Laura Nistal en un acto público con el PP
AGENCIA EFE. El juez del caso Púnica ha tomado este martes 15 de diciembre (2020) declaración como investigada a la ex concejal de comunicación de Majadahonda (Madrid) Laura Nistal en la pieza relativa a los presuntos trabajos de reputación para varios ex alcaldes del PP a través del empresario vinculado a la trama Alejandro de Pedro. En su declaración, la ex edil, que solo ha querido responder a las preguntas de su abogado, ha negado que los trabajos de De Pedro para el Ayuntamiento hubiesen estado dirigidos a mejorar la reputación personal y la imagen del ex alcalde Narciso de Foxá, también imputado por estos hechos, han informado a Efe fuentes jurídicas. Laura Nistal ha precisado que todos se ciñeron a la mejora de la reputación institucional del Ayuntamiento y ha recalcado que la autorización de esos contratos, pagados con fondos públicos, no la daba ella sino que esa era la función de los técnicos y el interventor del ayuntamiento, que en ningún caso emitieron ningún informe desfavorable al respecto.
Según ha explicado, ella no participaba en la contratación, por lo que ha asegurado desconocer los detalles al respecto, ya que su cometido era exclusivamente el referido a la comunicación y por eso se limitaba a dar el visto bueno a los trabajos contratados. Debido a su función al frente de la comunicación, ha relatado que conoció a De Pedro y también a su hermano Adrián, pero no a un tercer hermano, Juanjo, al que según un informe de la Guardia Civil que obra en la causa, pudo facilitarle, a través de Alejandro, datos relevantes para la obtención de una adjudicación para su empresa, Construcciones Luján. El abogado de la ex concejal, Javier Vasallo, que representa también al ex consejero madrileño Francisco Granados, considerado cabecilla de Púnica, y al ex alcalde Narciso de Foxá -que está citado en enero-, ha resaltado que en el informe de la Fiscalía hay confusión con las facturas abonadas a De Pedro y ha rechazado también que algunas sean por trabajos que no se llegaron a realizar. Ha anunciado por ello que en los próximos días aportará todos los expedientes con la documentación que acredita que esas facturas se corresponden a los trabajos que cita.
EL FUNCIONARIO DE MAJADAHONDA JAIME LÓPEZ RUIZ TAMBIÉN COMPARECE COMO INVESTIGADO. Jaime José López Ruiz, funcionario del Ayuntamiento de Majadahonda (Madrid) cerró la ronda de interrogatorios que se inició en noviembre a los 17 últimos investigados en esta pieza, entre los que figuran varios ex alcaldes del PP de municipios madrileños. Hasta ahora lo único que admiten los alcaldes imputados es que conocieron a De Pedro en una reunión de finales de 2010 celebrada en la sede del PP, en la calle Génova de Madrid, que estuvo presidida por los exconsejeros madrileños Lucía Figar y Francisco Granados, y en la que el empresario hizo una exposición sobre la importancia de las redes sociales, si bien negaron que se les instara a contratarle, informa El País. El juez del caso Púnica interrogó como investigado a Pablo Balbín, actual director de gabinete de la delegada de Cultura del Ayuntamiento de Madrid, Andrea Levy, acerca de las contrataciones de trabajos de reputación online al empresario de la trama Alejandro de Pedro cuando era jefe de gabinete de la ex consejera madrileña Lucía Figar. Los hechos se sucedieron entre 2011 y 2014 y los trabajos para mejorar la imagen de la entonces consejera del PP se pagaron presuntamente con dinero público. Según el magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, Pablo Balbín, por entonces responsable del gabinete de prensa de la Consejería de Educación, aceptó, instado por la consejera, a “participar en el engaño”. El magistrado también ha citado a los empresarios Abel Palacios y Víctor Daniel Steinberg, éste último vinculado a la comunicación del Partido Popular. Los tres fueron citados en la pieza diez del caso, centrada en la contratación de varias empresas vinculadas a la trama por parte de diversos ayuntamientos y de la Consejería de Educación de Madrid para mejorar la imagen en medios y redes sociales de los alcaldes con cargo, presuntamente, a fondos públicos.
Víctor Steinberg, imputado a principios de noviembre junto con otra quincena de personas en la pieza décima del caso Púnica. En esta línea de investigación, el magistrado Manuel García Castellón trata de esclarecer el objeto de los trabajos encargados por diferentes consejerías del Gobierno madrileño de entonces para mejorar el perfil personal de sus consejeros en las redes sociales. «El imputado se ha comprometido a aportar todo ese material a esta pieza en la que se investigan los encargos de mejora de reputación tanto en Madrid como en Majadahonda, Valdemoro, Denia o Valencia. No obstante, de las pesquisas practicadas hasta la fecha trasciende como la red cruzó el charco ya que ofrecieron sus campañas de mejora online a candidatos de países como Panamá, Costa Rica, Guatemala o México. De nuevo en este caso los encargos se centraron en campañas a nivel particular de los políticos pero se costearon con fondos públicos, de acuerdo con la tesis del juez el cual incluye en esta supuesta red a otros dos imputados del caso: Francisco Granados y el empresario Javier López Madrid«, concluye el diario.
