MANU RAMOS. La inflación anual estimada del IPC en octubre de 2021 es del 5,5%, de acuerdo con el indicador adelantado elaborado por el INE, lo cual está causando preocupación e inquietud entre los vecinos de Majadahonda, una de las cuales ha sido entrevistada por el diario «La Nación» de Argentina para ilustrar que está ocurriendo en España. Además, la subida descontrolada de precios y salarios públicos, sobre todo en el sector estatal, autonómico y municipal, tras 2 años de pandemia donde no era obligatorio ir a trabajar, trae ahora como consecuencia un problema económico grave en el horizonte. El periodista José Luis Aranda cuenta como «los precios encadenan 8 meses de subidas consecutivas. Y en paralelo, las cuestiones sobre la actualización de los alquileres ha ido ganando peso en los servicios de consultas jurídicas. Legálitas calcula que las llamadas relacionadas con la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) han aumentado un 10% en los últimos dos meses. “Preocupa al inquilino e interesa mucho al arrendador”, resume Macarena Redondo, abogada del departamento de Inmueble de esa compañía. Tradicionalmente, muchos caseros ignoran esa posibilidad y eligen dejar las cosas como están. Pero la subida del IPC aumenta la posible ganancia y eso hace que se interesen más por el asunto. Es lo que le ha pasado a Virginia Martínez, una empleada de banca de 38 años que vive en Majadahonda (Madrid). Esta semana ha recibido una correo electrónico en el que le exigen un aumento de renta de casi 50 euros. “El alquiler lo gestioné de manera un poco rápida por una situación personal. Hablé con ellos y les pregunté si tendría incrementos importantes de renta y me dijeron que no, pero no me leí todo el contrato. Sé que hice mal”, cuenta.

La primera recomendación de la experta legal es, precisamente, “revisar el contrato y verificar la normativa aplicable y el contenido de las cláusulas”. El mecanismo para ajustar los precios del alquiler ha sido objeto de muchas modificaciones legislativas en los últimos años. Hasta cinco veces se ha cambiado el artículo 18 de la Ley de Arrendamientos Urbanos, el que se refiere a la actualización de la renta, en los últimos 8 años, pero a grandes rasgos hay que diferenciar dos situaciones: si el contrato se firmó antes o después del 31 de marzo de 2015. En los anteriores, el casero tiene derecho a subir anualmente lo que haya variado el IPC; en los posteriores solo podrá hacerlo si así consta específicamente en el contrato. Subidas no retroactivas: ¿Y cómo se produce esa actualización en caso de que sea oportuna? “Es necesario que el arrendador lo comunique; por tanto, hasta que no haya esa comunicación, el inquilino no tiene obligación de pagar más renta”, explica Redondo. A Virginia Martínez, por ejemplo, le preocupa que el correo que recibió le pide pagar varios meses de atrasos. Su casa unifamiliar cuesta 1.850 euros, un precio que le parece “excesivo”, sin embargo, aceptó porque para ella era una solución temporal ante una situación personal complicada. 

«Como la actualización de renta era en junio, los 50 € de aumento responden al índice del 2,7% publicado entonces. La subida es anual: se puede producir cada año en la misma fecha en que se firmó el contrato y debe hacerse con el último dato de IPC que estuviera disponible en ese momento. Cuando se ha firmado el día 1 de mes, que es lo más habitual, eso implica generalmente aplicar el índice de dos meses antes (el de octubre, del 5,4%, que se ha publicado ahora servirá para actualizar los contratos de diciembre). La abogada recuerda que el casero puede exigirlo en cualquier momento una vez superada la anualidad, pero jamás se aplica retroactivamente. Si el propietario del piso tarda unos meses en pedirlo, en ese periodo el inquilino sigue pagando lo mismo y solo aplica el nuevo precio una vez le hayan comunicado la subida», concluye el periodista.