Clanes gitanos de españoles y rumanos controlan bajo chantaje la seguridad de las obras «entre Boadilla y Majadahonda»

MANU RAMOS. Es la España que no se ve, la que funciona debajo de la mesa y no sale en los periódicos porque todo el mundo calla. «Los Cucos, los Barbas, los Sheriff… pacto de clanes para repartirse la vigilancia en las obras de Madrid. Las familias dedicadas a esta actividad controlan el negocio por zonas para evitar pisarse potenciales objetivos», es el titular del reportaje publicado por el periodista Aitor Santos Moya este 27 de mayo (2022) en el diario ABC. Y en él describe como un antiguo gruísta, con los contactos y la experiencia necesarios para saber que de un tiempo a esta parte nada ha cambiado, declara: «Durante las obras del hospital Puerta del Hierro (Majadahonda) vinieron y amenazaron al vigilante de seguridad para que al día siguiente no fuera a trabajar», recuerda, convencido de que los proyectos más grandes tienen más fácil escapar al posible chantaje. «Al estar metidas algunas de las UTEs más punteras no lo consiguieron», añade. Y el primero de los entresijos de un negocio con demasiados factores en juego, según fuentes de la Guardia Civil, es el control por territorios: «Las familias, españolas y rumanas de etnia gitana, dedicadas a esta actividad se reparten por áreas para mantener el equilibrio del negocio. Para ello, pactan los barrios y municipios de cada una y se comprometen a no ir más allá bajo un serio aviso: si algún clan incumple el acuerdo tácito, el resto de los afectados trenzará una alianza para que este pague las consecuencias».

«Estuvimos un tiempo haciendo unos chalés de lujo en la carretera M-503, la que pasa entre Boadilla y Majadahonda, que en teoría iban a ser para jugadores del Atleti», rememora, antes de apuntar que en ese proyecto sí lograron su cometido. Revela, además, que ningún constructor está a salvo hasta que la obra no se da por concluida: «De hecho, el momento más delicado es cuando queda poco para terminar porque el material que allí se deja tiene más valor, el hormigón, los azulejos para alicatar…». Se da la circunstancia de que en algunas edificaciones, las herramientas y otros utensilios de valor se guardan en una caja que cuelga de la grúa. «Es ilegal, porque la grúa la tienes que dejar sin anclaje fijo para que la mueva el viento, porque si no, aunque sea muy difícil, esta podría llegar a volcar», justifica.

Otras de las cuestiones son las cantidades de dinero que reciben estos ‘empleados’, bastante más bajas que las desembolsadas a cualquier compañía de seguridad privada. Los pagos o bien se hacen en negro o por medio de contratos pequeños a través de empresas tapadera, que los propios extorsionadores crean a fin de blanquear las ganancias. «Al final es un círculo vicioso, donde los constructores lo que quieren evitar a toda costa es que les roben y tengan que paralizar las obras. Y si encima se ahorran un dinero…», advierte un agente del Instituto Armado, quien tiene claro que sin denuncia es muy difícil perseguir esta práctica. Y bajo el epígrafe de «Amenazas a vigilantes» concluye: «Pese a que la controversia se extiende por toda la región, los puntos más críticos se ubican en el extrarradio, desarrollos de nueva construcción con multitud de edificios proyectados». Lea el reportaje completo.