J. FEDERICO MTNEZ. La «exposición razonada» de la jueza de Majadahonda, Elena Garde, obliga al Tribunal Supremo a juzgar al magistrado del Tribunal Constitucional, Fernando Valdés, también residente en el Parque Clamart de Majadahonda, donde se ubica la casa en la que ocurrieron los hechos de violencia de género hacia su esposa, la Sra. Verelst, que dos testigos escucharon y que han acreditado en el Juzgado número 7 de Majadahonda. El diario «El País» avanza que «las circunstancias de su arresto han causado malestar en el TC» al tiempo que expresan su «disgusto» porque el mando responsable de la Guardia Civil de Majadahonda y la magistrada no informaran al presidente del Tribunal Constitucional, Juan José González Rivas, que «se enteró por los medios de comunicación». Sin embargo, otros medios judiciales consultados ven la actuación de ambos mandos como «impecable»: «la mujer (esposa) salió al balcón gritando y pidiendo auxilio y el hombre (el juez) la introdujo violentamente en casa» para que no se la oyera. Cerró también las cortinas para que no se viera nada y dentro «los cristales empezaron a vibrar y se escucharon golpes como «pun, pun, pun». Después de los cristales, echaron las cortinas», declaró el testigo, recogieron la jueza y los guardias civiles y aclara el atestado. El magistrado reconoce que «puede ser que él la cogiera de los dos brazos y entraron los dos en la habitación». El padre del actual secretario de Estado de Turismo, Fernando Valdés Verelst, se enfrenta por ello a una pena por un delito de malos tratos que según el diario El País debe aplicarse por el artículo 153 del Código Penal y que se eleva a «6 meses a 1 año de prisión o de trabajos en beneficios de la comunidad de 31 a 80 días». ¿Motivo? Quien «golpeare o maltratare de obra a otro sin causarle lesión, cuando la ofendida sea o haya sido esposa», por lo que deja sin efecto que la Sra. Verelst no quisiera denunciar ni ser reconocida por un forense por el posible estigma social que todavía conlleva ser víctima de este delito. Haber sorprendido al magistrado del TC «in fraganti», según declaran los testigos y acreditó la Guardia Civil, ha causado una reacción corporativa de las asociaciones judiciales, entre ellas la progresista «Jueces y Juezas para la Democracia», así como del propio Tribunal Constitucional.

Dada la repercusión nacional e internacional del caso, el problema añadido es que una anterior sentencia del propio Fernando Valdés en el Tribunal Constitucional le deja poco margen al Tribunal Supremo para actuar y juzgar, porque exige una investigación a fondo del caso. El propio Fernando Valdés había escrito que «el sobreseimiento provisional decretado infringiría los principios básicos del Convenio sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica, hecho en Estambul y suscrito por España”. Y «el canon reforzado constitucionalmente exigible (deber de investigación suficiente y eficaz), en los casos en que las víctimas sean personas especialmente vulnerables en supuestos de violencia de género obliga a que su investigación no quede constreñida al mero contraste superficial de los testimonios enfrentados entre sí, por compensación o contrapeso entre ambos”. Por lo tanto, los testigos y los agentes de la Guardia Civil, entre ellos la sargento que ejecutó el arresto del juez, lo llevó al cuartelillo de Majadahonda y después al Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda cuando alegó «insuficiencia respiratoria» para no pasar la noche en el calabozo, tendrán que proporcionar su versión de los hechos. Incluso «la investigación penal requiere en estos casos que la intervención judicial colme dos necesidades muy concretas: emplear cuantas herramientas de investigación se presenten como racionalmente necesarias, suficientes y adecuadas ante toda sospecha fundada de delito, y evitar demoras injustificadas que puedan perjudicar el curso o el resultado de la investigación«, según la propia sentencia con la que ahora el magistrado es acusado.

JOSÉ ANTICH. ¿Tan poco les importa al PSOE y al PP la violencia de género? El estrepitoso silencio que están manteniendo los dos grandes partidos españoles, el PSOE y el PP , así como toda su corte mediática, con el caso del magistrado del Tribunal Constitucional Fernando Valdés, detenido en su domicilio de Majadahonda, en la provincia de Madrid, por una acusación de violencia de género es tan llamativo que es ofensivo. Nadie le ha pedido la dimisión -el PP hizo una tentativa con la boca pequeña– y el TC incluso hizo un comunicado poniendo de relieve su presunción de inocencia. Y allí sigue Valdés en su cargo, ya que tampoco ha dimitido. El Constitucional dice estar consternado por la situación pero el nivel de resistencia para un nuevo escándalo en el Tribunal debe ser superior al sonrojo que produce la situación. Por si había dudas, este jueves 13 de agosto de 2020 la titular del juzgado de Instrucción número 7 de Majadahonda, lejos de archivar el caso lo ha enviado al Supremo, como es preceptivo en estar aforado, por un presunto delito de maltrato en el ámbito familiar de acuerdo con el artículo 153 del Código Penal que establece penas de hasta un año de prisión. Es obvio que la magistrada Elena Garde debe haber visto sólidos indicios para meterse en un avispero tan complicado como este ya que el delito de violencia de género afecta a un miembro del TC. Uno de los testigos relató cómo sintió la mujer gritar ayuda en varias ocasiones y pedir socorro, y por eso avisaron a la Guardia Civil.

No deja de ser chocante, clamorosamente llamativo y preocupante que hasta el momento el auto de la magistrada de Majadahonda no se haya cambiado el guión establecido: esperar que se corra la polémica. Contaba Elisa Beni en un artículo publicado el miércoles pasado en este diario que Juan Carlos Campo y Enrique López ya han cerrado un acuerdo en nombre del PSOE y del PP para la renovación de los vocales del Consejo General del Poder Judicial y que afecta también a la presidencia del CGPJ y del Tribunal Supremo, y que sólo se esperaba que Pedro Sánchez y Pablo Casado encontraran el mejor momento para anunciarlo. Y en medio de todo este pacto para repartirse, como siempre, el pastel, estalla el tema de Fernando Valdés y el presunto delito de violencia de género. Y entra el juego la política partidista que siempre pasa por delante y el miedo que la dimisión o el cese del magistrado del Constitucional acabe echando atrás el acuerdo para el CGPJ. Muchas teclas, muchos intereses y mucho poder judicial en juego. Pero la juez de Majadahonda sólo tiene en su mesa un caso de violencia de género, cree que hay un presunto delito y la eleva al Supremo. En España, uno siempre tiene la impresión de que no lo ha visto todo. *Artículo publicado en El Nacional.