AGENCIA EFE. El juez Manuel García Castellón toma de nuevo declaración este martes 7 de julio (2020) al arrepentido del «caso Púnica», David Marjaliza, tras haber aportado recientemente documentación contable que demostraría el pago de comisiones a políticos del PP, PSOE o IU a cambio de adjudicaciones en municipios madrileños. Los últimos datos aportados al juez hacen referencia a pagos en negro a diferentes formaciones políticas: 970.290 euros para el PSOE, siendo el diputado Rafael Simancas su secretario general; 105.489 euros para el PP y 15.025 euros para IU, según adelantaron El Mundo y Niusdiario. El jueves 9 de julio comparecerán como testigos acusados de la trama Gürtel, Isabel Jordán, ex administradora de empresas de Francisco Correa, y el ex alcalde de Majadahonda, Guillermo Ortega «Willy» (PP), que, al igual que Jordán, cumple condena por Gürtel Época I. Ortega ha sido llamado para corroborar esas afirmaciones sobre la recaudación de fondos por parte de alcaldes del partido para supuestamente financiar campañas electorales.

LAS GRABACIONES DEL CONCEJAL DE MAJADAHONDA, PEPE PEÑAS (PP), VALIDAS. Otro de los peritos que ha comparecido este lunes ante el tribunal ha manifestado que las grabaciones aportadas por el ex concejal del PP en Majadahonda (Madrid) que destapó esta trama, José Luis Peñas, realizadas en reuniones que tuvo con Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez, entre otros, «no se observan alteraciones posteriores al proceso de grabación». Las grabaciones realizadas por el ex concejal del PP de Majadahonda (Madrid) José Luis Peñas, cuya denuncia destapó el caso Gürtel, son relativas a una reunión en la que éste participó con Correa, Crespo y otras personas relacionadas con las empresas de la trama. Ha explicado que en la misma hablaron del viaje de Álvaro Pérez «El Bigotes» a Roma para asistir en el Vaticano el 24 de marzo de 2006 a la toma de posesión de Antonio Cañizares como cardenal, acto al que asistió el entonces presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps. En esa grabación «se menciona la visita de Álvaro Pérez con la intención de postularse como la persona que ejecutaría todos los eventos vinculados a la visita del Papa a Valencia en julio de 2006», ha recalcado un responsable policial. Ha relatado que «en otra conversación denominan a Pedro García Gimeno como «amigo íntimo», es decir, alguien cercano a ellos, del ámbito de su actuación en las administraciones con los responsables políticos».

El magistrado de la Audiencia Nacional ha puesto en marcha esta semana una nueva ronda de interrogatorios en el caso Púnica de cara al cierre de la instrucción de esta causa, cuyo plazo vence el próximo 27 de agosto tras su apertura en octubre de 2014. Este martes es el turno de Marjaliza, que tras mostrar su arrepentimiento por sus negocios con el ex consejero madrileño del PP Francisco Granados, ha declarado ya varias veces y aportado diversa documentación para tratar de acreditar sus acusaciones.

EL EX ALCALDE DE BOADILLA SE «ARREPIENTE» METROS ANTES DEL «CORREDOR JUDICIAL«. El ex alcalde de Boadilla, Arturo Rodríguez Panero (PP), está pendiente de ser juzgado por favorecer a la trama de Correa en ese municipio madrileño. La Fiscalía pidió al juez las declaraciones de los vinculados a Gürtel para poder apuntalar los indicios por los que fue imputada en Púnica la ex presidenta madrileña Esperanza Aguirre como responsable de la presunta financiación irregular del PP madrileño, en la que supuestamente habría tenido «un papel decisivo y esencial». A González Panero, conocido como «El Albondiguilla«, las fiscales pidieron citarle después de que el juez rechazara una denuncia que el ex alcalde interpuso relatando actuaciones del ex gerente del PP de Madrid Beltrán Gutiérrez, también investigado en esta causa, en el marco del plan Prisma sobre «la venta de parcelas municipales o el posible amaño de la adjudicación del contrato público para la construcción del metro ligero a Boadilla». La denuncia de «El Albondiguilla«, según la Fiscalía, aludía a una reunión de Granados con 20 alcaldes para que recaudasen fondos para el partido y la posible participación de Gutiérrez. Ese mismo mes, «el Albondiguilla» presentaba un escrito de 10 páginas en la Fiscalía Anticorrupción responsabilizando de la Púnica a Esperanza Aguirre, 6 años después de estallar la trama corrupta.

En el citado documento presentado en Anticorrupción, Panero afirmaba: «Por medio del presente escrito, vengo a realizar un reconocimiento de hechos, así como mostrar mi firme convicción a colaborar con la justicia». A continuación, incriminaba a Aguirre en la Púnica: «Primeramente, resaltar que el control de Esperanza Aguirre era absoluto, tanto en la Comunidad como en el partido, nadie hacía nada importante sin el beneplácito de ella». En esa época, según el escrito de Fiscalía, Granados era secretario general del PP de Madrid y la investigación «ha revelado el pago de gastos electorales de la campaña 2007 al margen de la cuenta electoral».

ISABEL JORDAN Y LA GERENTE DE ARPEGIO, EN EL BANQUILLO. Este jueves 9 de julio, el titular del Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha citado como testigo a propuesta de la Fiscalía Anticorrupción a la ex administradora de empresas de la trama Gürtel, Isabel Jordán. Creen las fiscales del caso que Isabel Jordán podría tener información que implicase a Aguirre por su vinculación a la empresa de Gürtel, Marketing Quality Management (MQM) entre 2006 y 2010 y por su posible conocimiento acerca de contratos de esta sociedad con el ente público Imade (Instituto Madrileño de Desarrollo). La ex presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha denunciado que las fiscales Anticorrupción de Púnica, Carmen García Cerdá y Teresa Gálvez, han «reclutando testigos» para incriminarla en esta trama corrupta. La instrucción de la causa debía haber finalizado el 6 de junio y se prolongó hasta el 27 de agosto tras la pandemia del covid-19. Este martes 7 de julio, también ha llamado a declarar al denominado cerebro de la trama Púnica, David Marjaliza, tras haber aportado nueva documentación contable que demostraría el pago de comisiones a políticos del PP, PSOE o IU a cambio de adjudicaciones en municipios madrileños, 6 años después de estallar el caso. También ha sido citada Carmen Plata Esteban, ex gerente de la Fundación Arpegio.

EL REPARTO DEL DINERO. El responsable de la operación llevada a cabo por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional. ha señalado que según se desprende de la agenda de Pablo Crespo, intervenida en la operación que desmanteló Gürtel, llevada a cabo en 2009, el beneficio que obtuvo la trama fue de 3 millones de euros, una vez descontados los coste reales de los proveedores que se encargaron del montaje. Ha añadido que además el documento especifica el reparto de este beneficio con siglas: El 30% para P. (Paco Correa), el 21% para p. (Pablo Crespo), 16,67% para A.P. (Álvaro Pérez), el 16,67% a «Peter» (Pedro García Gimeno) y el 9% a R. (Ramón Blanco). El testigo ha relatado que además Pablo Crespo anotó en su agenda reuniones para preparar las gestiones a realizar para hacerse con esta adjudicación con motivo de la visita del Papa. En concreto ha indicado que puso de manifiesto la posición ventajosa que tenía Álvaro Pérez por su relación con cargos públicos de la Comunidad Valenciana como los entonces vicepresidente de la misma, Víctor Campos, y secretario general del PP en la región, Ricardo Costa.

22 ACUSADOS DEL PP EN LA PIEZA DEL CASO. La Audiencia Nacional ha reanudado el juicio de los 22 acusados de esta pieza del caso, seguida por supuestas adjudicaciones irregulares al entramado liderado por Francisco Correa con motivo de la visita del papa Benedicto XVI a Valencia en julio de 2006 para participar en el V Encuentro Mundial de las Familias. Según la Fiscalía Anticorrupción tras asumir la Radiotelevisión Valenciana (RTVV) la señal de la retransmisión de la visita del Papa, el entramado de Gürtel consiguió que el ente público le adjudicara un montaje de pantallas y sonido en las calles de Valencia por «un precio desorbitado» de más de 7 millones de euros. La Fiscalía mantiene que el entonces director general de RTVV, el acusado Pedro García Gimeno, vulnerando las normas de contratación pública, llevó a cabo actuaciones para dicha adjudicación por la que se repartió más de 3 millones de euros con los miembros de la trama Francisco Correa, Pablo Crespo, Álvaro Pérez «El Bigotes», y el también acusado Ramón Blanco Balín, asesor del grupo.