Custodia compartida: polémica sentencia y comparación con Majadahonda

ANTONIO HERNÁNDEZ RODICIO. El ya célebre auto de la juez de Marbella, María Belén Ureña, a cuenta de la retirada de la custodia a una mujer que se llevó a su hijo a vivir a Torea, una parroquia de Muros (La Coruña), un pueblo de algo más de 8.000 habitantes, a 45 minutos de Santiago, abre un abismo sobre la consideración de la justicia respecto a lo que considera la «Galicia profunda» y por extensión, los entornos rurales. Lo curioso es que en el mismo auto hay consideraciones más contundentes que explican la decisión sin tener que meterse en ese jardín. Por ejemplo, que la madre se llevó al niño sin la autorización del padre, lo que avalaría el sentido del auto respecto al interés superior del menor, aparte de otras lindezas vía wassap que ya son del dominio público. Pero el asunto no es si procede o no la retirada de la custodia. El tema es que si la verdad judicial tuviera en cuenta para decisiones de ese tipo la diferencia de oportunidades para un niño entre los entornos rurales y los urbanos estaría anteponiendo esa circunstancia a una consideración superior: el derecho de un hijo a estar con su madre y viceversa. O sea, justificaría la retirada de la custodia para que el hijo goce de mejores oportunidades en un entorno más desarrollado. Muy dickensiano todo.

Antonio H. Rodicio

Como era de esperar, la alcaldesa de Muros se ha apresurado a afirmar que ha sido una humillación gratuita. Y poco rigurosa, por cierto: Muros tiene escuela infantil, colegio público y dos institutos, y la universidad de Santiago a 45 minutos, menos de lo que tardan muchos niños que viven en grandes ciudades en llegar al colegio cada día. El Parlamento gallego ha firmado por unanimidad una declaración institucional de protesta. Y Núñez Feijóo, con el reflejo ágil de la escuela fraguista, ha sacado a pasear en las redes una foto con su abuela Eladia durante su infancia en la aldea de Os Peares (Orense). Y ya tenemos el cuadro. La Justicia, por si no tuviera bastante, desprestigiándose un poco más y organizando zapatiestas gratuitas. Si se tratara de proteger los intereses de los menores respecto al entorno donde viven, igual servirían otros argumentos. Como por ejemplo que algún juez adujera que el menor no debe vivir con su padre en Marbella porque los expertos señalan reiteradamente que allí anidan decenas de mafias internacionales y eso no es bueno para los menores. O que no debería vivir ni en Coslada o Mollet del Vallés porque el observatorio de Sostenibilidad las sitúa como las más contaminadas de España por el dióxido de nitrógeno. O si el juez sale cultureta, que el niño no viva en Majadahonda porque la ciudad no tiene ningún museo. Existe mucha literatura sobre la necesaria conexión entre la lógica y el derecho. Si las decisiones judiciales no son entendibles siempre tienen las patas cortas. Lea el artículo completo en el Diario de Sevilla.