«Conflicto social en Majadahonda: Desalojo en bloque de 26 familias. Una comunidad de ‘okupas’ será desahuciada de unos pisos en los que llevan viviendo ocho años sin luz ni agua. El Ayuntamiento sostiene que la orden procede del Juzgado y que es un edificio «ilegal». Así titula Marta Peiró el último reportaje del diario «El Mundo». Y no es el único: Telemadrid, el diario ABC, las agencias Efe y Europa Press y la Cadena 4, que ya se ha puesto en contacto con MJD Magazin, han publicado o publicarán reportajes sobre lo que ocurre en las denominadas «Casas Rojas» de la calle Neptuno de Majadahonda el próximo 24 de abril.  «Cada vez más medios se hacen eco de nuestro desahucio. Hoy se ha pasado la Guardia Civil a hacernos una visita. No hemos hecho nada malo, nuestro único delito es sobrevivir», indican los afectados. El Ayuntamiento, sin embargo, ha contestado lo mismo a todos los medios nacionales interesados por este asunto: «es el Juzgado, junto con la Guardia Civil, el que les desahucia, ya que el edificio es de un propietario privado», y puntualiza que «más que un desahucio es un desalojo«. Aseguran además que están coordinándose con distintos departamentos para que «los niños no se queden en la calle». «Nuestra prioridad es proteger a los menores». Para encontrar una solución contactaron con el Ayuntamiento y se reunieron con el segundo teniente de alcalde, Ricardo Riquelme. Él les pidió un escrito con sus peticiones: «que detengan el desahucio y que se haga una lista de viviendas conjuntamente con las personas que viven allí».

La controversia también ha llegado a las calles, foros y redes de Majadahonda. ¿Tienen derecho estas familias a ocupar estas viviendas por su precaria situación socio-económica? ¿Quien está ocupando las actuales viviendas sociales de Majadahonda y en base a que criterios? «No tenemos nada ocultar. Invitamos a tod@s l@s vecin@s de Majadahonda a conocernos. Nuestra puerta está siempre abierta (literal). Pedimos a los propietarios que nos dejen quedarnos pagándoles un alquiler social. No queremos vivir por la cara”, señala la red social de este colectivo. «¿Un alquiler social? ¿por qué no un alquiler a secas?», les ha contestado «demócrata anonimo‏», a lo que ellos responden: «Sin acritud. ¿Cree que si pudiéramos pagar un alquiler «a secas» hubiéramos llegado a esta situación? Un alquiler «a secas» es inaccesible».

En los foros de opinión de esos medios nacionales que han publicado la noticia no todo son apoyos: «De vergüenza, ni un español en la foto y sin medios de vida. Que los expulsen que no podemos mantener a tanta gente de fuera, pagamos impuestos para dar servicios que no nos podemos permitir, ya está bien» (Popoqui). «Pues que se haga cargo su país de ellos. España no puede resolver los problemas de esta gente. Lo primero es que si no están cualificados, nunca deberían haber entrado, como les pasa a los españoles en Australia, Canadá, Japón, etc. Vagos y maleantes ya tenemos autóctonos, como para tener que importarlos» (Kammler). «Aunque el Ayuntamiento me diga que me va a reubicar, me va a dar pena porque este es mi hogar»… oye perdona, yo cuando me tengo que reubicar me compro un piso o pago un alquiler, ¿tú por qué no lo haces? ¿que te impide hacerlo? si yo puedo, tu puedes también ¿no?, ¿o tengo que pagar yo el mío y también el tuyo?» (Sevigne).

Algunos de los testimonios de los afectados son dramáticos: «Llevo siete años en España desde que vine de mi país, seis años viviendo aquí. Aunque el Ayuntamiento me diga que me va a reubicar, me va a dar pena porque este es mi hogar. Buscamos una solución efectiva por su parte y pedimos que puedan hacer algo por nosotros». Así habla Diego Marín, «uno de los ‘okupas’ de los pisos de Majadahonda que va a ser desahuciado el 24 de abril. Marín forma parte de una comunidad de 26 familias de origen latino, entre las que hay 25 niños. Llevan ocho años sin luz, agua ni gas, servicios básicos que, aseguran, el Ayuntamiento les ha negado. Desde el exterior, el edificio parece habitable. En él podría residir una comunidad de vecinos típica. No da la sensación, por el contrario, de estar ‘okupado’, ni de haber sido abandonado por su constructor», cuenta la periodista Marta Peiro.

Según el Consistorio, «es un edificio ilegal que supera la altura» permitida en la localidad. Al pasar al interior de los pisos, estos se encuentran limpios, cuidados. Las paredes no están llenas de grafittis rebeldes, sino pintadas o adornadas por azulejos. Como si los inquilinos fueran los dueños, los okupas están lejos de ser vándalos: conviven organizados, subsistiendo como pueden y ayudándose los unos a los otros. Sin causar problemas a los vecinos, como confirma el Ayuntamiento. Personas con «necesidades especiales»: Entre ellos, según cuentan miembros de la comunidad, hay «personas discapacitadas, con parálisis de la parte izquierda; otra persona, Carlitos, con cáncer. Otro que tiene un 40% de discapacidad y muchas que sufren de depresión, jubilados…».

Carlos Villalba tiene 25 años y lleva siete viviendo solo en uno de estos pisos. «No tengo familiares ni nada. Me tuve que venir aquí porque no tenía ingresos», cuenta. El joven acabó su tratamiento de quimioterapia gracias a que «un grupo de amigos del fútbol» se lo pagó, dice. Igualmente, Román Santana, con una discapacidad del 40%, se mantiene como puede: «Mis amigos me dan cinco euros para comer, con eso me aguanto». Santana, que afirma tener que «buscarse la vida» al no poder trabajar, tiene que tomar una medicina a diario, que compra gracias a una tarjeta que le dieron los servicios sociales. ‘Okupas’ por necesidad: Hasta estas casas, afirma Marín, les llevó la crisis. «Hemos llegado aquí por necesidad y nos hemos mantenido con muchas dificultades, pero hemos sobrevivido». Cuando encontraron las viviendas, según el portavoz de la comunidad, Angelo Santangelo, «aquí había unos gitanos que mantenían el edificio en zozobra». Les echaron y recuperaron unos edificios en los que «antes no se podía vivir», señalan.»Vamos a luchar»: Por ello piden hablar «directamente con la constructora». «Que detengan el desahucio y busquemos todos pacíficamente una solución», subrayan. Afirman que podrían «pagar un alquiler o pagar por cuotas» al dueño, pero insisten en que buscan «una solución habitacional», añade el reportaje.

Tras recibir la quinta orden de desahucio «por debajo de la puerta», han recurrido a plataformas sociales, como STOP Desahucios. «Vamos a continuar con la lucha porque somos ciudadanos de Majadahonda», apunta Marín. Apoyo legal: Su caso lo lleva el abogado José Manuel Barroso, que afirma que «la gente criminaliza a estas personas como okupas sin tener ni idea de la realidad ni de los problemas que sufren». Según Barroso, «los organismos públicos y la sociedad de Majadahonda miran para otro lado, y aquí hay un problema social grave de unas personas que necesitan ser atendidas como cualquier otro ciudadano». El abogado declara que los okupas fueron acusados de usurpación, pero la Audiencia Provincial archivó la causa. «Ahora lo han encauzado como una demanda civil», informa. Además, critica que el alcalde, Narciso de Foxá, «tiene la obligación de cuidar a todos los ciudadanos de Majadahonda y no lo está haciendo. Aquí hay personas con unas necesidades básicas especiales». Leer más