MANU RAMOS. «El Defensor del Pueblo considera injustificados los argumentos aportados por los ayuntamientos de más de 50.000 habitantes que aún no han implantado las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) y que deberían haber entrado en funcionamiento el 1 de enero de 2023, tal y como establece la Ley 7/2021 de Cambio Climático y Transición Energética. La institución ha enviado 11 recomendaciones a 33 ayuntamientos e insta a todos aquellos municipios obligados a establecer las ZBE, cuyo objetivo es reducir las emisiones de CO₂ causantes del cambio climático y las emisiones de gases contaminantes perjudiciales para la salud, a hacerlo cuanto antes y a evitar más retrasos y dilaciones.» Así comienza la nota de prensa emitida este mes de diciembre (2024) por el Defensor del Pueblo, que ha solicitado información a 18 municipios que en noviembre de 2023 aún no habían iniciado la tramitación de la ZBE: Aranjuez, Arganda del Rey, Arona, Barakaldo, Calviá, Cerdanyola del Vallés, Coslada, Ferrol, Granadilla de Abona, Mijas, Motril, Orihuela, Puerto de Santa María, San Cristóbal de La Laguna, Sanlúcar de Barrameda, Telde, Tres Cantos y Valdemoro. Asimismo, se dirigió a 7 municipios que habían comenzado la tramitación de la ZBE pero que su implementación iba con retraso: Alicante, Bilbao, Córdoba Málaga, Murcia, Palma de Mallorca y Las Palmas de Gran Canaria. La institución también requirió explicaciones a 8 municipios en los que se había ralentizado o suspendido la implantación de ZBE: Badalona, Castellón, Elche, Gijón, Lorca, Majadahonda (Madrid), Valencia y Valladolid.

LAS RAZONES DEL RETRASO: «El Defensor del Pueblo ha recibido los informes solicitados de todos los ayuntamientos con los que se iniciaron actuaciones en noviembre de 2023, salvo los de Arona, El Puerto de Santa María y Murcia, a pesar de estar obligados por Ley a responder los requerimientos de la institución como Alto Comisionado de las Cortes Generales. Las razones aportadas para justificar el retraso en la implantación de las ZBE son muy variadas. En síntesis, los municipios alegan la falta de plazo suficiente para la aprobación de la ZBE, la complejidad técnica de su instalación, la asistencia de personal especializado para acometerla, o la falta de recursos financieros suficientes para llevarla a cabo. Asimismo, algunos ayuntamientos argumentan que han apostado por la conveniencia de emprender otras actuaciones en materia de movilidad o contaminación, o han alegado el bajo nivel de contaminación existente en su municipio o la especial geografía urbana de la población», señala la nota.

RÉPLICA DEL DEFENSOR DEL PUEBLO: «Ninguno de los argumentos ofrecidos en sus respuestas por los ayuntamientos consultados justifica el retraso en el establecimiento de las ZBE, que resulta obligado de acuerdo con la Ley 7/2021, de Cambio Climático y Transición Energética, y para cuya implantación algunos ya han recibido ayuda económica. Hay que considerar que el objetivo de las ZBE no es solo combatir la contaminación sino mitigar el cambio climático, y la exigencia legal no permite sustituirlas por otras medidas que persiguen el mismo fin. Las especiales características geográficas o urbanas de las ciudades por estar cruzadas por una autovía o tener núcleos de población muy diferenciados y distanciados entre sí, tampoco justifican el retraso de la ZBE, en tanto la regulación permite el establecimiento de una o varias zonas. Para elaborar sus recomendaciones, el Defensor ha tenido en cuenta la información obtenida de los municipios con los que se iniciaron actuaciones, la normativa legal aplicable y las sentencias judiciales sobre la materia».

RECOMENDACIONES DEL DEFENSOR DEL PUEBLO: «Que los ayuntamientos que no hayan siquiera iniciado los trámites para aprobar y poner en funcionamiento la ZBE los inicien cuanto antes. Que los ayuntamientos que se encuentran todavía tramitando la ZBE aborden de manera decidida los trámites restantes para su aprobación, sin más dilaciones ni retrasos, y la pongan en funcionamiento a la mayor brevedad. Que la ZBE que se apruebe cumpla con los requerimientos procedimentales exigidos y que venga precedida de los estudios necesarios para evaluar su impacto ambiental, presupuestario, económico, social, de género, y de discapacidad, sin que el cumplimiento de tales trámites o la elaboración de dichos informes pueda servir para alargar de manera indeterminada o excesiva la implantación de tales ZBE. Que la ZBE que se apruebe delimite un área de carácter continuo y permanente, que resulte adecuada y suficiente para el cumplimiento de sus objetivos y proporcional a ellos, e incluya una parte significativa de la población, de la superficie del municipio y del tráfico de vehículos a motor dentro del mismo, sin que sus peculiaridades geográficas o urbanísticas puedan servir para eludir tales exigencias o justificar la falta de aprobación de la zona».

«QUE LA ZBE QUE SE APRUEBE INCORPORE, ENTRE SUS MEDIDAS, RESTRICCIONES A LA ENTRADA, CIRCULACIÓN Y ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS, en función de su distintivo ambiental, sin que puedan establecerse excepciones a las mismas distintas a los supuestos fijados de acuerdo con las directrices publicadas por el Ministerio para la Transición Energética y el Reto Demográfico para el establecimiento de tales zonas. Y sin que la aprobación de medidas de mejora de la movilidad alternativas a dichas restricciones pueda servir para sustituirlas. Que la ZBE que se apruebe defina los objetivos en materia de calidad del aire, cambio climático, impulso del cambio modal y eficiencia energética en el uso de los medios de transporte, y calidad acústica, de manera cuantificable, garantizando su coherencia e integración con otros instrumentos de planificación ambiental en los sectores referidos, y que comporten una mejora respecto de la situación de partida. Que la ZBE que se apruebe incluya un sistema de monitorización, que cuente con los mecanismos de medición precisos, tanto para el seguimiento periódico de sus objetivos como para su seguimiento continuo, y que permita la publicidad de los resultados, con el fin de evaluar su cumplimiento».

«QUE LA ZBE QUE SE APRUEBE CONTEMPLE «ZONAS DE ESPECIAL SENSIBILIDAD», destinadas a proteger a los sectores más vulnerables de la población de los impactos sobre la salud derivados de la circulación de vehículos motorizados por sus inmediaciones, con requisitos y medidas de reducción de emisiones más exigentes que los que se establezcan en la zona principal. Que aquellos ayuntamientos que ya cuenten con una ZBE en funcionamiento modifiquen la misma en caso de no ajustarse a las anteriores recomendaciones. Que aquellos ayuntamientos que ya cuenten con una ZBE en funcionamiento ejerzan de manera efectiva la monitorización continua y periódica del cumplimiento de sus objetivos, con el fin de evaluar la eficacia de las medidas adoptadas y establecer nuevas medidas en caso de no cumplirse. Que todos los ayuntamientos obligados, una vez establecida la ZBE en su territorio, se abstengan de adoptar cualquier medida que suponga una regresión de la zona ya existente, y que, en el caso de que dicha adopción resulte inevitable por concurrir razones de interés público superior, lo haga contando con el informe previo del órgano autonómico competente en materia de protección del medio ambiente», finaliza el comunicado.

PLATAFORMA DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA (Comunicado). «El Defensor del Pueblo D. Ángel Gabilondo ha publicado un informe hace unos días en el que reprocha a varios ayuntamientos de más de 50.000 habitantes, entre ellos al Ayuntamiento de Majadahonda, el que todavía no hayan implantado en sus municipios las zonas de bajas emisiones (ZBE). La Ley de Cambio Climático y Transición Energética establecía como fecha tope para hacerlo el 1 de enero de 2023 y solamente han cumplido con la ley poco más de una veintena de las 151 ciudades que tienen más de 50.000 habitantes. El Defensor del Pueblo considera que son “injustificados” los argumentos que aducen los ayuntamientos implicados para el incumplimiento de la Ley y les insta a aplicarla lo más rápidamente posible con el objetivo de frenar el cambio climático y proteger la salud de los ciudadanos. El Ayuntamiento de Majadahonda ha presentado recientemente una Ordenanza Municipal para instaurar zonas de bajas emisiones (ZBE), pero apenas cumple con los objetivos del Real Decreto 10/2022 que regula dichas zonas: mejorar la calidad del aire, luchar contra el cambio climático, mejorar también la salud de la ciudadanía fomentando la movilidad activa, disminuir el ruido del medio ambiente, mejorar la seguridad vial.

«SEGÚN LA CITADA ORDENANZA, EL PLAZO PARA CULMINAR LA IMPLANTACIÓN DE ZONAS DE BAJAS EMISIONES EN NUESTRA CIUDAD SE EXTENDERÍA HASTA EL AÑO 2028, TARDANZA INASUMIBLE sobre todo si tenemos en cuenta que el Ayuntamiento lo debería haber hecho antes del 1 de enero de 2023. Y por otra parte, son tan escasas las restricciones a los vehículos de todo tipo que según la Ordenanza podrán circular por esas zonas que resulta imposible alcanzar de esa manera los objetivos que marca la ley. La Plataforma ha presentado dos alegaciones a dicha ordenanza. Una para ampliar el perímetro de las zonas ZBE de modo que se disminuya la contaminación y el tráfico en una zona más amplia del casco urbano. Por otra parte propone que a las zonas de bajas emisiones deben añadirse también zonas de especial sensibilidad (ZES), destinadas según el Real Decreto antes aludido a proteger a los sectores más vulnerables de la población con medidas más exigentes y que se establecerán en los entornos escolares, sanitarios, hospitalarios y residencias de ancianos. De hecho, en la zona de bajas emisiones propuesta por el Ayuntamiento no hay ninguna escuela infantil, ningún colegio, ningún centro de salud, ningún hospital, ninguna residencia ni ningún centro de mayores, con lo que quedaría desprotegida precisamente la población más vulnerable».

«HACE VARIOS AÑOS QUE DESDE LA PLATAFORMA VENIMOS RECLAMANDO A NUESTRO AYUNTAMIENTO unos entornos escolares seguros y saludables, una reivindicación que comparte plenamente la comunidad educativa, que día tras día presencia atascos y aglomeraciones de coches junto a los colegios, con el riesgo de que se produzcan accidentes y con la contaminación atmosférica y acústica que se produce alrededor de los mismos. En el año 2023 ya recurrimos al Defensor del Pueblo ante la inacción del Ayuntamiento. En este momento saludamos con satisfacción su intervención que viene a ser una llamada de atención al Ayuntamiento, entre otros, por su injustificable demora en el cumplimiento de la ley y una exigencia para que se establezcan en el menor tiempo posible zonas de bajas emisiones (ZBE) y zonas de especial sensibilidad (ZES) en nuestro municipio».