JORGE RUBIO. “La sorpresa llega cuando se encuentran viajes en coches no muy viejos y que no consumen mucho por más de 40 euros. He aquí un ejemplo. Un usuario de 22 años publica un viaje que sale este viernes 9 de Majadahonda (Madrid) con destino Vigo en un Alfa Romeo 147 por 40 euros. Ofrece tres plazas, de forma que si consigue llenarlas finalizaría el viaje con 60 euros de más en su bolsillo. Y eso tirando por lo alto el consumo de gasolina que hará”. La queja por el uso de BlaBlaCar desde Majadahonda ha provocado la respuesta de la compañía: “Mientras otros países nos impulsan, en España no entienden nuestro servicio”. El director general considera que las Administraciones deben cambiar la Ley del Viajero Privado para adaptarla a los nuevos tiempos. «Muchos usuarios pueden dejar de usar la plataforma por temor a ser sancionados y hay que acercarse al Gobierno de una manera pedagógica”.

La revista Merca2 lo explica: “Tiempos agridulces los que viven estos meses las compañías colaborativas de transporte. Léase el caso de la que nos ocupa, BlablaCar, pero también de otras como Uber. Son acogidas con gran éxito por los usuarios; pero otras asociaciones de transporte las consideran competencia y el Gobierno no sabe muy bien cómo afrontar este problema. La respuesta puede venir el próximo mes de abril desde Bruselas, cuando el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictamine -a petición de un juez español- si estamos ante un mero intermediario tecnológico o si, por el contrario, estamos ante un verdadero servicio de transporte».

«De momento, en Madrid, Uber ya ha tenido que acogerse a la Ley de Ordenación del Transporte Terrestre y trabajar con vehículos que cuenten con una licencia de conductor (VTC); y ahora la presión se extiende también a BlaBlaCar. La Comunidad ha abierto un expediente administrativo contra la plataforma por “ofrecer y facturar servicios sin disponer el título habilitante al efecto”, una sanción que ya está “recurrida por la vía administrativa”, según explica su director general en España y Portugal, Jaime Rodríguez de Santiago-Concha. Una situación que -dice lamentar- “ya que llevamos siete años operando en España sin fricciones con ninguna Autonomía, excepto en Madrid”, añaden.

“A su juicio el Gobierno de la Comunidad de Madrid “no entiende” la actividad de la compañía “ni la de los usuarios” porque no existe un ánimo de lucro con los viajes que se realizan. Explica que BlaBlaCar es un modelo de “compensación de un gasto generado por un viaje, y en el que no hay un beneficio propio”. Y para ello pone de relieve el que la plataforma no fija las tarifas que deben cobrar los usuarios, tan sólo hace una recomendación del precio para evitar que pueda haber fraudes. Ésa es, quizá, la gran diferencia contra Uber, en donde sí que existe una fijación real de precios por parte de la plataforma. Por eso, el director general de la compañía cree que “deben ser tratados de manera distinta, porque la Unión Europea lo exige. Si no hay lucro, no se puede exigir un requisito administrativo“, sentencia. Una licencia -que es lo que pide la Comunidad de Madrid a dos usuarios que también han sido sancionados por sacar beneficio- a la que “la gente que ofrece sus servicios en nuestra plataforma no puede obtener porque no cabe aplicar, según la Ley”, concluye.

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