Si en los campos de fútbol de España se insulta a los árbitros, ahora esta desdichada actitud, en lugar de evitarse o perseguirse, se traslada a los juzgados. “El multimillonario Ernesto Colman ha recurrido la decisión de la juez de Majadahonda, María Isabel Serrano, de enviarlo a prisión de forma incondicional. En su recurso, el dueño de Vitaldent argumenta que esta misma magistrada que lo encarceló archivó un mes antes la investigación al no apreciar indicios de delitos. «Repugna a la lógica el cambio de criterio”. Así describe la periodista Angela Martialay (Voz Populi) la reacción que ha tenido desde la cárcel el propietario de la cadena de franquicias dentales Vitaldent. La destinataria de su agria respuesta ha sido la titular del Juzgado de Instrucción Número 2 de Majadahonda, María Isabel Serrano, que lo mandó a prisión en el marco de la «operación Topolino».
El recurso ante la Audiencia de Madrid solicita que se revoque la prisión incondicional dictada el pasado 17 de febrero porque la misma juez que encarceló por siete delitos -delitos contra la Hacienda Pública, delito continuado de blanqueo de capitales, un delito de falsedad en documento oficial y mercantil, un delito de estafa y/ apropiación indebida, un delito contable y un delito de organización criminal- a la cúpula de Vitaldent al entender que defraudaban más de 17 millones al año a Hacienda, archivó un mes antes el caso. Éste es el principal argumento que utiliza ahora la defensa del millonario uruguayo en su recurso de apelación presentado dos días después de su entrada en prisión.
Ernesto Colman no acepta la decisión judicial.
Colman critica duramente el cambio de criterio de la instructora: «repugna a la lógica que en el mes de enero pueda afirmarse ‘A’ y en febrero se afirme ‘no A’. “No entiende esta parte cómo puede afirmarse ahora la existencia de indicios de delito contra la Hacienda Pública, estafa, falsedad o blanqueo de capitales cuando hace menos de un mes -el 25 de enero de 2016- se acordó el archivo y sobreseimiento de las actuaciones por no apreciarse indicios delictivos en los hechos», recalca el abogado de Colman. En un auto dictado el pasado 25 de enero la instructora de la operación Topolino archivó la investigación al entender que no concurrían «indicios suficientes» que permitiesen «justificar» la continuación de las diligencias. La magistrada adoptó esta decisión tras recibir un informe de la Agencia Tributaria donde se aseguraba que no se podía cuantificar el delito contra la Hacienda Pública cometido por el empresario uruguayo y tras analizar los ‘pinchazos’ telefónicos realizados a los cabecillas de la trama corrupta. La Fiscalía Anticorrupción recurrió esta decisión y la propia juez en reforma reabrió el caso.
Sobre este cambio de criterio, la defensa de Ernesto Colman sostiene que «repugna a la lógica que en el mes de enero pueda afirmarse ‘A’ (de las conversaciones telefónicas no se revelan indicios relevantes de criminalidad) y en febrero se afirme ‘no A’ (las conversaciones telefónicas arrojan indicos suficientes), habiendo transcurrido menos de un mes entre ambos pronunciamientos y sin que se haya recogido un solo argumento que intente justificar tal contradicción. Si los hechos fueron sobreseídos hace un mes por no existir indicios de delitos suficientes para continuar la investigación, y si la continuación de la instrucción tras la estimación de la reforma planteada por el Ministerio Público se ha basado en un delito fiscal correspondiente al ejercicio de 2013, es indudable que la gravedad de ese delito resulta manifiestamente insuficiente para justificar, por sí sola y sin mayor atención a circunstancias personales, la imposición de una medida que tan intensamente afecta a derechos fundamentales del ciudadano», en referencia a la prisión incondicional. Además, en el recurso, al que ha tenido acceso Vozpópuli, el abogado del dueño de Vitaldent añade que «resulta desproporcionada» la prisión sin fianza decretada por la instructora porque ésta tan sólo se sustenta «en un informe preliminar de la AEAT y con base en un solo delito contra la Hacienda Pública».
Por otro lado, el letrado de Ernesto Colman argumenta que el riesgo de destrucción de pruebas es «inexistente» después de la «amplísima diligencia de entrada y registro practicada en todos los domicilios, personales y profesionales y el acopio de gran cantidad de documentación». Sobre el rieso de fuga, el empresario uruguayo argumenta que fue padre de su quinto hijo hace escasas semanas «factor que -como resultaría comprensible a cualquiera- atenuaría sensiblemente ese hipotético afán de evadir la justicia con la salida del país. Unido a ello que, desde el punto de vista objetivo ese riesgo de fuga resulta prácticamente imposible, pues las cuentas bancarias del sr. Colman han sido bloqueadas».
Ernesto Colman, en un coche policial
El empresario uruguayo niega que haya riesgo de fuga y de destrucción de pruebas después de la «amplísima diligencia de entrada y registro» practicada en todos sus domicilios. En el auto donde la magistrada María Isabel Serrano envió el pasado mes de febrero a prisión a los cuatro principales implicados en la red de fraude de la cadena de clínicas Vitaldent, entre ellos el propio Colman, se destacaba que «de la investigación llevada a cabo por este juzgado se desprende indicios bastantes de la existencia de un grupo de personas que de manera organizada como propietarios y/o responsables de las clínicas Vitaldent, y a través del sistema de franquicias que operan con centenares de clínicas repartidas por toda España, habrían diseñado y estarían participando en un complejo sistema defraudatorio hacia franquiciados, clientes y pacientes y la propia Hacienda Estatal, generando de este modo cantidades ingentes de dinero opaco a la Administración Pública, cuyo destino final trataría de desvincularse de su origen mediante operaciones ficticias y la utilización e interposición de numerosas entidades instrumentales radicadas en Suiza, Luxemburgo, España u Holanda«.
