PP Majadahonda se va de vacaciones con 4 sumarios del «caso Púnica» y 1 más abierto por el ex alcalde desde prisión

MANU RAMOS. Nuevo «mazazo» judicial y mediático al Partido Popular (PP) por los episodios de corrupción que asolaron la Comunidad de Madrid en la época de sus dos vicepresidentes (Paco Granados e Ignacio González), que tras saquear las arcas autonómicas, terminaron en la cárcel. Y 5 sumarios abiertos contra la gestión del Ayuntamiento de Majadahonda, el último de ellos revelado por el ex alcalde «Willy» Ortega desde la cárcel. «El ‘Caso Púnica‘. Las agendas marcan. Esta semana acaba el plazo para la investigación de la financiación irregular del PP de Madrid, que arrancó con el hallazgo de la Moleskine de Granados. La Fiscalía cree que quedan hilos de los que tirar», titula el periodista J. J. Gálvez en el diario «El País».  Y «El Independiente» señala que «Anticorrupción pide que se amplíe la investigación sobre la financiación irregular del PP de Madrid». En un texto firmado por la agencia Europa Press indica que el «conflicto» jurídico «por la nueva pieza 13» reside en que «uno de los asuntos sobre los que debe decidir al Sala de lo Penal es el recurso de apelación planteado por Anticorrupción contra la apertura de la pieza separada 13, con la que se pretende ahondar en las revelaciones hechas desde la cárcel por el ex alcalde de Majadahonda Guillermo Ortega, alias ‘El Rata’». La agencia precisa que «la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al juez de la macrocausa ‘Púnica’, Manuel García-Castellón, que prorrogue tres meses las pesquisas sobre la pieza separada 9, dedicada a investigar la presunta financiación irregular del PP de Madrid, argumentando que aún quedan pendientes cuestiones cuya resolución no se prevé antes del jueves 29 de julio (2021), cuando está estipulado el fin de la instrucción.

Según las fuentes jurídicas consultadas por Europa Press, el Ministerio Público ha esgrimido que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional todavía no se ha posicionado sobre el recurso de apelación que presentaron los fiscales contra la decisión del juez de no acordar determinadas diligencias. Las mismas fuentes han explicado que, en el supuesto de que la Sala de lo Penal se pronunciara a favor de dichas pesquisas, ya no podrían practicarse porque la resolución se habría producido una vez finalizada la investigación. La reforma del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim) llevada a cabo el año pasado ha supuesto que diversas instrucciones caduquen el 29 de julio a no ser que los jueces que las comandan acuerden una prórroga. Las diligencias ordenadas antes de la fecha límite pueden incorporarse a la instrucción, aunque lleguen después de que ésta haya acabado, pero las no acordadas con anterioridad ya no pueden realizarse».

Por su parte, «El País» recuerda como «en verano de 2020, García-Castellón decidió ampliar un año más la investigación del caso Púnica pese a las quejas de Esperanza Aguirre. El juez de la Audiencia Nacional fijó entonces el 29 de julio de 2021 como nueva fecha de vencimiento. Ese plazo se cumple el próximo jueves, pero la acusación popular y la Fiscalía consideran que todavía quedan pesquisas por hacer dentro de la Pieza Separada 9. Sobre todo, después de que Guillermo Ortega, ex alcalde de Majadahonda y actualmente en prisión por el caso Gürtel, presentase este abril una serie de facturas que, según dijo, evidencian que existió otra vía de entrada de fondos irregulares en la formación por más de un millón de euros». El magistrado no comparte la idea del ministerio público. «Después de que la Sala de lo Penal ya instase el pasado febrero a “no demorar por más tiempo la conclusión” de esta “larguísima instrucción”, García-Castellón decidió el 12 de mayo abrir otra Pieza Separada —la 13— centrada en las revelaciones del ex alcalde de Majadahonda, e instruir estas de forma independiente a la número 9. Una opción que ha recurrido Anticorrupción, que defiende que el testimonio de Ortega evidencia la presunta existencia de otra pata más de financiación irregular y, por tanto, no puede desgajarse», señala el periodista.

Pieza “terminada”: “Parece desprenderse del texto del auto de formación de la pieza, en relación a los plazos de instrucción, que la cuestión no está tanto en si los hechos son conexos, o no, como en que el instructor ha manifestado su íntima convicción de que la pieza 9 esta terminada”, reprochó el ministerio público al juez en su recurso, pendiente de resolver, donde se hace hincapié en que esta línea de investigación no lleva abierta desde hace siete años, sino desde 2016. Para ello, en su escrito, el ministerio público repasa a lo largo de 17 páginas los hitos de Púnica, cuyo origen sitúa en la querella que se presentó en junio de 2014 donde “no se hacía mención alguna a una posible investigación cuyo objeto fuesen las presuntas irregularidades en la financiación de las campañas autonómicas de 2007 y 2011, como tampoco las derivadas de las elecciones generales de 2008, en relación al PP de Madrid”. Entonces, tenían la diana puesta exclusivamente en Granados, quien había “utilizado sus influencias políticas y públicas desde los puestos que ocupó, primero [como alcalde] de Valdemoro y después en la Comunidad de Madrid, para favorecer” a constructores como David Marjaliza y Ramiro Cid, “recibiendo diversas contraprestaciones por ello”, revela el artículo.

Una agenda «reveladora». «No sería, continúa la Fiscalía, hasta que se estudió a fondo la Moleskine hallada de forma “casual” en casa de Granados, cuando se dio el salto en las pesquisas y se pasó a apuntar al PP de Aguirre. “Fue por un auto de 10 de febrero de 2016 por el que se autorizó la apertura de esta nueva línea de investigación, por lo que puede decirse que fue a partir de tal fecha cuando judicialmente se inicia la investigación sobre los hechos que darían lugar a la pieza 9”, resalta Anticorrupción, que considera “verosímiles” las anotaciones de la Moleskine que implican a Granados y Gutiérrez. Estos apuntes, reflejarían “una sobrefinanciación no declarada en las campañas electorales, así como una vía de obtención de fondos prohibida”, concluye el ministerio público.

LAS 13 PIEZAS SEPARADAS DEL CASO Y LAS 5 QUE AFECTAN AL AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA: Único juicio. «Tras varios cambios desde el inicio de la investigación, la instrucción del caso Púnica suma actualmente 13 piezas separadas (las que figuran en color verde afectan a la gestión del Ayuntamiento de Majadahonda). La número 1, centrada en el chivatazo que un guardia civil dio a Francisco Granados sobre las pesquisas, es la única que se ha juzgado ya. El Tribunal Supremo confirmó dos años de cárcel para el exdirigente del PP. Vistas pendientes. El juzgado de instrucción de la Audiencia Nacional ha enviado a juicio las Piezas 2 y 3, centradas en las adjudicaciones irregulares en León y Murcia respectivamente. La respectivas vistas orales todavía no se han celebrado. En instrucción. El resto de piezas sigue en instrucción. Las 4 y 5 versan sobre las tramas de corrupción urbanística en los Ayuntamientos de Valdemoro y Torrejón de Velasco, entre otros. La 6 y 7, se centran en las empresas Cofely y Waiter Music. La 8, en la etapa de Granados en la Comunidad de Madrid. La 9, en la financiación irregular del PP.

La 10, en los trabajos de reputación online de las compañías de Alejandro De Pedro. Y la 11 fija la diana en Alfedel S. L., una sociedad que ofrecía sus servicios a cooperativas de profesores para facilitarles la construcción en suelo público de colegios concertados y que permitió a la trama embolsarse presuntamente hasta 19 millones de euros. Las nuevas. En el último año, el juez abrió dos piezas nuevas, que siguen en instrucción. La 12, centrada en el delito de blanqueo de capitales y la recuperación de activos. Y la 13, sobre las últimas revelaciones de Guillermo Ortega, ex alcalde de Majadahonda».