MANU RAMOS. Jose Ramón Blanco Balín, ex inspector de Hacienda con varias condenas Gürtel a sus espaldas y que en el caso Gurtel de Boadilla quiere una sentencia de conformidad, ha reconocido este jueves 18 de noviembre (2021) ante el juez los hechos que le imputa la Fiscalía. Blanco Balín era asesor de Correa «para sus sociedades patrimoniales», pero además, ha reconocido conocer tanto al dueño de Teconsa como a José Luis Ulibarri, porque como él, son de El Bierzo (León). «A los de Teconsa los conozco porque somos del mismo pueblo de León, hay relación entre nuestras familias desde hace más de 40 años, así que conocí al padre y conozco a los hijos, y he llevado el asesoramiento fiscal de sus empresas. Sé que tenían relación con Correa y que hacían cosas juntos en Boadilla, en Majadahonda…», ha recordado. También ha reconocido conocer a Ulibarri por ser de la zona de Ponferrada. «Sabía por Correa que habían tenido relación por algún tema inmobiliario y por una operación que no se llevó a efecto», ha dicho. Blanco Balín ha dado prolijas explicaciones sobre pagos que se realizaron a través de empresas radicadas en Vancouver, y con la ayuda del controvertido suizo gestor de fortunas, Arturo Fasana, según informa Eldiario.es. La constructora leonesa Teconsa pagó 1,3 millones de euros a Francisco Correa por las adjudicaciones de vivienda protegida que consiguió en Boadilla del Monte. Así lo ha declarado en el juicio Gürtel Boadilla el que fue responsable de la empresa, José Luis Martínez Parra, que cumple una condena de más de 11 años en el Centro Penitenciario de Segovia por otra pieza de Gürtel.

Que Teconsa se benefició ampliamente de la trama lo había contado poco antes el que fue gerente de la EMV, la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de Boadilla, Tomás Martín Morales, apodado en los apuntes como «el santo» y que se ha definido como un «correveidile» entre Correa y el entonces alcalde de la localidad, Arturo González Panero, cuando su relación se agrió. Martín Morales, que militaba en las juventudes del PP de Getafe cuando conoció a Correa a mediados de los 90, ha relatado como éste tejió una red clientelar basada en favores a empresarios y políticos, con invitaciones en zonas vip. «Decía que había que adjudicar a determinados empresarios porque ayudaban al partido, porque lo decía ‘la casa’, o ‘los de arriba'», ha comentado. «Correa era el entrenador y usaba a las personas a su libre arbitrio. Decidía todo: cuál era la empresa, dónde la adjudicación, en qué Ayuntamiento, cuánto cobraba, cuánto repartía», ha especificado en su declaración ante el juez. Respecto a Teconsa, ha recordado que «todas las adjudicaciones de vivienda» fueron para la constructora leonesa «porque lo dijo el señor Correa, que elaboró los pliegos», señala la crónica del juicio.

ENTRADAS PARA EL OPEN DE MADRID DE TENIS. En concreto, Teconsa consiguió tres adjudicaciones de 96, 80 y 50 pisos. «El vestía los pliegos para hacer que fueran para Teconsa. Antes, la Ley de Contratos solo exigían publicidad y pública concurrencia. La redacción de los pliegos era ortodoxa y formal, no había trampas pero la adjudicación se conducía por los informes técnicos, y parte de esos informes los hacía el concuñado de Correa«. El exdiputado de la Asamblea de Madrid, Alfonso Bosch Tejedor, que sucedió a Martín Morales en el cargo en 2003, ha confirmado que Correa ofrecía palcos vip en el Open de Madrid de Tenis o en partidos del Real Madrid a políticos y empresarios. Y era allí donde se hacían los «amaños» en las adjudicaciones

El juez instructor De la Mata observó en los acusados delitos de fraude a las administraciones públicas, falsedad en documento mercantil, contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales, asociación ilícita, tráfico de influencias, prevaricación y cohecho y, para asegurar las eventuales multas y responsabilidades civiles que pudieran gravarse a cada uno de los acusados, impuso fianzas de más de 150 millones de euros. Las principales piezas de esta maquinaria habrían sido Correa y su ‘número dos’, Pablo Crespo, para los que Anticorrupción reclama penas de cárcel de 76 años y 7 meses y de 64 años y 7 meses, respectivamente. Les sigue el entonces alcalde de Boadilla del Monte, Arturo González Panero, bautizado por la trama como ‘El Albondiguilla‘, para quien solicita una condena de 40 años y 7 meses de prisión. En un escalón inferior están los ex gerentes de la Empresa Municipal del Suelo César Martín y Alfonso Bosch.