NURIA LANZA. «¿Peaje en las autovías? La letra pequeña del (in)evitable futuro de las carreteras. ¿Quién paga el mantenimiento de las carreteras, quien las use o vía presupuestos?, ¿quién cobra, un privado o el Estado?, y ¿por qué pagar para ir de Majadahonda a Madrid y no en la M-30?». Estas son algunas de las preguntas que la periodista Ruth Ugalde, se hace en El Confidencial respecto al devenir de nuestras carreteras. Y pronostica que se avecina un futuro donde los políticos nos cobrarán por usar las autovías: «Un número que va a ir en aumento, ya que en los próximos dos años vencen 1.000 kilómetros de peaje (en AP-7, AP-4 y AP-2) y, actualmente, no hay capacidad presupuestaria para absorberlos, ya que Europa nos lleva concedidas cuatro prórrogas para cumplir con el déficit, y vamos a tener que pedir una quinta, porque todos los expertos hablan de que terminaremos el año en el 2,3%, frente al objetivo del 1,3%». Esto significa que los poderes públicos de España gastan más de lo que ingresan y su voracidad no tiene freno, por lo que en lugar de ahorrar con supresión de instituciones públicas o sueldos y asesores políticos y administrativos, pretenden pisar el acelerador y recaudar más. La consecuencia: que los conductores regresen a las carreteras secundarias para evitar los peajes obligatorios que ya preparan en secreto los dos ministros de Fomento de PP y PSOE. O que los usuarios se aprieten de nuevo el cinturón, y no precisamente el de seguridad.

«Como una serpiente de verano, la noticia de que el Gobierno estudia poner peajes ‘simbólicos’ en las autopistas gratuitas, publicada por ‘El País’ y refrendada poco después por el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha vuelto a sacar a primer plano el debate de cómo financiamos las carreteras. Un espinoso asunto que tanto Ábalos como su predecesor en el cargo, el popular Íñigo de la Serna, han defendido resolver con un pacto de Estado, ya que ambos se han mostrado en público a favor de eliminar los peajes, al tiempo que, en privado, han reconocido que se necesita encontrar una fórmula que garantice el mantenimiento de toda nuestra red de carreteras. Y aquí es donde empieza toda la letra pequeña que los eslóganes políticos intentan ocultar, pero que las realidades económicas terminan por demostrar. Al final, el problema es que, anualmente, se destinan más de 2.000 millones de los contribuyentes a atender el mantenimiento de la red, según un estudio elaborado por la consultora AT Kearney para SEOPAN, la patronal de las constructoras», revela esta periodista.

Todo tiene su origen en el informe en El País de otro periodista, Ramón Muñoz, quien por su parte, asegura que «el Gobierno sigue perfilando un modelo para asegurar la viabilidad de la extensa red de autovías del Estado». Aunque la decisión no está tomada, «el Ministerio de Fomento baraja el pago por uso de las autovías actualmente gratuitas, aunque el coste para el usuario sería ‘simbólico’, en torno a la décima parte de lo que ahora paga de media en las autopistas de peaje», informaron a este periódico fuentes del Ministerio. Parte de esa recaudación se dedicaría a reducir el peaje de las autopistas que aún están en manos privadas y que la mayoría de ellas sufrieron una quiebra con la crisis de 2008. El modelo, que quiere consensuarse en el Congreso y con las comunidades autónomas «se complementaría liberando de peaje las autopistas en las que venza la concesión«, concluye el reportaje.