JULIA BACHILLER. “El juzgado de lo contencioso administrativo dictó la sentencia 109/2020 desestimando el recurso de Assignia y al recurrirse en apelación por este ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el pasado mes de mayo se dictó sentencia a favor del demandante y el Ayuntamiento tendrá que abonar los trabajos realizados”. Con estas palabras, pronunciadas durante el último pleno celebrado en Majadahonda el 30 de septiembre (2021), la concejal de Urbanismo, Vanesa Bravo (PP), cifraba en 870.134 € el importe correspondiente a la condena económica impuesta al consistorio, para finalizar reconociendo que “ante una sentencia firme, el Ayuntamiento solo puede acatar, respetar y cumplir”. Su socio de gobierno de Vox, para eludir responsabilidades, tomó la palabra por medio de su portavoz, José Rodríguez, y haciendo referencia la fecha del procedimiento, añadió: “En el año 2004 era alcalde Guillermo Ortega, alcalde del PP sentenciado a 38 años de prisión y multas de casi 10 millones de euros”. Y tras la aclaración concluyó: “Desgraciadamente esta sentencia la tenemos que cumplir los majariegos”, para finalizar afirmando: “En ningún caso nos hacemos responsables desde el partido Vox de esa mala gestión y de tener que pagar ese importe”.

Los concejales de la oposición fueron los encargados de desvelar el motivo de la demanda, aportando así información a lo sucedido. Fernando Fuertes (Cs) aclaró que se trataba de un “procedimiento que se inició en el año 2013 por la causa de un contrato fechado en 2004”. Y de manera irónica añadió: “en esa fecha este Ayuntamiento era tristemente famoso”. Seguidamente formuló sus quejas a la administración de justicia por la demora en la tramitación del expediente. Según aclaró el concejal de Cs, esta “sentencia que en primera instancia dio la razón al Ayuntamiento de Majadahonda, ha sido revocada en el Tribunal Superior de Justicia”. Y finalizó formulando una cuestión que no le fue contestada por el PP: “¿se ha valorado recurrir en casación?”. En su consideración, esto podría posibilitar minimizar el importe de la cuantía a pagar.

El portavoz socialista, Manuel Fort, fue más claro, contundente y didáctico con la sentencia. Según desveló, se debía a un «error cometido en la adjudicación de un contrato”, que se remontaba «a más de 10 años por un importe de más de 19,5 millones de euros”. Los motivos se refieren «a una adjudicación de 2004, yo estaba en ese momento en la corporación, se adjudicó a una empresa cuyo dueño era Alfonso García Pozuelo, quien admitió en el juicio de la Gürtel pagos a cambio de contratos en Boadilla, Arganda y Pozuelo”. Fort aseguró que esta acusación “está en la sentencia”, y prosiguió: “hubo donaciones a Correa y a la caja “B” del PP, admitido por el propio dueño, lo puedo decir alto y claro”. A continuación aseguró que las objeciones puestas por el PSOE en su momento no fueron consideradas, algo que en su opinión se puede verificar en las actas municipales de los plenos de aquella época.  “Había una clara y manifiesta intención de que este contrato se adjudicara al que se le adjudicó”, afirmó el concejal socialista, para seguidamente hacer referencia a que “en los pliegos había falta de definición de los trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo, lo advertimos reiteradamente, así como falta de definición de los precios de los trabajos para los que no aparecían en oferta, falta de concreción en las obligaciones, que suponía aquello de «atención permanente», falta de definición del modelo de  seguimiento por parte de los servicios técnicos… Todo eso está en las comisiones”. Y continuó: “En la adjudicación se produjo una baja casi temeraria que hacia presuponer lo que fue, un «inflado» posterior de los precios y otros favores complementarios, como la utilización de unos terrenos públicos como base de la empresa”. Por último, finalizó reclamando y asumiendo responsabilidades: “No cabe duda que los técnicos municipales tuvieron bastante responsabilidad en esto, pero también los políticos, entre los que me incluyo”. Y a modo de moraleja de lo sucedido añadió: “Falló la adjudicación de los pliegos y en su elaboración, fallamos los políticos al no denunciar esos pliegos y espero que aprendamos con estas cosas”.