J. FEDERICO MTNEZ. Toda la prensa nacional se hace eco del informe de la Unidad de Delitos Económicos y Financieros (UDEF) de la Policía Nacional con destino al juez de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, José de la Mata, que instruía la causa conocida como «papeles de Bárcenas«. En este documento, luego incorporado a la «causa Kitchen», de espionaje al ex tesorero del PP Luis Bárcenas para tapar la corrupción aprovechándose de su acceso al Gobierno, se explica el modo de operar de esa caja B que manejaban los tesoreros del partido, que se convirtió en la causa de ingreso en prisión de Bárcenas. Al tiempo, otro auto judicial del magistrado de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, con fecha 2 de septiembre (2019), relativo al «caso Púnica» y denominado «Pieza de Investigación Nº 9 Financiación del Partido Popular», revela que varios comisionistas del PP que organizaban sus actos electorales actuaron sobre todo en Pozuelo de Alarcón, pero también en Majadahonda, Boadilla del Monte, Las Rozas, Villaviciosa de Odón y Collado-Villalba. El juez se basa en el «Informe Policial Nº 34/2017 relativo al análisis de diversos contratos adjudicados por el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón (Diligencias Policiales Nº 2017-5605-034) (01/03/2017)». El periodista Luis Miguel Montero (El Cierre Digital) precisa con todo lujo de detalles como se llevaban el dinero en los Ayuntamientos de Majadahonda y Boadilla del Monte, mientras que el auto del juez Castellón detalla los desfalcos en el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón. Estos son los informes:

EL DESFALCO EN EL AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA: «Debido a las investigaciones fueron llamados a declarar Guillermo Ortega Alonso, Luis Vicente Moro Díaz, Arturo González Panero y David Marjaliza como investigado. Pero también declararon empresarios como Alfonso García Pozuelo, dueño de la constructora Hispánica. Pero no solo los empresarios estaban al tanto de esas concesiones. El ex alcalde de Majadahonda, Guillermo Ortega Alonso, reconoció haber recibido una llamada del ex tesorero Álvaro Lapuerta, ya fallecido, «para interesarse por las sociedades Licuas SA y Coarsa SA en el sentido de indicarle que tenían que recibir adjudicaciones». Continúa el informe relacionando las donaciones con las contrataciones para añadir que «Licuas ha efectuado operaciones con el Ayuntamiento de Majadahonda por importe de 18.607.874,31 euros y Coarsa ha efectuado operaciones con el Ayuntamiento de Majadahonda por importe de 2.452.028,20 euros». Además, Licuas fue adjudicataria de al menos 18 contratos más mientras Ortega Alonso fue alcalde. «Coarsa también resultó adjudicataria de varios contratos públicos por parte del Ayuntamiento o entidades dependientes del mismo«, añade el informe.

EL DESFALCO EN EL AYUNTAMIENTO DE BOADILLA. «Los documentos de la Udef también reflejaron el papel de Luis Vicente Moro Díaz, uno de los pocos no condenados por la causa Gürtel y en Arturo González Panero, ex alcalde de Boadilla del Monte, que declaró que «en enero de 2005 recibió una llamada telefónica de Luis Bárcenas para pedirle que adjudicara el contrato de mantenimiento de calles de Boadilla del Monte a la sociedad Constructora Hispánica», pero que se negó a hacerlo. «Con posterioridad y en el mismo contexto recibió otra llamada de Francisco Correa Sánchez quien le ofreció 604.012 euros. A continuación Luis Bárcenas se puso de nuevo en contacto con él preguntándole si le habían llamado, en referencia a la conversación con Francisco Correa».

«Los investigadores hablan después de la adjudicación de las obras de construcción de la Ciudad del Deporte y la Salud, en la que Bárcenas habría pedido que se otorgaran a la empresa Bruesa y Fernández «aduciendo que esta entidad estaba realizando las obras de la sede del PP de Bilbao y además pagaba los alquileres de la sede». Sin embargo, el concurso lo ganó también la Constructora Hispánica y sostiene el escrito de la Udef que «la comisión abonada en pago de esta adjudicación por valor de 1.050.000 euros fue repartida entre los partícipes en la operación. Por parte de la organización Francisco Correa y Pablo Crespo Sabarís y por parte del Ayuntamiento de Boadilla del Monte Alfonso Bosch Tejedor, Tomás Martín Morales y Arturo González Panero». Bárcenas se habría dirigido también a la sociedad Begar que «pertenece al grupo empresarial Begar de José Luis Ulibarri, integrado entre otras por las entidades Consell Cabinet, Seralia, Peñalba Servicios Inmobiliarios y Begar Construcciones y Contratas», según el informe de la Udef. Esta empresa resultó adjudicataria de una obra en Boadilla del Monte por importe de 35.028.000 euros sin IVA en el año 2005. En total, medio centenar de páginas destinadas a recoger con pelos y señales las prácticas de Bárcenas para recaudar fondos para el partido», concluye «El Cierre Digital».

Por su parte, el auto del juez Castellón, que ha hecho público «El Plural», revela las «cantidades percibidas por empresas controladas por Daniel H. Mercado», que está imputado en la causa pero está colaborando con la Justicia, y señala que la empresa «Barros Nava y Cia«, le pagó 25.036,72 euros tras construir el centro de salud Valle de la Oliva (Majadahonda) y organizar los citados actos electorales del PP. «La mercantil Back RVS fue la encargada de organizar entre el 10 de abril y el 27 de mayo de 2007 diversos actos de la campaña, como mítines y almuerzos en distintas localidades madrileñas, a los que acudía la aspirante a ser presidenta de la Comunidad de Madrid (CAM), Esperanza Aguirre, que tuvieron un coste global de 980.133, 97 euros. El siguiente cuadro del anexo 1 recoge los actos de campaña electoral realizados por la empresa Back RVS entre el 12 y el 22 de mayo del 2007:
13-may-07 Las Rozas Día Familia 381,00 / 60,96 / 441,96 euros
22-may-07 Majadahonda. C.C. (Centro Cultural) Carmen Conde Mitin presidenta 31.396,90 / 5.023,50 / 36.420,40 euros
22-may-07 Villaviciosa de Odón Almuerzo Presidenta 6.811,40/ 1.089,82 / 7.901,22 euros

Otro epígrafe del auto del juez relata los «Servicios electorales prestados por las empresas del investigado Ricardo Vázquez Segura. Respecto del investigado Ricardo Vázquez Segura, ya hemos adelantado que fue uno de los proveedores nucleares de la campaña electoral del 2011. Los actos que contrató el PP CM (Comunidad de Madrid) al investigado Ricardo Vázquez para la campaña a la presidencia de la CAM de Esperanza Aguirre fueron los siguientes: Sábado 30: Acto con familias en el municipio de Las Rozas.
Miércoles 4: Acto sectorial Educación en Pozuelo.
Viernes 6: Encuentro con afiliados en Boadilla.
Martes 10: Acto sectorial infraestructuras Majadahonda.
Martes 17: Encuentro con afiliados en Collado Villalba.
Martes 10: Paseo por el mercadillo de Majadahonda.
Martes 17: Encuentro con afiliados en Collado Villalba.

EL DESFALCO EN EL AYUNTAMIENTO DE POZUELO DE ALARCÓN. Más adelante añade que «el PP CM (Comunidad de Madrid) también desvió parte del dinero público de la subvención, que sirvió para aminorar la deuda que el PP CM (Comunidad de Madrid) seguía manteniendo con alguno de los proveedores de la campaña del año 2007. En esta campaña fue el investigado Ricardo Vázquez Segura, a través de la empresa Back RVS y otras empresas vinculadas como Digital Plane y Croma 21, el proveedor electoral que ocupó un papel más relevante, repitiendo con sus sociedades las actuaciones de la campaña anterior, dirigidas a esconder los verdaderos gastos por los servicios que le contrató el PP CM (Comunidad de Madrid), gratificando el PPCM su participación en los hechos con la adjudicación a sus empresas de numerosos contratos menores desde el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón».

«El investigado Ricardo Vázquez Segura cobraría parte de sus servicios electorales al PP CM (Comunidad de Madrid) durante las campañas electorales 2007, 2008 y 2011 y gratificada su colaboración, a través de la adjudicación de contratos públicos licitados entre los años 2007 al 2014 por el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón y por el ente público Patronato Municipal de la Cultura. También se beneficiarían de las adjudicaciones públicas del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, en fechas coincidentes o muy próximas a las adjudicaciones a la empresa BACK, las sociedades administradas por Antonio López Calzadilla, Croma 21 y Digital Plane SL, emisoras de la facturación falaz que instrumentalizó, en connivencia con el investigado Ricardo Vázquez, el desvió de los fondos de la CAM a través de la subvención a FUNDESCAM en el año 2007″, concluye el informe.

El apartado 8.2.1 sobre «Adjudicación de contratos menores de favor por el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón» afirma que «los responsables del PP CM (Comunidad de Madrid) concertarían con cargos públicosdel Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, la adjudicación de contratos menores a las mercantiles vinculadas a Antonio López Calzadilla y al investigado Ricardo Vázquez: Croma 21, Digital Plane y Back RVS, como forma de pagar sus servicios electorales. Así, durante el periodo comprendido entre 2006 y 2014 el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón adjudicó de manera directa a las mercantiles Back RVS, Croma 21 y Digital Plane, 120 contratos menores por importe de 753.360,48 euros, todos ellos relacionados con fiestas y eventos públicos. El plan contempló fraccionar los contratos con la finalidad de disminuir la cuantía de cada prestación hasta el importe del contrato menor, lo que les permitió eludir los requisitos de publicidad y restringir la libre competencia, eludiendo el procedimiento que tendría que haber sido aplicable«.

El análisis de los expedientes remitidos al Juzgado por el Ayuntamiento «ha permitido conocer que, en 39 contratos, cifrados en 370.370,90 euros, la fecha de facturación del servicio es anterior a la fecha de prestación del propio servicio. También han evidenciado que los servicios facturados por la sociedad Croma exceden del objeto social de la mercantil: “organización, promoción y gestión de todo tipo de actividades relacionadas con el deporte”. En los años 2006 y 2007 el órgano de contratación era el concejal de Cultura, el investigados Mario de Utrilla, quien también aparece investigado en la pieza nº 6 de las presentes Diligencias Previas, Pieza COFELY, por su participación en los amaños para la adjudicación desde el Ayuntamiento de Móstoles del contrato de eficiencia energética a la empresa COFELY. Dicho investigado firmó, en muchas de las facturas presentadas, la conformidad de un servicio que no había sido prestado. También sería el órgano proponente del servicio de cobertura. Durante los años 2008 a 2012, los concejales de Cultura serían África Sánchez Marín y Pablo Gil Alonso. El siguiente cuadro recoge, por anualidades, el importe total de los contratos menores que fueron adjudicados a las sociedades Back RVS Producciones Culturales, S.L., Digital Plane, S.L. y Croma Producciones Técnicas, S.L. por parte del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón:

Por último el apartado 8.2.2 denominado «Adjudicación de contratos menores por el Patronato Municipal de la Cultura. También desde esta entidad pública se adjudicarían entre los años 2006-2014 de forma directa contratos a las mercantiles Back RVS, Croma 21 y Digital Plane, por un importe global de 343.058,84 euros, que son objeto de investigación en la causa. El siguiente cuadro recoge por anualidades el importe total de los contratos menores que fueron adjudicados a las sociedades Back, Digital Plane y Croma Producciones Técnicas por parte del Patronato Municipal de Cultura. «También se beneficiarían de las adjudicaciones públicas del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, en fechas coincidentes o muy próximas a las adjudicaciones a la empresa Back, las sociedades administradas por Antonio López Calzadilla, Croma 21 y Digital Plane SL, emisoras de la facturación falaz que instrumentalizó, en connivencia con el investigado Ricardo Vázquez, el desvió de los fondos de la CAM a través de la subvención a FUNDESCAM en el año 2007″, concluye el informe [Pinchar aquí para descargar].