ANDRÉS DELGADO. El Gobierno de España ha autorizado a partir del día de este miércoles 18 de marzo de 2020 a todos los Ayuntamientos, y ahí se incluyen Majadahonda, Pozuelo, Las Rozas, Boadilla y toda la Zona Oeste de Madrid, a emplear sus superávits del 2019 en gasto social. Eso supondría que cuando se produzca la liquidación del Presupuesto 2019, de existir superávit en las cuentas del Ayuntamiento de Majadahonda, el importe podría utilizarse por el pleno de la corporación en gasto social. Esta es, entre muchas otras, una de las numerosas medidas contenidas en el Real Decreto Ley de medidas urgentes y extraordinarias para frenar el impacto económico y social del coronavirus en nuestro país, que fue aprobado en el Consejo de Ministros y se publica en el B.O.E.

Señala el Gobierno, que las medidas que se ponen en marcha tienen como prioridad absoluta, en materia económica, proteger y dar soporte al tejido productivo y social para minimizar el impacto y lograr que, una vez finalizada la alarma sanitaria, se produzca lo antes posible un rebote en la actividad económica. El Gobierno de España reconoce que la pandemia del COVID-19 supondrá inevitablemente un impacto negativo en la economía española cuya cuantificación ahora mismo desconocemos. En estas circunstancias, para el Gobierno la prioridad consiste en minimizar el impacto social y facilitar que la actividad se recupere tan pronto como la situación sanitaria mejore, tratando de evitar la crisis del 2008-2009, que produjo entonces una salida masiva de trabajadores al desempleo y también un ajuste particularmente agudo para los trabajadores temporales y los autónomos. Estas medidas se unen a las que ya se decidieron el pasado 10 de marzo, cuando el Gobierno aprobó, entre otras, que la situación de las personas forzadas a permanecer en su domicilio por razones sanitarias pasa a tener la consideración de incapacidad temporal por accidente laboral. De igual manera, el pasado 12 de marzo se adoptaron otra serie de medidas urgentes de refuerzo del sistema sanitario, apoyo a familias y a empresas directamente afectadas, agilizando por parte de la Administración el procedimiento para la contratación de todo tipo de bienes y servicios que sean necesarios para hacer frente a la emergencia sanitaria en la que nos encontramos. Las medidas adoptadas ahora tienen como objetivo el de contribuir a evitar un impacto económico prolongado más allá de la crisis sanitaria, dando prioridad a la protección de las familias, autónomos y empresas más directamente afectadas. Hay medidas en el ámbito social, laboral, empresarial y de consumo. Son, entre otras las siguientes:

–Medidas de apoyo a trabajadores, familias y colectivos vulnerables mediante el establecimiento de un Fondo Social Extraordinario de 300 millones de euros, para hacer frente a las consecuencias sociales del COVID-19 y poder financiar las prestaciones básicas de los servicios sociales de las comunidades autónomas, diputaciones provinciales, o las corporaciones locales, que tengan por objeto exclusivamente hacer frente a situaciones extraordinarias derivadas del COVID-19.

–Destino del superávit de las entidades locales correspondiente a 2019 para financiar gastos de inversión incluidos en los «Servicios Sociales y promoción social», que son las ayudas económicas y todas las prestaciones de servicios gestionadas por los servicios sociales de atención primaria y atención a la dependencia, incluyendo aquellas que tengan por objeto exclusivamente hacer frente a situaciones extraordinarias derivadas del COVID-19. Las actividades recogidas como “Servicios Sociales y promoción social”, son las siguientes:

• Promoción de la igualdad de género.
• Promoción y reinserción social de marginados, así como para la gestión de los servicios sociales.
• Prestación de servicios a personas dependientes y de asistencia social, residencias de ancianos y otros de naturaleza análoga.
• También se incluirán las transferencias finalistas a entidades y familias que colaboren en la consecución de estos fines.

–AGUA: Garantía de suministro de agua y energía a consumidores vulnerables de forma que durante el mes siguiente a la entrada en vigor del real decreto-ley, los suministradores de energía eléctrica, gas natural y agua no podrán suspender el suministro a aquellos consumidores en los que concurra la condición de consumidor vulnerable, vulnerable severo o en riesgo de exclusión social.

–ELECTRICIDAD Y GAS: Para evitar que los beneficiarios del bono social eléctrico dejen de percibir los descuentos y beneficios previstos, en el caso de que agoten el plazo de vigencia de dos años previsto, se prorrogará de forma automática dicho plazo de vigencia hasta el 15 de septiembre de 2020. Se suspende la revisión para los siguientes tres bimestres de los precios máximos de venta al público, antes de impuestos, de los gases licuados del petróleo envasados, para evitar el alza de su precio.

TELETRABAJO E INTERNET Se establece el carácter preferente del trabajo a distancia (teletrabajo). Se establece el Derecho de adaptación del horario y reducción de jornada de aquellos trabajadores que tengan que cuidar a familiares para evitar el contagio del virus. Se garantizan por Real Decreto, el mantenimiento de los servicios de comunicaciones electrónicas y la conectividad de banda ancha.

HIPOTECAS Y AUTÓNOMOS. Moratoria de deuda hipotecaria para la adquisición de vivienda habitual para los deudores hipotecarios en situación de vulnerabilidad.  Prestación extraordinaria por cese de actividad para los autónomos afectados por declaración del estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Medidas de flexibilización de los mecanismos de ajuste temporal de actividad para evitar despidos (Expedientes de Regulación Temporal de Empleo).

OTRAS MEDIDAS. Interrupción del plazo para la devolución de productos durante vigencia del estado de alarma. Prórroga de la vigencia del documento nacional de identidad hasta el día 13 de marzo de 2021 de las personas mayores de edad titulares de un documento que caduque desde la fecha de declaración del estado de alarma. En definitiva, una batería de medidas numerosas para paliar el impacto que está teniendo y tendrá en nuestras vidas y en la economía española el coronavirus.