MANU RAMOS. La Fiscalía General del Estado, que regenta Dolores Delgado y el magistrado del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, han tratado en las últimas semanas el posible archivo del caso de violencia doméstica que ocurrió en su domicilio de Majadahonda y que afecta al también magistrado ‘progresista’ del Tribunal Constitucional, Fernando Valdés, según informa el periodista Miguel Ángel Pérez. Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital aseguran que Cándido Conde-Pumpido, y Dolores Delgado estarían de acuerdo en la posible petición del Ministerio Público de archivar el caso. «Existe una gran tensión interna en la Fiscalía por esta cuestión. Muchos opinan que la investigación debe continuar, eso no significa que sea culpable, pero se debe investigar«, sostienen. Las mismas fuentes afirman que tras la detención del magistrado del TC «lo más lógico es que al menos declarase ante el Supremo para esclarecer los hechos tras haber sido arrestado. Es un asunto muy grave«. Además, señalan que «en la Fiscalía existe la figura de la fiscal de Sala Delegada de Violencia sobre la Mujer, cuyo cargo ostenta María del Pilar Martín Nájera», en una alusión a su inhibición en este caso.

En el entorno de la Fiscalía también muestran su sorpresa por el hecho de que «Valdés de 75 años, enfermo y cuyo mandato ha expirado ya, no dimita para evitar el desgaste que se provoca al Tribunal Constitucional por estos hechos». «El magistrado debería ser suspendido de sus funciones temporalmente en el Alto Tribunal, mientras se resuelve su caso», añaden. Paradójicamente Valdés participó dos semanas antes de su arresto en una sentencia dictada por el Constitucional, que exige a los jueces hacer una investigación «suficiente y eficaz» antes de acordar el archivo de denuncias por violencia de género.