde la sociedad civil se han elevado voces que reclaman que se ponga fin a esta situación y que los vecinos de estos barrios se integren de forma lógica en los municipios que más les convenga. Una de estas voces ha sido la de la directora del banco ING, Almudena Román, cuya sede se trasladó de Las Rozas a Majadahonda, reivindicó un “espacio común” para los servicios y consumos entre los habitantes de Las Rozas y Majadahonda, pues ella misma vive en la frontera entre ambas ciudades y administrativamente se la sitúa en ambos municipios vecinos. También es el caso del entrenador de atletismo José Ramón Cano “Monchi”, que también está afectado por esta situación y se muestra favorable a que se eliminen las trabas, racionalizando la gestión de estos barrios: «yo vivo en la calle Chiapas de Las Rozas y por supuesto todo lo que sean facilidades y ahorrar gastos me parece perfecto».

El problema administrativo de las calles o incluso barrios frontera viene de largo, pero es un tema por el que la política municipal ha pasado de puntillas pese a los enormes perjuicios burocráticos y logísticos que genera. Los orígenes de estos barrios frontera se retrotraen a una reordenación territorial procedente del siglo XVIII, cuando el célebre Marqués de la Ensenada hizo el famoso “catastro” de las ciudades de Castilla, entre ellas Majadahonda y Las Rozas, arcaico pero histórico informe que ahora puede consultarse en internet. Entre 1750 y 1754 todas las poblaciones de “las Castillas” fueron sometidas a un interrogatorio constituido por las 40 preguntas en base a las cuales se produjo la reorganización de municipios. Todo un anacronismo administrativo que en pleno siglo XXI todavía padecen los habitantes de los barrios que quedaron en este limbo  ante la falta de interés de los políticos hacia sus problemas.