Audiencia Nacional: El ex concejal Manuel Fort (PSOE) y el interventor Julio Prinetti denunciaron la trama Gurtel en Majadahonda

EUROPA PRESS. Un ex concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Majadahonda (Madrid) ha afirmado este jueves ante el tribunal de la Audiencia Nacional que juzga a los 37 acusados por la primera época de actividades de la trama Gürtel (1999-2005) que la forma de contratar en dicho consistorio cambió cuando Carmen Rodríguez Quijano, ex mujer del ‘cabecilla’ de la red corrupta, Francisco Correa, comenzó a trabajar en él como asesora. Así lo ha manifestado Manuel Fort -que ha comparecido en la vista oral como testigo-, que ha recodado que su grupo municipal denunció a Carmen Rodríguez Quijano por la confección de un vídeo denominado «Creciendo en calidad de vida» al conocer que ella era administradora de Special Events, empresa del entramado corrupto de la Gürtel que realizó la producción audiovisual, a la vez que asesoraba al entonces alcalde, Guillermo Ortega.

Según ha explicado el ex concejal, su grupo comenzó a darse cuenta de que recién llegada la ex mujer de Correa al Ayuntamiento «proponía mucho y empezó a cambiar la imagen corporativa, las formas de contratación», a su entender, sin justificación y que eso «provocaba un incremento del gasto». Ha precisado que este vídeo fue denunciado porque tenían indicios de que se había licitado sin seguir la ley de contratos, «se había fraccionado el pago» y adjudicado a la empresa con la que «compatibilizaba» la administración de la misma y su labor en el consistorio. Asimismo, ha constatado que junto a otro concejal, «alucinaron» cuando comprobaron que las empresas que comenzaron a ser adjudicatarias -propiedad de Correa- durante la etapa de Willy Ortega como alcalde, tenían como administradores y directores a las mismas personas pero en distintos cargos. «Entonces no se sabía nada de esto«, ha añadido en referencia a la trama que se está ahora juzgando.

Manuel Fort ha subrayado que la denuncia del vídeo fue archivada por un juzgado de la localidad majariega porque un concejal de Majadahonda declaró que Carmen Rodríguez Quijano había dejado de ser administradora de Special Events antes de entrar a trabajar para Guillermo Ortega. En la misma denuncia se incluían las sospechas del PSOE sobre la adjudicación irregular de la Oficina de Atención al Ciudadano (OAC). «En esa época hicimos muchas observaciones sobre ese contrato» porque era un «gasto inútil» que no «tenía ni pies ni cabeza», ha dicho. Al respecto, ha apuntado que el PP «casi nunca» hacía caso a las advertencias que el grupo municipal socialista de Majadahonda hacía sobre llevar a los tribunales este proyecto.

Por su parte y sobre la OAC, el interventor del Ayuntamiento de Majadahonda, Julio Prinetti, que también declaro en el juicio como testigo, ha subrayado que en uno de los informes que redactó expuso que había un gasto excesivo. «Fue una observación», ha dicho, al tiempo que ha concretado que en el año que se adjudicó este proyecto no había liquidez suficiente en el presupuesto. «Era un gasto considerable» que debido a la situación del Ayuntamiento «era aconsejable no acometer», ha aseverado Prinetti, al tiempo que ha apostillado que los presupuestos de los servicios ya adjudicados no se podían tocar y por tanto había que restringir los no otorgados todavía. Es más, ha señalado que el ex concejal Juan José Moreno -acusado en esta causa-, le ordenó que hiciese un informe donde expresase que la OAC era un «sacrificio presupuestario», aunque era «un poco impropia». Por último, ha indicado que no compartía la opinión de que el contrato para la adjudicación de la Oficina de Atención al Ciudadano correspondiese a la gestión de servicio público, tal y como se expresaba, porque no había «ninguna explotación de carácter empresarial», ya que se iba a financiar a través de las aportaciones del presupuesto del Ayuntamiento.

El Independiente: «El interventor del Ayuntamiento de Majadahonda (Madrid), Julio Prinetti, ha manifestado que alertó en 2004 al entonces alcalde, el acusado Guillermo Ortega, que veía excesivo un contrato con una empresa de Francisco Correa. A preguntas de la fiscal, Julio Prinetti ha recordado que el consistorio ya había ejecutado un contrato por un importe de 111.000 euros con la empresa de Correa Down Town Consulting para la implantación de una Oficina de Atención al Ciudadano (OAC) en el Ayuntamiento. El testigo ha añadido que a finales de 2004 le puso de manifiesto al alcalde y al entonces concejal de Hacienda, el también acusado Juan José Moreno, que dada la situación deficitaria del ayuntamiento veía “muy costoso” la propuesta de contrato -a una empresa de Correa- “por unos diez millones, un millón y pico al año”, que estaba en tramitación para adjudicar la gestión de la OAC. “Les comenté que como se refería a un servicio de información al ciudadano que de alguna forma, mejor o peor, se había venido haciendo toda la vida en el ayuntamiento, y que si se terminaba adjudicando habría que sacrificar presupuestariamente otros proyectos”, ha explicado».