La reunión del alcalde y los dos concejales con ASURMAJ se recogerá en un acta
LIDIA GARCIA. La Asociación de Urbanizaciones de Majadahonda (ASURMAJ) mantuvo este martes 1 de febrero (2022) a las 18.00 horas un encuentro en el Ayuntamiento de Majadahonda con el alcalde, José Luis Alvarez Ustarroz y los concejales Angel Alonso (Economía) y Vanesa Bravo (Urbanismo) en el que abordaron diversos temas y problemas que afectan a la ciudad. Por parte de ASURMAJ asistieron su presidente, el militar Alvaro Garnica Sáinz de los Terreros, el vicepresidente y empresario Guillermo Lucendo Andújar y el secretario Javier Caballero López, funcionario municipal en el Ayuntamiento de Madrid y ex concejal del PP en Majadahonda, así como otros miembros de la Junta Directiva, que hasta las próximas elecciones está compuesta por Santiago Vergara Martín (tesorero) y los vocales Cristina Urbasos Tapia, José Luis Fernández Peraleda, Federico Fernández Aceytuno y Manuel Morencos Olier.
Lidia García
Tras la reunión, sobre la que no hubo un orden del día y ambas partes quedaron en elaborar un acta que recogiese su contenido, no se adquirieron compromisos concretos. Fueron muchos los temas que suscitaron la reflexión de ambas partes, aunque fueron tres los que destacaron por su mayor interés: la aplicación de la normativa de terrazas sobre la hostelería (que también provocó recientemente la protesta de la Asociación Vecinal de Majadahonda e Izquierda Unida), el cierre de la piscina municipal y la gestión cotidiana de la ciudad respecto a calles, aceras, limpieza y obras.
Las urbanizaciones recogieron numerosas quejas de vecinos que señalan que los bares están “extralimitándose” en sus espacios incluso en horarios comerciales y sobre todo en la zona de Gran Vía y Plaza de Colón. Los responsables municipales respondieron que se han abierto algunos expedientes pero se negaron a aplicar más medidas expeditivas o sancionadoras. El segundo tema que más preocupó fue el cierre de la piscina municipal, ya que ha recibido numerosas protestas por parte de los asociados afectados, que se estima se acercan más a las 1.200 familias que a las 700 a las que las restringe el Ayuntamiento. Tampoco hubo aquí compromisos concretos, más allá de los lamentos por el deterioro que ha sufrido esta instalación pública durante estos 3 años de legislatura y las plegarias comunes para que se arregle lo antes posible, aunque se admitió que no será antes de 2 años, ya en la próxima legislatura y tras las elecciones de 2023. En este sentido recordar que el alcalde anunció en el último pleno que tanto él como sus concejales de PP y Vox asumirán sus “responsabilidades” por el “desgaste electoral” que esta situación conlleva, dada la imprevisión de gestión que evidencia la situación y que fue admitida también en el último pleno del Ayuntamiento celebrado en enero.
Los numerosos accidentes en los pasos de cebra por su invisibilidad y falta de pintura, los problemas de la limpieza de la ciudad, las dificultades para implantar la recogida neumática de basuras, el retraso en instalar la pasarela de Roza Martín y en acometer las obras de la rotonda que está causando dificultades de tráfico en la zona, la necesidad del acondicionamiento de los parques infantiles, la falta de inspección sobre las podas en urbanizaciones cuya vegetación invade el espacio público, los botellones descontrolados en los parques y zonas de ocio, la inseguridad ciudadana, la suciedad en determinados barrios y calles o la instalación de farolas en las aceras que obligan a los peatones a atravesarlas pisando la calle, con riesgo para la seguridad física por los coches, fueron otros temas abordados, aunque con la tranquilidad y el sosiego de un “café”, sin mayor compromiso. Y tras casi dos horas de reunión se dio por finalizada la cita.
