Seis personajes de Majadahonda ocuparon el banquillo de los acusados en la primera sesión del juicio por el “caso Gürtel”: Guillermo Ortega, ex alcalde de la ciudad, su esposa Gema Matamoros, sentada discretamente varias filas atrás, Carmen Quijano, su jefa de gabinete y ex esposa del “capo” de la trama, Francisco Correa, y los dos ex concejales del PP, posteriormente fundadores de otro partido llamado “Corporación Majadahonda”, José Luis Peñas y Juan José Moreno. Y otros 3 ocupan una parte colateral en la trama: Jacobo Ortega, hermano del ex alcalde, Luis Valor, funcionario de Nuevas Tecnologías en el Ayuntamiento de Majadahonda, y Jacobo Gordon, promotor inmobiliario en Majadahonda. Otros más irán apareciendo a lo largo del juicio, en el que comparecerán como testigos Narciso de Foxá, alcalde de Majadahonda y la concejala de IU, Loles Dolz, que contarán lo que vieron y oyeron los años en los que las arcas públicas de Majadahonda fueron saqueadas por valor de unos 30 millones de euros, de los que solo Correa quiere devolver algo, concretamente 1 millón, procedente de sus cuentas suizas que otros acusados como “Willy” Ortega también poseen. La crónica de la agencia Europa Press lo cuenta todo con detalle y da a entender que hay “pacto” entre algunos procesados y la Fiscalía para “cantar” en el juicio, algo que rechaza el ex alcalde majariego porque sigue negándolo todo. El Confidencial.com cifra el «agujero» de Majadahonda en 27,7 millones de euros.
Guillermo Ortega, a la entrada del juicio
EUROPA PRESS. Esta primera sesión se ha centrado en la exposición de las cuestiones previas por parte de 18 de los 37 acusados y el único que no ha presentado ninguna ha sido el principal afectado por esas escuchas, Francisco Correa, que se enfrenta a la pena más elevada: 125 años de cárcel. Tampoco lo ha hecho su exmujer Carmen Rodríguez Quijano. Este desmarque de Correa se interpreta como una escenificación de la decisión de colaborar con la Justicia de la que ha hecho gala en los días previos al juicio tras designar un nuevo abogado y pagar los 2,2 millones de euros que le reclaman de fianza civil. La defensa del extesorero Luis Bárcenas sospecha que Correa y otros tres acusados han llegado a algún tipo de acuerdo o «conformidad» con la Fiscalía, por lo que ha pedido al tribunal que reclame al Ministerio Público que aclare si ese es el motivo que le ha llevado a pedir cambiar el turno de los interrogatorios, que en un principio estaba previsto que abriese el líder de la trama”.
José Luis Peñas (izq) y a su lado Juanjo Moreno
La fiscal ha pedido concretamente que antes de Correa declaren, por este orden, los acusados Jacobo Gordón, exsocio de Alejandro Agag (yerno del expresidente José María Aznar); el constructor Alfonso García-Pozuelo y el ex edil de Pozuelo Roberto Fernández, solicitud que aún no ha resuelto el tribunal y que ha llevado a otros abogados a intuir que estos cuatro acusados han llegado a algún tipo de acuerdo con Fiscalía. Tampoco se ha adherido a las peticiones de nulidad José Luis Peñas, exedil de Majadahonda que con sus grabaciones a Correa destapó la trama, si bien ha planteado como cuestión de nulidad la ausencia de lectura previa de sus derechos constitucionales cuando compareció en 2009 ante el instructor que llevó el caso cuando Garzón lo derivó al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el fallecido Antonio Pedreira.
Al hacer esta alegación, el abogado de Peñas ha destacado que no debía interpretarse como un alejamiento de la colaboración del ex edil con la justicia, sino que lo hacía en estricto derecho de defensa de su cliente, que se enfrenta a 6 años y 5 meses de cárcel. Siete de los acusados que hoy han expuesto sus peticiones han reclamado también al tribunal por distintos motivos permiso para ausentarse de las jornadas del juicio que no les afecten directamente, ya que la vista, ha destacado un abogado, puede durar «un año». Entre ellos, Álvaro Pérez Alonso, «El Bigotes», que ha alegado «dolencias médicas». Antes de las defensas, ha sido el turno de las acusaciones, dos de las cuales, Adade y el PSOE, han reiterado su petición de que el presidente del Gobierno en funciones Mariano Rajoy declare como testigo en el juicio, solicitud que ya fue rechazada por el tribunal.
Adade ha justificado esta petición en las acusaciones contra Bárcenas sobre el dinero que supuestamente sustrajo de la contabilidad paralela del partido y luego ocultó en sus cuentas de Suiza.»Es una faceta por la que creo que alguien del PP debería declarar, sobre si realmente hubo esa situación de apoderamiento de recursos del PP», ha dicho el abogado de esta acusación. Ana Mato, encausada en este procedimiento en calidad de responsable civil como partícipe a título lucrativo, al igual que el PP, finalmente no ha comparecido al juicio y será representada por la letrada Julia Muñoz Cañas. El juicio continúa mañana con la exposición de las cuestiones previas del resto de los acusados y una vez concluida esta fase comenzará la de los interrogatorios.
Por su parte, El Confidencial.com recuerda que “la mujer de Correa, Carmen Rodríguez Quijano, trabajó en el Ayuntamiento de Majadahonda. En ese municipio, tradicionalmente controlado por el PP, Correa hizo su agosto: 27,7 millones en contratos amañados para sus propias empresas y para otras. El último escrito de la Fiscalía revela que el entonces alcalde, Guillermo Ortega, apodado ‘la rata’ por la trama, se forró aceptando todo tipo de comisiones, dádivas y cohechos. En solo cuatro años, Anticorrupción acusa a Ortega de llevarse 2,56 millones de euros de la trama y de otras empresas ajenas a la misma, ya que Ortega aprendió el sistema y lo empezó a aplicar con otras compañías que llegaban al municipio y no tenían nada que ver con la red de Correa. Ortega camufló parte de su fortuna en Suiza. La Fiscalía pide 50 años de cárcel para él. Los 37 acusados y sus abogados han coincidido durante una hora en el hall previo a la sala de vistas. Algunas miradas se han cruzado, como la de Francisco Correa, el cabecilla de la trama, y José Luis Peñas, el concejal que lo destapó todo. José Luis Peñas ha departido unos momentos con otros de los imputados, el ex consejero Alberto López Viejo, acusado de amañar 348 actos cuando estaba en el Gobierno de Esperanza Aguirre”.
El periodista José Manuel Romero en la Cadena SER señala que José Luis Peñas, ex concejal en Majadahonda, “es una pieza clave en la historia del caso Gürtel. Entre 2006 y 2008 acudió a reuniones con los jefes de la red corrupta porque trabajaba para Francisco Correa y había montado un partido independiente que financiaba el jefe de la trama corrupta. El ‘caso Gürtel’: una fotografía de la corrupción del Partido Popular. La investigación ha reunido pruebas de que el pillaje fue sido posible con la connivencia de decenas de cargos públicos del PP. Siete años después de que Garzón destapara la red Gürtel, comienza el proceso por la primera parte de estas actividades ilícitas. Fueron decenas de horas de grabaciones que destapaban el colosal negocio basado en la corrupción de los cargos públicos del Partido Popular. A veces eran frases sueltas; otras veces eran confesiones grotescas de un pillaje mayúsculo. Peñas entregó su primera denuncia en la tarde del 6 de noviembre de 2007 ante la unidad de la Fiscalía Anticorrupción adscrita a la Guardia Civil. En seis folios intentaba resumir lo que consideraba una muestra significativa de la actividad ilícita del grupo empresarial de Correa, para el que trabajaba. En un anexo incorporado a la denuncia, Peñas detallaba quién era cada persona que hablaba en las conversaciones o a las que aludían los jefes de la red Gürtel».
“Con esa denuncia, la investigación se puso en marcha desde la Fiscalía Anticorrupción. En el verano de 2008 llegó a manos del juez Baltasar Garzón, quien ordenó múltiples diligencias de investigación, pinchazos telefónicos de los principales sospechosos y petición de informes periciales sobre las cuentas de la red empresarial corrupta. Todo ese trabajo condujo a la desarticulación de la trama el 6 de febrero de 2009, cuando Francisco Correa, con el teléfono intervenido, preparaba su huída a Panamá ante el temor a una inminente detención. La denuncia de Peñas apuntaba múltiples delitos y numerosos delincuentes. La investigación judicial profundizó en la trama, destapó nuevos delitos y nuevos delincuentes y descubrió otros asuntos turbios que ni siquiera aparecían en las grabaciones de José Luis Peñas, como la caja b que manejó el ex tesorero Luis Bárcenas durante casi 20 años y con la que se financió el partido ilegalmente, o el pago en dinero negro de las obras de reforma de la sede nacional del Partido Popular”, concluye.
