DR. FRANCISCO ORENGO, psiquiatra (simpatizante de Vecinos por Majadahonda): «Lo que trasmitió el ex consejero para Asuntos Sociales fue realmente estremecedor. La política de la Sra. Isabel Díaz Ayuso (IDA), del consejero de Sanidad, Dr. Enrique Ruiz Escudero, del asesor político, Miguel Ángel Rodríguez, del Sr. A. Burgueño responsable para privatización sanitaria con Esperanza Aguirre y otros personajes que mencionó en su charla el ex consejero, fue según él causante directa de gran parte de la discriminación que se hizo de y sobre muchas personas mayores que fallecieron en las residencias aisladas de sus familiares. «La mayor conculcación de los derechos humanos en la historia de nuestra democracia en la Comunidad de Madrid«. Así la calificó el Sr. Alberto Reyero, que habló de 5000 muertes y aportó su libro al respecto: «Morirán de forma indigna» es su título». FELIX PEDROCHE (militante del PP). «Pensaba que en el debate «viejuno» de la Casa de la Cultura, ante la negatividad «rojelia» lanzada en tropel contra la presidenta Ayuso, debía exponer fórmulas de competencia positiva contra las Residencias de la 3ª Edad (cohousing y coliving) similar al Airbnb, como contrapeso contra la carestía hotelera. En un Sistema de Economía de Mercado es la Ley de la Oferta y la Demanda la que ha de regular los mercados, equilibrando los precios, y no un Politburó al uso tipo Federación Rusa«.

ZACARIAS MTNEZ MAILLO. Presidente de la Asociación Vecinal de Majadahonda. «¿Para cuándo una comisión de investigación nacional sobre las residencias de mayores durante la pandemia?». «La sala polivalente de la Casa de la Cultura de Majadahonda se llenó este sábado 28 de enero (2023) y muchos vecinos se quedaron fuera, de pie, para escuchar a Alberto Reyero, ex-consejero de Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid y Victoria Zunzunegui, epidemióloga y miembro de la «Plataforma Verdad y Justicia» relatar “la verdad sobre las residencias de mayores durante la pandemia”. Con una precisión quirúrgica, Alberto Reyero explicó cómo el día 4 de marzo (2020) ocurre la primera defunción en una residencia de mayores de Madrid y el 6 de marzo se emite el primer Protocolo. Un Protocolo, no lo olvidemos, es un conjunto de normas a seguir».

«Primero, se impidió la entrada de familiares a las residencias para evitar la propagación del contagio. A continuación, hubo una reunión de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Ayuso, con el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, el Consejero de Hacienda, Javier Fernández-Lasquetty, el director del Gabinete, Miguel Ángel Rodríguez y Antonio Burgueño, asesor de la presidenta a la que, curiosamente, no fue invitado el consejero de Políticas Sociales. ¿Qué hacía allí el responsable de Hacienda?. De esta reunión salió la decisión, comunicada el 18 de marzo, de medicalizar las residencias. Decisión a priori razonable ya que las residencias de mayores son “hogares”, no residencias hospitalarias. El problema es que esto no se llevó a cabo. Y a partir de entonces, se impidió el traslado de mayores a centros hospitalarios, de acuerdo con unos criterios no clínicos y poco éticos. La derivación a hospitales debía hacerse en función del nivel de discapacidad y deterioro cognitivo, o dicho de otra manera, solo se podía derivar a mayores con pronóstico leve».

«En vez de medicalizar las residencias, se instaló en el recinto ferial de IFEMA un “hospital de campaña” que permaneció abierto 3 meses. Atendió a 3.811 personas de las cuales solo 23 venían de residencias de mayores. En estos 3 meses, en el hospital de IFEMA fallecieron 16 personas y en las residencias más de 5.000. Es decir que los casos graves se quedaron en las residencias. ¿Por qué no se asignaron los 1.000 médicos que se enviaron al hospital de IFEMA a las residencias de mayores?. Otra excelente operación de “marketing político” del gobierno de Isabel Ayuso: se anunció que se iba a unir la sanidad pública con la sanidad privada para hacer frente a la pandemia. Nunca ocurrió. Los hospitales privados solo atendieron a pacientes con pólizas privadas«.

«Con tono sereno y pausado, desgrana Alberto Reyero la trágica historia de las residencias de mayores de la Comunidad de Madrid durante las primeras semanas de la pandemia. E insiste: “los familiares se merecen conocer la verdad” y ello solo ocurrirá si se constituye una Comisión de Investigación nacional, en el Congreso de los Diputados. Él será el primero en querer testificar. Y mientras tanto, sentencia que lo ocurrido en las residencias de mayores –y muy especialmente en la Comunidad de Madrid– fue la mayor vulneración de derechos fundamentales en nuestro país desde la restauración de la democracia. Concluye que nuestra sociedad debe reflexionar sobre el papel de sus mayores –y cada vez habrá más– y el trato que queremos darles. Ya que aquí, como en otros países, se extiende el “edadismo”, o lo que es lo mismo, la discriminación contra las personas, basándose en su edad o en la percepción que son “mayores”. La Organización Mundial de la Salud, en un informe de 2021, concluía que el “edadismo conduce a una salud más pobre, al aislamiento social, a muertes tempranas y cuesta a las economías miles de millones de dólares”.

«Victoria Zunzunegui, por su parte, coincidía en que se cometió una “vulneración de los derechos fundamentales” al discriminar a los pacientes por edad. Y aboga también por la creación de una Comisión Nacional de Investigación. En su calidad de epidemióloga, constata que en Madrid, en los primeros 12 meses, hubo un exceso de mortalidad del 53% en las residencias de mayores. Eso la motivó para investigar y poner la ciencia al servicio del colectivo «Verdad y Justicia» que exige, entre otros, que “los Juzgados indaguen en las centenares de querellas interpuestas”. Y da una serie de datos: 1 de cada 5 mayores falleció en Madrid en los dos primeros meses. Apunta tres factores que influyeron en la mortalidad: Titularidad de las residencias. En Madrid, hay 475 residencias de mayores. Casi la mitad son de titularidad y de gestión privada. Allí la mortalidad fue del 14%. 25 son de titularidad y de gestión pública. La mortalidad fue del 7%. 18 son de titularidad pública y de gestión privada. La mortalidad fue del 21% Y el resto (aproximadamente 194) son concertadas por la Comunidad de Madrid con empresas privadas a las que abona 53 euros/paciente/día. Con estos euros, la empresa gestora tiene que pagar sueldos, mantenimiento, restauración, etc. y sacar beneficio. En este caso, la mortalidad fue del 21%. Es decir que la colaboración público-privada fue letal«.

«Tamaño de las residencias: En Madrid, la mitad de las residencias tiene más de 100 plazas y muchas tienen más de 500 plazas. La mortalidad en las residencias madrileñas de menos de 50 plazas, fue del 10%. En las de entre 50 y 99, fue del 15%, en las de entre 100 y 199, fue del 21% y en las de más de 200 fue del 18%. Gestión de las residencias y criterios de triaje (clasificación de pacientes): en las residencias de mayores de la Comunidad de Madrid, durante la pandemia Covid, el triaje se basó en criterios de discapacidad y deterioro cognitivo. Y a partir del 9 de marzo, empezaron a disminuir los traslados a hospitales desde las residencias, a pesar de que no se llevó a cabo la medicalización de las residencias para hacer frente a la mortalidad que afectaba sobre todo –y se sabía– a los mayores de 80 años. No hay datos oficiales de la Comunidad de Madrid sobre la mortalidad en hospitales, pero un informe del Hospital Ramón y Cajal sobre los dos primeros meses de pandemia señala que el 28% de los ingresados desde residencias de mayores murió, frente al 41% de los que se quedaron en sus residencias. Mientras, en Aragón, estas cifras son respectivamente del 53% en hospitales y 18% en residencias; y en Guipúzcoa del 67% y 17%. Es decir, que allí se derivaron los casos más graves desde las residencias de mayores a hospitales. Los datos hablan«.