JORGE RUBIO. El polémico edificio del Bulevar Cervantes (1 y 3, esquina a C/ Hernán Cortés) protagonizó un extenso debate en la última sesión del pleno del Ayuntamiento de Majadahonda en el que se trataba de iniciar los trámites de suspensión de licencia concedida a este inmueble que invade terrenos públicos. Los Grupos Municipales articularon su discurso en base a dos pilares fundamentales: la descoordinación del Equipo de Gobierno y el coste para los vecinos que los retrasos en la tramitación de este expediente iban a causarles. El concejal de Urbanismo Ricardo Riquelme (PP) fue el encargado de defender este punto señalando que «los retrasos en su tramitación no habían sido significativos» y que los informes jurídicos y técnicos ahora estaban en consonancia, lo que iba a permitir evitar posibles problemas como «defectos de forma» y similares que pudiesen entorpecer la estrategia legal del Consistorio. Sin embargo, a pesar de que sus argumentos no parecieron convencer del todo a la Oposición, la abstención en bloque de esta, con el apoyo centrista, permitió que se iniciase el proceso para suspender la licencia del edificio del Bulevar Cervantes. Una cuestión que salió adelante con 12 votos a favor (PP y Centrista) y 13 abstenciones (Ciudadanos, PSOE, Somos e IU).

La nueva portavoz Ana Elliot (Ciudadanos) aprovechó su primera intervención de altura en el pleno para hacer un recorrido histórico sobre la concesión de licencia para este edificio. «En 2013 usted otorga una licencia para la construcción de un edificio de viviendas en el Bulevar Cervantes«, recordaba la edil naranja al alcalde Narciso de Foxá. Un edificio que se paraliza «porque invade invade el dominio público» ya que «se comía parte de la acera de la calle Hernán Cortés». Con ello recordaba que «existía una apropiación de una franja de suelo en la antigua calle Cervantes». Según Elliot, estos problemas no se detectaron hasta 2014 aunque la paralización no se produjo hasta un año más tarde: «fue en septiembre de 2015 tras varios informes técnicos y jurídicos» porque al principio la irregularidad «no la detecta el equipo técnico y ahora la suma millonaria la pagarán los de siempre» . Para finalizar señaló que los trámites se habían «dilatado mucho» y lamentó que «cada día que pasa se va incrementando la posible compensación que el Ayuntamiento tendrá que pagar«. Y señaló a la secretaria del Ayuntamiento, Celia Alcalá: «que pena que no se hubiera pronunciado antes». Por último recordó que este asunto había llegado al pleno porque «los Grupos de la Oposición lo habían pedido a iniciativa de Mercedes Pedreira«.

Por su parte, Socorro Montes de Oca (PSOE) se estrenaba en esta sesión como portavoz del Grupo Socialista y aprovechó la ocasión para mostrar un tono más duro y enérgico que en sus intervenciones de otros plenos. La edil socialista repasó los antecedentes del caso poniendo el foco en la situación de las familias que habían cedido los terrenos para poder construirse unas viviendas. «Llevan aquí toda su vida. Con toda su ilusión aportaron los dos solares para la construcción de este edificio y lo hicieron a cambio de unas viviendas que ahora quién sabe cuándo verán«, lamentó la socialista. Socorro Montes de Oca aprovechó su intervención para destacar una vez más la «falta de coordinación entre los servicios jurídicos y los servicios técnicos del Ayuntamiento», fruto de la cual se había producido a su juicio toda esta situación en la que también se habían visto envueltos el anterior concejal de Urbanismo (Juan Carlos Pérez González lo fue entre 2011 y 2013 y de 2013 a 2015, Pablo García González) y el arquitecto municipal, Pedro Sánchez. «Cuando la obra se paralizó, ya estaba muy avanzada«, destacó la portavoz socialista.

«Este es un expediente que ninguno de los presentes querría ver ni en este Pleno ni en este Ayuntamiento pero aquí está«, comenzaba su intervención Alberto Moreno (Somos) que incidía en que ahora el objetivo era «solucionarlo con la mayor rapidez posible y con el menor coste para la ciudadanía» ya que los vecinos eran los que iban a pagar «este error». Moreno concluyo que se habían «perdido 3 meses» desde que se presentó esta iniciativa en la moción presentada en diciembre de 2017 y que no debía demorarse más. «En 2013 se otorga mal esta licencia por parte de Ayuntamiento porque entre otras cosas invade el dominio público«, señaló Juancho Santana (IU) que insistía en la idea de premura al hacer hincapié en que se había «hablado mucho, quizá demasiado sobre este tema» y que pese a todo se «siguen cometiendo o repitiendo los mismos errores de este periplo de 5 años» . «Vamos a tener que acabar pagando las consecuencias de tener razón y de no haberse hecho bien los procedimientos y eso creo que es lo preocupante», sentenció Santana, para incidir una vez más en la «mala gestión que se está llevando a cabo por parte del Ayuntamiento«.

Mercedes Pedreira (Centristas) aseguró que se habían encontrado «palos en las ruedas» en todo este proceso, empezando por la entrega de una licencia «que nunca se debió dar» ya que incluso el particular admitió que «había un error que intentó subsanar pero que no hizo» al «indicársele jurídicamente que podía continuar» con la obra. «Estamos ante un hecho gravísimo», insistió la edil centrista, que también aseguró que desde su grupo estaban dispuestos «a utilizar todas las vías para evitar que esta situación se consolidase». También señaló que si hubiese responsables entre los ex miembros y actuales integrantes del Equipo de Gobierno estos «asumiesen sus responsabilidades en caso de serlo» porque podríamos estar ante un caso de «intereses particulares frente a intereses públicos de miembros o ex miembros del Equipo de Gobierno».

Dicha insinuación no gustó nada a Ricardo Riquelme (PP), que reprochó a Pedreira que realizase esas acusaciones veladas: «espero que explique qué es eso de los intereses particulares frente a los intereses públicos de algunos miembros del Equipo de Gobierno«. Riquelme incidió en que «todos los grupos estaban de acuerdo en solucionar este problema» y que el retraso no era tal ya que no ha podido presentarse hasta ahora «debido a las vacaciones de Navidad». El concejal de Urbanismo también destacó que si este asunto se había traído ahora al pleno era porque ya «contaba con toda la documentación» y que si no se había convocado antes a la Comisión de Urbanismo era por este motivo. Por último, le recordó a Mercedes Pedreira que ya se había realizado una «Comisión de Investigación a propuesta suya y todas las personas afectadas por el expediente desfilaron» y la Oposición «se debió quedar a gusto» con las explicaciones de los técnicos, porque el tema quedó zanjado. Hay que recordar que en el Ayuntamiento las comisiones municipales no son públicas como en los ámbitos nacional y autonómico, pues solo se permite el acceso del público y prensa a los plenos.

«Digo que parece que lo que se está intentando es dilatar este asunto porque saben que va a tener un coste político y mucho dinero para la ciudad, por lo que no tienen intención de asumirlo«, replicó Ana Elliot en su segundo turno de palabra para referirse a las familias afectadas que todavía «están esperando su vivienda». E indicó que «con el retraso de 2,5 meses (en la tramitación municipal) se levantó el edificio». Socorro Montes de Oca replicó que su grupo quería que esta cuestión «avanzase para que se solucionase rápido» y que se debería iniciar otro expediente para «recuperar el patrimonio público» ocupado por este edificio, pero no le pasó desapercibido que Urbanismo «no se coordinó con Servicios Jurídicos y tiró para adelante». Juancho Santana también destacó que llegado el momento «habría que depurar responsabilidades» y analizar «que pasó para llegar hasta este punto y por qué ha pasado».

Por último, Mercedes Pedreira matizó que únicamente había señalado que «si hubiera responsables estos asuman su responsabilidad» y recalcó una vez más la «gravedad» que supone la invasión de una zona pública por parte de un particular. «Si hay algún miembro del equipo de Gobierno (implicado) que no mire para otro lado y conteste a estas preguntas: «¿Quien dio esa licencia? ¿Por qué se obviaron informes que aconsejaban no darla y subsanar? ¿Por qué la administración fue a un acta de replanteo cuando no va a actas de replanteo entre particulares? ¿Por que se dio la licencia ese mismo día? ¿Por qué se sostuvo durante tanto tiempo que no estaba claro que invadía terreno público y después de cambió de criterio? ¿Por qué se dejó caducar el plazo de 4 años que decía el informe del catedrático de Derecho Administrativo que decía que el otorgamiento de la licencia era lesivo y el plazo finalizó en abril de 2017 y se dejó pasar?

De forma paralela a estas intervenciones, Narciso de Foxá tuvo un buen número de intervenciones para interpelar a todos aquellos concejales que le aludían en sus intervenciones. El alcalde de Majadahonda negó que se hubiera producido descoordinación entre los servicios del Consistorio ya que estos «no tienen que estar de acuerdo» necesariamente en sus decisiones. Eso sí, cuando detecta «discrepancias» graves entre departamentos «yo mando el expediente al juzgado», avisó.  De Foxá insistió en que si a un político «le ponen una licencia por delante tiene dos opciones: firmar o no hacerlo. Y si usted hubiese sido alcaldesa, esto último sería prevaricación«, le advirtió a Ana Elliot. Además, señaló que cuanto tuvo constancia de toda esta problemática intentó resolverla «inmediatamente» e incluso «suspendió momentáneamente sus vacaciones» para hacerlo. «Hay testigos y están en esta sala y no son políticos. Por favor, que no se hable de boquilla porque estamos en un sitio donde se hacen afirmaciones públicas y dónde está representada la voluntad la voluntad de todo Majadahonda», replicó el alcalde ante las insinuaciones vertidas por la portavoz naranja en una de sus intervenciones. Y concluyó: «se están echando las culpas a los políticos y no las tenemos».