J. FEDERICO MTNEZ. Algo está fallando en la seguridad de Majadahonda y las cifras son concluyentes. Las últimas estadísticas oficiales disponibles del Ministerio del Interior, correspondientes al tercer trimestre de 2019, no arrojan lugar a dudas: mientras en Majadahonda suben un 13,6% los robos con fuerza en domicilios, establecimientos y otras instalaciones, en el resto de las ciudades de la Zona Oeste de Madrid con más de 50.000 habitantes, las consecuencias de este tipo de criminalidad bajan: Las Rozas (-16,5%), Pozuelo (-15,2%) y Boadilla (-2,5%). A pesar de estas diferencias en la gestión de la seguridad, en general son unas cifras bastante malas, pues los ladrones se ceban en los municipios donde las rentas per cápita son mayores (Zona Oeste de Madrid) y los sistemas públicos de prevención de seguridad, tanto municipales como nacionales, naufragan estrepitosamente. En Majadahonda, la Guardia Civil ha registrado en 2019 un total de 317 denuncias al mes por infracciones penales, lo que supone que cada día se acercan hasta sus dependencias 10 vecinos para denunciar y entre ellos los de mayor alarma social: robos con fuerza en domicilios, empresas y comercios, sustracciones de vehículos, hurtos, agresiones, tráfico de drogas y hasta 3 homicidios dolosos y asesinatos en grado de tentativa. En Las Rozas son 360 delitos penales mensuales, lo que significa que se perpetran 12 delitos diarios. En Pozuelo no están mucho mejor: 292 delitos penales al mes se denuncian en su comisaría, con un total de 9,7 diarios, siendo Boadilla la más «leve» con 105 delitos al mes, que son 3,5 delitos diarios.

OPINIÓN. La responsabilidad sobre la delincuencia en Majadahonda y Zona Oeste de Madrid solo tiene un nombre y es el de los delincuentes que la practican. Y unas víctimas: los vecinos que sufren estos delitos que les dejan en situación de extrema vulnerabilidad. Sin embargo, existe además una responsabilidad política que en Majadahonda tiene un nombre: Nuria Wilde (PP), concejal de Seguridad. Muy pocos conocen siquiera su voz, apenas habla en el pleno y carece de experiencia en materia de seguridad, era auxiliar de vuelo. Por su parte, la responsabilidad «técnica» descansa en dos expertos: el teniente José Mérida (Guardia Civil) y el inspector José Calvo (Policía Municipal).

Ellos 3 toman las decisiones, deciden que policías deben vigilar en horarios nocturnos, siempre los más conflictivos, deben velar porque funcionen las cámaras de seguridad (el Colectivo Policial CPPM asegura que muchas están rotas) y que la coordinación funcione, además de perseguir a los delincuentes. A esta responsabilidad se le suma la singular política de Comunicación que ha decidido el nuevo alcalde Alvarez Ustarroz, trasladándola a su teórica concejala responsable, Marina Pont. Su criterio es claro: consiste en evitar trasladar toda información sobre seguridad a los medios de Comunicación locales, tarea a lo que se ve, infructuosa. En todo este desaguisado se sitúa como cómplice el concejal de Vox, Pablo Pérez: de pasar a hacerse fotografías en las manifestaciones del Colectivo Policial CPPM cuando era extraparlamentario y solo ejercía de técnico informático en una institución pública, entrevistándose con sus responsables y alineándose con su diagnóstico sobre la seguridad en Majadahonda, ha pasado a mantener un silencio clamoroso ante este palmario fracaso de gestión de su co-gobierno. Ver para creer.

La seguridad en Majadahonda, en cuanto a delitos de robos con fuerza, es la peor de la Zona Oeste de Madrid, según las estadísticas oficiales que de forma tan vergonzosa y disparatada los responsables de PP-Vox ocultan para ofrecerlas en sentido contrario. En Majadahonda se ha llegado a ver salir con aires triunfalistas en las televisiones a un jefe de policía tras producirse una brutal agresión y robo, algo inaudito. Esto ha generado quejas de la Guardia Civil por haberse alertado a los delincuentes y perderse pruebas por mala praxis sobre los primeros momentos que suceden a la perpetración de un delito. Podemos facilitar testimonios y datos sobre esto que decimos. Incluso se han llegado a falsificar las estadísticas oficiales de delincuencia, como se hacía antes y ha hecho recientemente en la «revista» municipal. Todo ello origina una caótica situación de la que ya se han apercibido las víctimas, pues las quejas vecinales se suceden, el Equipo de Gobierno se degrada y va perdiendo apoyos y credibilidad también en este asunto tan sensible. Y los delincuentes se aprovechan del desbarajuste: el reciente robo con explosivos y bombas en la sucursal de Bankinter del centro comercial La Bolsa (es la segunda vez que se produce y es la segunda vez que se atraca con explosivos tras lo ocurrido también en el Banco de Santander), supone no solo un salto cualitativo de consecuencias devastadoras sino la sensación de que Majadahonda en particular y la Zona Oeste de Madrid en general está abandonada y dejada a su suerte en materia de seguridad. Las estadísticas oficiales, que ya no pueden ser ocultadas ni manipuladas por más tiempo, hablan por sí solas. Y aquí están a disposición de todos los lectores: