MANU RAMOS. “La hora en la que se produjo todo este incidente fue alrededor de las 7.45 de la tarde [del lunes 10 de agosto de 2020]. Mis amigos y yo estábamos sentados en el césped del parque Nayi cuando escuchamos unos gritos de auxilio. Una mujer de avanzada edad decía «¡ayuda, ayuda, por favor, necesito ayuda! ¡Socorro!». Yo me dispuse a salir corriendo hacia el chalet adosado, junto con mi amigo y su novia”. La web Confilegal, que dirige el periodista Carlos Berbell, ha tenido acceso a la declaración judicial del testigo de la agresión del magistrado del Tribunal Constitucional, Fernando Valdés, a su esposa, la Sra. Verelst, según la declaración judicial. Según relata el joven, sus amigos y él junto a varios testigos más (al menos 6) vieron como en la terraza de un chalet cercano, en la segunda planta, «una mujer se agachaba. El agresor, un hombre también de avanzada edad, la agarró del hombro y del brazo y la metió para dentro de la habitación. Todo el mundo que estábamos allí, mis amigos, yo, dos ciclistas y dos chavales que pasaban caminando por delante de la casa vimos lo que estaba ocurriendo. Una vez que la metió dentro de la casa, todos nos asustamos. Estábamos a pocos metros. Le grité a la mujer si necesitaba ayuda. Si estaba bien. Pregunté a gritos que qué estaba ocurriendo. No recibí respuesta ninguna del interior del chalet. Pensé en saltar la valla pero no lo hice porque hubiera sido allanamiento de morada y el hombre este me podía meter una denuncia”, continúa su relato. “A continuación vimos cómo el hombre apareció y nos miró, a través de la ventana, durante un minuto o minuto y medio. Después cerró las cortinas. Notamos una serie de vibraciones en el cristal, como unos golpes retumbando. Así que yo pienso que ahí la estaba pegando“, añade. “No ha pasado nada», nos aseguró. Yo le respondí que a mí eso me daba igual, que yo ya había llamado a la Policía, que les iba a contar los actos que había visto. Lo que había ocurrido. Incluyendo los gritos de auxilio. Me contestó que no había problema, que llamase a la Policía. Ocho minutos después de colgar, vinieron dos coches de la Policía Local. Luego vino un coche patrulla de la Guardia Civil. Y también un coche del SAMUR, que supongo que fueron para asistir a la mujer. A partir de ahí ya no sé más”, concluye. El magistrado fue detenido a las 21.30 horas y conducido al cuartel de la Guardia Civil de Majadahonda, donde prestó declaración. Fue en ese marco cuando reveló que era juez del Tribunal Constitucional.

Carlos Berbell

Calos Berbell señala que «este es uno de los dos jóvenes que denunciaron ante la Policía Local lo que sucedió, el pasado lunes por la tarde, en el domicilio que el magistrado del Tribunal Constitucional, Fernando Valdés Dal-Ré, comparte con su esposa en Majadahonda, localidad al Oeste de Madrid. «La magistrada titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 7 de Majadahonda, competente en Violencia de Género, Elena Garde, advirtió al joven, al que tomó declaración, que no podía contar nada a nadie de lo que había visto el día interior, con la intención evidente de hurtar al conocimiento público el caso del magistrado del Tribunal Constitucional», añade el periodista.

«NOS ABRIO CON LA MANO TEMBLANDO». En su relato, el joven testigo cuenta como y cuando telefoneó a la Policía. “La llamé alrededor de las 8 de la tarde. Duró cuatro minutos. Lo tengo en una foto de mi móvil”, precisa. “Llamo. Informo de la situación, comento lo que hemos visto. Los gritos de auxilio. Describo la situación y cuelgo”. “A continuación, mi amigo y yo, tocamos el telefonillo de la puerta exterior para que nos abrieran con el fin de saber si le había ocurrido algo a la mujer”, recalca. “Toqué hasta siete veces el telefonillo. Hasta que el hombre nos abrió la puerta. Fuimos hasta la puerta de la casa. Allí nos abrió con la mano temblando, apoyada en el marco de la puerta. Con voz temblorosa nos dijo que todo estaba bien, que no nos preocupásemos“, sostiene.

EL JUEZ ALEGA QUE PADECE CANCER E INSUFICIENCIA RESPIRATORIA PARA EVITAR PASAR LA NOCHE EN EL CUARTELILLO DE LA GUARDIA CIVIL. «Valdés Dal-Ré, de 75 años, padece cáncer, por lo que, cuando comenzó a sentirse indispuesto, los agentes de la Benemérita lo trasladaron al Hospital Puerta de Hierro, en Majadahonda, donde pasó la noche en observación. Había sufrido una insuficiencia respiratoria. Por la mañana fue conducido al Juzgado Mixto 7, con competencia en Violencia sobre la mujer, donde la magistrada Garde le tomó la declaración preceptiva, al igual que a su mujer, que no presentó denuncia, y a los testigos –uno de ellos es uno de los dos jóvenes–. Este tipo de delitos son perseguibles de oficio por lo que no es precisa la denuncia de la víctima. Al conocer que el detenido era un magistrado del Tribunal Constitucional y que, por lo tanto, gozaba de aforamiento –solo puede investigarle y juzgarle el Tribunal Supremo–, la magistrada se inhibió a favor del Alto Tribunal, que es quien tendrá que decidir finalmente. El Ministerio Fiscal, por su parte, solicitó su puesta en libertad. “La autoridad judicial ha adoptado esta decisión tras valorar el estado de salud y la edad del detenido, teniendo en cuenta la epidemia sanitaria derivada del Covid-19 y que, por su condición de magistrado del TC, está aforado ante el Tribunal Supremo”, informó después la Oficina de Comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

SE LE TIENE QUE APLICAR EL «CANON REFORZADO» QUE EL MISMO SENTENCIO. «Se da la circunstancia de que la Sección Segunda del Tribunal Constitucional, de la que forma parte el magistrado Valdés Dal-Ré, el pasado 2 de julio dictó una sentencia declarando que las instrucciones penales que tengan por objeto denuncias por violencia de género los jueces deben llevar a cabo el canon reforzado constitucionalmente exigible de realizar “una investigación suficiente y eficaz”. En este caso, el tribunal estimó el recurso de amparo de una mujer a la que se le vulneró su derecho a la tutela judicial efectiva por haber sobreseído provisionalmente el caso nada más prestar declaración el denunciado, su exmarido, sin que el juzgado instructor hubiera practicado ninguna diligencia, pese a haberlo solicitado para acreditar los supuestos malos tratos recibidos. Un canon reforzado que, como doctrina constitucional, es aplicable a todos los supuestos casos de violencia de género», concluye Confilegal.